Castilla y León vuelve a construir vivienda pública: así serán los pisos de alquiler joven

«No son comunas, son viviendas de 60 metros cuadrados con dos dormitorios, dos baños, salón comedor... ¿Qué es lo que van a compartir? La lavandería, por ejemplo. O parte de las azoteas, donde queremos hacer una zona más de expansión», explica María Pardo, directora general de Vivienda, Arquitectura, Ordenación del Territorio y Urbanismo en el equipo del consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones.

«Sabemos que los jóvenes afrontan una dificultad tremenda de acceso a la vivienda, que lo están haciendo en muchos casos a través del alquiler de habitaciones y queremos buscarles alternativas para que tengan un hogar por un precio un poco mayor que el que pueden pagar por una habitación. Eso permite iniciar un proyecto de vida y que cuando tengan una estabilidad mayor den el salto a otro tipo de vivienda», argumenta María Pardo.

El precio mensual de estos pisos estará en el entorno máximo de los 400 euros para cuando salgan a arrendamiento, que será a finales de 2026 o principio de 2027.

Los proyectos que están echando a rodar en Castilla y León contemplan viviendas de hasta 60 metros útiles con dos dormitorios, dos baños y terraza. Son promociones cuidadas en diseño estético y altamente eficientes energéticamente. «Hemos aprovechado la llegada de fondos europeos», resalta María Pardo.

Esos fondos Next Generation de la UE que llegan a Castilla yLeón por un convenio entre el Gobierno central y la Junta, y a los que la Administración autonómica suma un préstamo del Banco Europeo de Inversiones (BEI), están detrás de las nuevas promociones de viviendas de alquiler para jóvenes que la consejería repartirá por las nueve capitales de provincia, además de Ponferrada, Aranda de Duero y Miranda de Ebro. El montante total de los proyectos alcanza los 98,4 millones de euros, de los que la caja europea aporta casi la mitad.

De las 1.102 viviendas que suman las promociones en proyecto, Valladolid contará con 444. Se trata de la ciudad con más inscritos en el Registro de Demandantes de Vivienda de Castilla y León para lograr un piso de alquiler. Contará con cuatro promociones en la zona de los Viveros (ya en licitación), Parquesol, Huerta del Rey y Parque Alameda para las que el Ayuntamiento ha facilitado el suelo a la Junta en una cesión de uso por espacio de 50 años, a las que se sumará en la provincia otra en Medina del Campo, con 27 pisos. A los proyectos de Valladolid, se suman 40 viviendas en Ávila, 268 en Burgos, 38 en Aranda de Duero, 30 en Miranda de Ebro, 120 en león, 50 en Palencia, 100 en Segovia, 40 en Soria y 40 en Zamora. En Salamanca la construcción va de la mano de una sociedad municipal.

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio edificará las promociones a través de la empresa pública Somacyl, que será el organismo que gestionará después el alquiler de los pisos. «En estos momentos hay que dar prioridad a los jóvenes. Es ahora mismo lo más emergente y nos centramos ahí sin descuidar a otros colectivos que son vulnerables», remarca la directora general.

El Observatorio de la Emancipación en Castilla y León refleja que siguen viviendo con sus padres 85 de cada 10 jóvenes de 16 a 29 años, que los alquileres han subido un 4,3% en el último año y que una persona joven debería emplear de media el 61,7% de su salario a pagar un alquiler si quisiera vivir de forma independiente sin compartir piso.

La actualización de datos del Observatorio de Emancipación corre a cargo del Consejo de la Juventud de Castilla y León. Su presidenta, Sandra Ámez, lamentó en la reciente presentación de la última edición que la «notable» mejoría en la contratación registrada no había evitado hablar de «personas trabajadoras pobres». Observó un avance del empobrecimiento y mayor riesgo de exclusión social de los jóvenes en la comunidad que en el año anterior, situándose en el 25,8%, tras subir casi 7 puntos. La media nacional es peor. Llega al 33,5%.

La Ley del Derecho a la Vivienda de Castilla y León, aprobada en 2022, recoge una amplia enumeración de colectivos vulnerables respecto al acceso a un techo. Desde las familias, en especial las numerosas o monoparentales, a las personas dependientes, los mayores de 65 años, las víctimas de violencia de género, los deudores hipotecarios, los cónyuges de una separación que tienen que dejar la vivienda o los hogares en riesgo de exclusión por bajos ingresos o desempleo, además de personas que habites casas o pisos en ruina o con graves desperfecto y también los jóvenes de hasta 35 años. Siempre teniendo en cuenta el nivel de ingresos, no solo que encajen en el etiquetado social de los colectivos que recoge la ley.

Si en alguna de las promociones quedan viviendas sin alquilar porque los jóvenes que cumplen los requisitos cuando salgan a arrendamiento no demandan todas, esos pisos se abrirán a inquilinos de más de 35 años.

«Ahora, lo que tenemos que hacer es llegar a tiempo», destaca Pardo sobre los plazos de ejecución de las obras. Ese es el objetivo. La UE fija diciembre de 2026 como fecha tope y en la maquinaria de la Administración es un calendario muy ajustado. «No vamos mal, pero al final dependes también de empresas. Está habiendo interés. Esperamos que a las empresas adjudicatarias les cuadren los precios y se presenten y, sobre todo, que cumplamos los plazos», remarca María Pardo.

A las promociones que contratará directamente la Junta de Castilla y León a través de Somacyl se suman otros dos de carácter municipal, con cofinanciación autonómica, acordadas antes de las elecciones municipales del 28 de mayo pasado por los ayuntamientos de Valladolid y de Salamanca. VIVA, sociedad municipal de vivienda de la capital vallisoletana, construirá una promoción de 36 viviendas en una parcela de la antigua azucarera Santa Victoria, con una inversión de 10,6 millones de euros. El Consistorio charro hará lo propio con dos promociones que suman 103 viviendas.