Cinco sociedades de la trama 'Enredadera' tienen su sede en un bajo de Madrid

Cinco sociedades de la trama 'Enredadera' tienen su sede en un bajo de Madrid
José Ramón Ladra

En las mercantiles de Utebo, Anento Servicios de Gestión, Enantar, Arcor y Aralia Servicios Sociosanitarios se buscó datos de Ulibarri

Jorge Moreno
JORGE MORENOVALLADOLID

Los registros encargados esta semana por el juez de Instrucción número 2 de Badalona, Pablo Jesús Alonso, dentro de la operación Enredadera a miembros de la UDEF, tenían como objetivo doce sociedades mercantiles a las que se relaciona con la trama corrupta.

Entre ellas, los policías realizaron el registro en un bajo de la calle Ayala 95, en Madrid, donde operaban cinco de las sociedades investigadas, y en cuya sede los investigadores tenían orden de registrar los despachos profesionales de tres de los detenidos.

Se trata de las oficinas que, supuestamente, ocuparían o donde se reunían José Luis Ulibarri, uno de sus directivos, Miguel Manovel, y el empresario de Astorga, Ángel Luis García Martín, presidente este último de Utebo Servicios Gestión.

Con un capital desembolsado de 100.000 euros, esta empresa se constituyó en noviembre de 2016 en Madrid, y su objeto social es la gestión de cobros, asesoramiento tributario y otros débitos de entidades, tanto públicas como privadas.

Según el Registro, en Utebo además de su presidente figuran como consejeros José A, D. G. y Pedro A. S. P. que han estado vinculados hasta 2009 a la empresa constructora Begar, que presidía Ulibarri.

Precisamente, Pedro A. S. aparece en la segunda de las sociedades que comparten sede en la calle Ayala 95, Anento Servicios de Gestión S. L., que se constituyó un mes antes (octubre de 2016) y con idéntico capital social que la primera.

La actividad de Anento Servicios es la realización de obras, trabajos en materia de prevención, vigilancia y extinción de incendios, así como la planificación de proyectos en materia forestal y medioambiental.

Esta sociedad está también presidida por Ángel Luis García Martín, que se encuentra ingresado en la prisión catalana de Brians. Martín preside otra de las mercantiles que esta semana ha sido registrada (Agema, Ingeniería y Servicios). La Policía compareció al amanecer del martes 3 en su sede en la calle Orense 70 de Madrid, llevándose también documentación.

El objeto social de esta empresa, constituida en febrero de 2012 con un capital de apenas 3.010 euros, son servicios de mantenimiento de inmuebles, piscinas y zonas deportivas, así como la mediación. La mercantil Agema ha operado también a través de una sede en Mansilla de las Mulas (León).

Participación familiar

Pero quizás la empresa con mayor dimensión económica de las cinco registradas en el bajo de la sede de Ayala 95 es Enantar S. A., que se constituyó hace 23 años (1994) con un capital de 3,8 millones de euros. Sucesora de Peñalba Servicios Inmobiliarios, con domicilio también en Madrid, Enantar tiene como objeto el asesoramiento de cooperativas de viviendas, comunidades de vecinos, y mercantiles, así como personas físicas dedicadas a la actividad inmobiliaria. Con un capital de hasta 4 millones de euros que llegó a tener en 2005, esta empresa lo tuvo que reducir en 140.000 euros en 2014.

Según el Registro Mercantil de Madrid, en la sociedad figuran como administradora solidaria una hija de José Luis Ulibarri, y con un capital del 20% los otros dos vástagos. En Enantar han sido designados como apoderados personal que durante años ha estado vinculado al grupo Begar Construcciones y Contratas, como Juan C. D. A.

La quinta sociedad con sede en el bajo de Ayala 95 es Arcor, dedicada a todo tipo de obras y compra-venta de terrenos y solares.

Con los registros del martes 3 en las oficinas de estas cinco mercantiles que operaban en Madrid se busca confirmar los datos de conductas ilícitas, que los agentes han entresacado de las conversaciones telefónicas interceptadas desde que se abrieron estas diligencias por el juzgado de Badalona en el 2016.

Sello de Fesvial

Una de las hipotésis que los investigadores policiales barajan es que miembros de la trama habrían utilizado un sello de la Fundación Española para la Seguridad Vial (Fesvial), una entidad independiente.

Su objetivo sería sellar documentación que luego presentaban en ayuntamientos con la finalidad de obtener ventaja frente a otras empresas competidoras que también optaban a los concursos de movilidad urbana y equipos de control del tráfico (cámaras, semáforos, radares y aplicaciones para zona azul de aparcamiento).

Un fraude en el proceso de licitación con el que se buscaría mejorar la solvencia técnica, a través de los pliegos de las condiciones que se exigían.

Fesvial está presidida por el catedrático de la Universidad de Valencia, Luis Montoro, considerado un experto en seguridad vial. La entidad cuenta con un patronato compuesto por administraciones públicas, empresas, sindicatos y patronales, que contribuyen al proyecto de sensibilidad y mejora de la seguridad vial.

Como patronos honoríficos figuran el fiscal coordinador de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, y la presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor.

 

Fotos

Vídeos