La Junta alerta a Europa sobre los datos «erróneos» del Gobierno relativos al lobo
Suárez-Quiñones se ha reunido este jueves, con el comisario de Medio Ambiente, al que remitirá un informe sobre el aumento de población del cánido
El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, alertó ayer al comisario de Medio Ambiente de la Comisión Europea, Virginijus Sinkevičius, de que los datos que le ha remitido el Gobierno de España en relación a la situación del lobo son «erróneos». «La información más sorprendente es que el Gobierno ha traslado un informe donde dice, como conclusión, que entre 2013-2018 la población de lobo es desfavorable, es decir, que ha ido en caída», manifestó Suárez-Quiñones. «Nos hemos quedado sorprendidos por esa conclusión porque entendemos que es totalmente errónea».
El consejero insistió en que «solo hay que pisar el mundo rural y hablar con los ganaderos para saber que la población del lobo ha ido en incremento». Además, se refirió al aspecto técnico a través de los sistemas de conteo, «solo en Castilla y León se acercan a los 2.000 ejemplares cuando había 400 hace unos decenios».
El dirigente autonómico hizo esta exposición al comisario de manera telemática y habló también en nombre de sus homólogos de las comunidades de Asturias, Galicia y Cantabria. De manera concreta, se abordó la situación de la ganadería extensiva y cómo se está viendo afectada por la inclusión del lobo en el Lespre (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial), lo que hace que desde el pasado mes de septiembre este animal no se pueda cazar al norte del Duero, algo que ya sucedía al sur.
«Le hemos expuesto que ha sido un caso de éxito la gestión durante tantos años, decenios, de las comunidades donde hemos alcanzado un equilibrio extraordinario entre la ganadería extensiva, la coexistencia con el lobo y además, promoviendo una población favorable».
En este sentido, también hizo referencia en la videoconferencia a la «relevancia y el contraste» de los datos sobre los ataques de lobos a la ganadería, que en 2019 fueron, al norte del Duero –donde se concentra algo más del 80 % de la población y se controlaban los daños con la caza– 450 ataques comunicados, mientras que al sur del Duero, donde no es posible el control de daños con la caza, con algo menos del 20 % de la población de lobos, el número de ataques fue de 2.130. «Régimen del sur que ahora el Gobierno de España ha trasladado al norte», insistió.
De manera más concreta y como conclusión del encuentro, Juan Carlos Suárez-Quiñones anunció que va a remitir un informe al comisario de Medio Ambiente «con todos los datos de crecimiento de la población que puedan desdecir y que puedan compararse con el informe erróneo que le ha remitido el Gobierno de España».
Juan Carlos Suárez-Quiñones destacó también que la gestión del lobo ibérico que se desarrollaba estaba en consonancia con el marco legal establecido por la Directiva Hábitats de la Unión Europea y el Convenio de Berna, que reconocen la diversidad de situaciones de la especie en las diferentes regiones europeas no como un problema, sino como una oportunidad para una gestión adaptada a las singularidades locales.
En palabras del consejero, lo que ha hecho el Gobierno es «incrementar el conflicto y evitar que sigamos gestionando el lobo» por lo que sentenció: «El conflicto va a aumentar».
