La denuncia, la mejor protección

Nacen de la unión de dos tipos de unidades incardinadas en las brigadas provinciales de Policía Judicial de la Jefatura Superior de Castilla y León: el Servicio de Atención a la Familia (SAM) y los Grupos de Menores (GRUME), que fueron creadas en 1986. Hoy investigan crímenes de violencia doméstica y de género, especialmente tipificados en la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de Diciembre de medidas de protección integral contra la Violencia de Género, y tienen dos divisiones enfocadas en la prevención y en la protección. Por un lado la división encargada de la investigación de posibles delitos y quebrantamientos de las medidas de protección y por otro, la encargada de las actuaciones policiales y el establecimiento de medidas para la seguridad integral de la víctima.

Posteriormente, son los juzgados los que, por medio de un juicio rápido en las siguientes 24 a 72 horas, en los Juzgados de la Mujer o de Instrucción -según la naturaleza del delito- se encargan de tomar medidas. Los magistrados podrán solicitar después la celebración de un juicio penal, impartir condenas y solicitar medidas de protección. Por ello, el papel de estas brigadas especializadas de policía es clave para la «protección de la mujer» -como insisten en mencionar desde su departamento de información.

El año pasado se recibieron -según fuentes del Consejo General del Poder Judicial- 5.239 denuncias registradas en Castilla y León en los juzgados de violencia de género, es decir, el 3,1% del total español, con 166.961 denuncias. Valladolid fue con diferencia la provincia castellana y leonesa con mayor número de denuncias con 1.360, seguida de León, con 1.002. Todas estas quedan después archivadas ya sea en los registros de la Policía o en el Sistema de Registro Administrativo de Apoyo a la Administración de Justicia (SIRAJ).

El año pasado se registraron dos homicidios por violencia machista en Castilla y León y dos en lo que va de este, contando los casos de Mónika -la mujer a la que asesinó su marido a cuchilladas en Salas de los Infantes- y el de la anciana asesinada por su marido en una residencia de la localidad berciana de Toreno. En el resto de España, la violencia de género se ha cobrado ya 35 vidas en lo que va de año -1.006 desde 2003- según datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e igualdad. Como ha manifestado la Policía Nacional, «el número de denuncias ha crecido exponencialmente en los últimos años».

Además, como indica la Policía de estas 5.239 denuncias, 4.993 se confirmaron como casos de violencia de género -de las cuales 1.074 se cometieron sobre mujeres extranjeras-. Esto quiere decir que aunque «algunos casos son finalmente sobreseídos», un 95% de ellos se confirman y son prácticamente inexistentes las denuncias falsas.

Por ello la Policía Nacional subraya la importancia de la denuncia para que las autoridades puedan tener información y así ofrecer la mejor protección a la víctima en este tipo de casos. Además, recuerda que se cuenta con teléfono de atención, el 016, y un correo electrónico, 016-online@mscbs.es, que puede ofrecer información y orientación a las víctimas.

Aunque la ley exime de la obligación de denunciar, es a partir de la denuncia cuando las unidades de la Policía pueden comenzar a investigar los supuestos delitos y decidir si procede o no la detención. Por ello, si se tiene algún indicio de que se estén produciendo abusos o agresiones de cualquier tipo es importante saber que «cualquier persona puede denunciar». Uno de los problemas que se encuentra la Policía es que este tipo de agresiones y abusos «suelen quedar en la esfera familiar» y muchas veces es difícil tener constancia de lo que sucede hasta que «ya es demasiado tarde».

Cuando la UFAM ha tenido conocimiento de un delito, ya sea mediante denuncia de la víctima, familiares, testigos, comparecencia policial o requerimientos judiciales (mediante partes médicos de atención a la víctima), se encarga de realizar todas las diligencias de investigación y tomar las medidas necesarias.

Las Unidades de Atención a la Familia y a la Mujer, además, cuentan con una formación especializada para enfrentarse a casos de suma peligrosidad, tanto para la víctima como para los agentes y otras terceras personas y asisten habitualmente a cursos de formación como los cursos centralizados que se imparten en Madrid y otros enfocados a capitales de provincia. En casos de violencia de género el protocolo, que fue reformado en 2018, insta a los agentes a «actuar de oficio» en la detención de supuestos agresores, por lo que la Policía hace uso de todos los recursos proporcionados por la ley, actuando siempre con «proporcionalidad, congruencia y oportunidad».

Las víctimas en este tipo de delitos cuentan además con asistencia psicológica y letrada gratuita, guiándoles, ofreciéndoles apoyo durante el duro proceso que estos suponen. Así manifiestan las fuentes de la Policía que insisten en la importancia de la investigación para la prevención de hechos «tan viles y deplorables» para el conjunto de la sociedad.

Mientras cada año crecen los números, se suceden la repulsa y las movilizaciones organizadas en defensa de la mujer. Se renuevan las unidades de policía y los protocolos de actuación pero cada caso de violencia de género, cada muerte, es un paso hacia atrás. Por ello, «para intentar evitar que ninguna mujer más muera a manos de sus esposos y parejas es necesario ser conscientes de la magnitud de este problema y brindar toda la colaboración posible para que las autoridades pertinentes puedan trabajar», insiste la Policía.