Cobrar una factura a la Junta requiere 19 días, frente a los 30 de hace un año

La Junta despidió noviembre con una deuda comercial de 191,6 millones de euros, de los que 108,3 millones corresponden al gasto sanitario, cuyas empresas suministradoras cobran en una media de 18,05 días, frente a los 27,3 con que terminó 2020.

Menor incluso es el retraso en el pago de las empresas entre sí, si tenemos en cuenta los plazos pactados entre ellas. Así, en el cuarto trimestre de 2021 el sector privado acordó un plazo medio de pago de 81,26 días, si bien se produjo un retraso añadido de 15,22 días. Este retraso fue en Castilla y León de 13,13 días.

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Según estos datos, proporcionados por Informa DB, casi la mitad de las microempresas pagan puntualmente (49,58%), aunque son también las que registran la mayor tasa de pagos a más de 120 días (4,38 %). Solo el 13,29% de las empresas grandes y el 43,74% de las pequeñas pagan puntualmente.

Entre las entidades locales, el periodo medio de pago osciló en el undécimo mes del año pasado entre los 29,9 días de la Diputación de Ávila y los 2,7 del Ayuntamiento de Burgos. Se situaron también por debajo de los 10 días el Ayuntamiento de León (9,4) y la Diputación leonesa (8,2), la Diputación de Palencia (8,7), el Ayuntamiento de Valladolid (8,6) y las entidades zamoranas, 9,1 el ayuntamiento y 7 la institución provincial. De acuerdo con la ley, el plazo máximo debe ser inferior a 30 días y a partir de 60 el Ministerio de Hacienda comienza a aplicar las medidas previstas en la normativa de estabilidad.

Los niveles de deuda comercial y el plazo medio de pago de las comunidades no se han visto afectados por la crisis sanitaria gracias al Fondo de Financiación de Comunidades Autónomas, que entre marzo de 2020 y junio de 2021 distribuyó 9.309 millones de euros en todo el territorio.

Hoy mismo, el Ministerio de Hacienda y Función Pública habilitó un mecanismo extraordinario para el pago a proveedores de las entidades locales en 2022, lo que permitirá cancelar las obligaciones pendientes de pago más antiguas de aquellas entidades que tengan un plazo de pago a proveedores superior a los 30 días.