Doble velocidad

La primera decisión que adoptaron los responsables de las Cortes hace casi un año, tras formalizar ese enlace convenido entre PP y Cs, fue mejorar un 20% la asignación que reciben los grupos parlamentarios para gastos varios. Fue «una pequeña subida», en palabras de los promotores. Algo «lógico», a su entender, puesto que la situación económica era mucho mejor que la de 2015. Imprescindible para que «la actividad de los grupos parlamentarios se adecúe a las necesidades actuales de la sociedad», declaró un dirigente del PP el día que promovieron un aumento que implicaba el 10% de incremento para lo que restaba de 2019, con efecto inmediato; otro 8% para 2020 (efectivo desde enero); un 4% más en 2021, y otro 2% en 2022. Unos porcentajes que son utopía pura aplicados a un convenio colectivo y que se hicieron realidad en un periquete.

El PP lo planteó con el argumento de mejorar la situación de un grupo mixto en el que se encimaban cuatro partidos. Nada tuvo que ver que parte de esa asignación se distribuya por número de escaños y los populares hubieran perdido en mayo 13, pasando de 42 a 29. Puesto sobre la mesa ese planteamiento de 'auxilio' de los de Mañueco al grupo que integran Podemos, Vox, UPL y Por Ávila, desde Cs se entendió que si se mejoraba la situación de un grupo, el beneficio debía ser para todos. Votó en contra el PSOE, que al lograr 35 procuradores vivía la mejor situación económica de las últimas legislaturas, pero también disfruta del aumento.

La cuestión que se presenta desde abril es que el argumento de bonanza económica que sirvió para recrecer esa asignación a los grupos parlamentarios se alza ahora como imperativo moral para recortarla. Fuentes oficiales han avanzado que «se van a adecuar a la nueva situación», como tarde, a la vuelta de verano, de cara al próximo presupuesto. La doble velocidad aplicada a la toma de decisiones.

El dinero que las Cortes traspasan mensualmente a los grupos políticos sale de una partida de transferencias a «familias e instituciones sin fines de lucro», dotada con casi 5 millones de euros. El grueso se reparte entre la Fundación Villalar-Castilla y León –perdón, Castilla y León a secas desde el jueves–, que recibe 993.485 euros, y los grupos políticos. En las cuentas de estos recalarán este año 3.742.320 euros.

Completa esa distribución la Real Academia Española, Medalla de Oro de las Cortes y a cuyo sostenimiento contribuye el Parlamento autonómico con 1.000 euros anuales. Envío modesto desde una institución cuya herramienta básica, sobre el papel, es la oratoria y el uso de la palabra, hacia la entidad que se vela por limpiar, fijar y dar esplendor a una lengua tan plástica y modelable que hace posible bautizar como subvención «a familias e instituciones sin fines de lucro» una partida que gastan responsables políticos.

Con esa asignación pagan los grupos a su personal, gastos de funcionamiento y completan las dietas de los procuradores sin nómina parlamentaria y que compaginan esta actividad con la suya profesional. 54 de los 81 están en esa situación. Hay 22 parlamentarios con sueldo de las Cortes (podrían ser 25, pero el PP mantiene vacantes tres 'liberaciones') y cinco procuradores que son miembros de la Junta con sueldo de presidente o consejeros.

Estos últimos, por cierto, cobran dieta cada vez que van a una comisión o un pleno: 220 euros. Pese a su nómina institucional, son considerados como esos 54 para los que el sueldo de las Cortes es coto vedado. La Cámara ha pagado a Alfonso Fernández Mañueco, Francisco Igea, Carlos Fernández Carriedo y Juan Carlos Suárez-Quiñones 4.840 euros desde junio de 2019 hasta marzo por sentarse en el banco azul y 4.620 a Ángel Ibáñez. Un cobro cuestionable, de siempre, que no perciben el resto de consejeros haciendo exactamente lo mismo, salvo votar al final del pleno.