Más de cien alegaciones cuestionan el anteproyecto de la Junta para las residencias de Castilla y León

«Habrá que plantearse si la asistencia sanitaria en las residencias tiene que ser privada o pública», dijo la consejera Isabel Blanco en su comparecencia de abril de 2020 ante las Cortes sobre la crisis de las residencias. Este sigue siendo hoy el nudo gordiano y el punto de desacuerdo que ya afloró en los grupos de trabajo: la gestión del personal sanitario en los centros. El temor ya expresado entonces por los partidos de la oposición y sindicatos como UGT a que la Junta intente imponer su modelo 'En mi casa' sin adaptar las muy ajustadas ratios de personal a la realidad sociosanitaria se palpa hoy en el más de un centenar de alegaciones presentadas al anteproyecto de ley por colegios profesionales, sindicatos, asociaciones, plataformas sociales y particulares.

El 30 de abril del año en curso, Familia abrió la participación para que los ciudadanos plantearan sus propuestas y alegaciones a la Ley reguladora del modelo de atención residencial para cuidados de larga duración en Castilla y León, coincidiendo con la publicación del borrador del anteproyecto en el Portal de Gobierno Abierto de la Junta. El plazo para presentarlas se cerró el pasado 19 de mayo y el día previo se habían registrado 109 alegaciones al documento.

Uno de los 'peros' recurrentes a este anteproyecto –resultado de diez meses de ponencias y debates entre los sesenta integrantes de los grupos de trabajo reunidos por la Consejería de junio a octubre para conseguir «el mayor consenso»–, es que, como en el denostado decreto anterior (el tercero desde 2016; otros dos fueron anulados por los tribunales al poco de su aplicación), no se garantiza que haya profesionales sanitarios en todas las residencias. No se blinda al personal enfermero ni se dignifica a los técnicos de cuidados de enfermería (antiguos auxiliares), un colectivo integrado mayoritariamente por mujeres sometido a un alto grado de precariedad laboral y escasa formación y que, en muchos casos, se ven desbordadas por la cantidad de personas que tienen que atender a diario. Ya antes de la pandemia hubo intentos de reducir la plantilla sanitaria en las residencias, por la presión de las empresas ante el elevado coste de contratar a personal necesario que atienda las necesidades de las personas mayores, que requieren un alto nivel de cuidados. En este sentido se pronuncia en sus alegaciones Satse, el Sindicato de Enfermería, que subraya que las personas que viven en residencias tienen reconocidos los grados II y III de dependencia y reivindica la necesidad de los puestos de enfermería y de fisioterapeutas.

«Se dan casos en que una sola enfermera atiende a 200 residentes». La secretaria general de este sindicato en Castilla y León, Mercedes Gago López, cree que el grupo de trabajo de la Junta «fue una cortina de humo para implantar el modelo que tenía diseñado de antemano» y que «solo quiere favorecer los intereses privados, en un momento en que hay numerosos fondos de inversión interesados en entrar en el negocio». El actual anteproyecto, advierte, elimina la obligatoriedad de contar con sanitarios en los centros privados, «lo que disminuirá la calidad asistencial». El colectivo reivindica que el personal enfermero es el único formado y con competencias legales para administrar medicación, realizar curas o cambiar sondajes. Tampoco el borrador, critican, hace mención expresa a las enfermeras especialistas en geriatría, «una figura que desaparece en esta ley». Pese a ello, advierte Satse, la cuota que se aplica a los usuarios no se baja, ni tampoco el precio por cada plaza concertada que debe pagar la Junta a las empresas que gestionan los centros, «que ven aumentar sus beneficios al no tener que contratar profesionales sanitarios».

La patronal del sector, liderada por Acalerte, prefiere guardar silencio sobre las propuestas realizadas en los grupos de trabajo que arrancaron el pasado junio, pero desde el principio ha hecho hincapié en la necesidad de que las administraciones incrementen la financiación. Al igual que hacen los empresarios, la nueva norma remarca el «carácter social» y no sanitario de estos centros, «públicos y privados», con la vista puesta en unos patrones demográficos que apuntan a que la cifra de potenciales usuarios se irá incrementando como consecuencia del envejecimiento de la población y la mayor esperanza de vida.

Desde la Consejería de Familia se matiza que, aunque se han recibido más de un centenar de alegaciones, «muchas de ellas se repiten» y a partir de ahora comenzará a valorarlas. Respecto de la apreciación de colectivos profesionales sobre que los precios de las residencias subirán, se indica que, en principio, es «una percepción y no hay constancia de que esa subida vaya a ocurrir». Se precisa, además, que las ratios no vienen establecidas en la ley, sino que «se negocian en el Consejo Territorial del que forman parte el Gobierno central y las comunidades autónomas y, en el caso de las 25 residencias de titularidad de la Junta, la ratio supera con mucho lo que establece el Consejo».

Los colegios profesionales del sector, Satse, la Plataforma Social de Valladolid o particulares como el expolítico vallisoletano Alfonso Sánchez de Castro, que ha tenido a sus padres en una residencia durante cinco años hasta su reciente fallecimiento, coinciden en que la experiencia de la pandemia demuestra que no se puede separar lo asistencial de lo sanitario en estos centros, porque los mayores que albergan tienen algún grado de dependencia y pluripatologías de salud. Indica el portavoz de la plataforma, Jorge Félix Alonso, que la Junta tendría que aprovechar para realizar una ley integral, no solo de regulación de los centros asistenciales, sino dirigida a garantizar la calidad asistencial a todos los mayores, también los que viven en sus domicilios, porque el anteproyecto «se olvida» de que «lo que la gente quiere es seguir en su casa el máximo de tiempo posible y hay que reforzar los servicios sociales en este sentido».

La segunda cuestión mayoritaria es que los centros tienen que estar permanentemente coordinados con el sistema de salud regional, en concreto, con atención primaria, porque los ancianos, como se ha constatado en la primera parte de la pandemia, han sido ciudadanos de segunda en lo que se refiere a su derecho a la salud. Así lo entiende Amnistía Internacional en sus recomendaciones, 'colgadas' en el portal de Gobierno Abierto.

La tercera queja más recurrente, además de las ratios de personal, es que no se detalla un plan de inspecciones y sanciones a las residencias que incumplan la normativa, así como la crítica a la falta de transparencia respecto de los resultados de las mismas. La Plataforma Social propone que sean periódicas y que no se avise a los centros de la fecha en la que se van a realizar.

Urge dar un vuelco a la atención residencial y la ley tiene que reflejar la nueva realidad impuesta por la pandemia, indican desde el sector, en una comunidad, la más envejecida de Europa, en la que viven 610.000 mayores de 65 años (el 25,6% de la población) y la que más octogenarios y nonagenarios tiene. Castilla y León cuenta con la mayor cobertura en plazas residenciales, el 7,84%, una ratio 3,5 puntos superior a la media nacional (4,33%), con casi 54.000 camas. Por detrás de Cataluña y Madrid, es la que que más personas tiene viviendo en este tipo de establecimientos.