Castilla y León defiende que el principio de 'quien contamina, paga' avala el impuesto a Garoña

El director de los Servicios Jurídicos de la Junta, Luis Miguel Gago, ha defendido las alegaciones presentadas por la comunidad contra el recurso de inconstitucionalidad impulsado por el Gobierno central sobre el impuesto autonómico por el depósito de residuos radiactivos de la central nuclear de Garoña.

Gago apunta que el Tribunal Constitucional ha reconocido en otras ocasiones que los tributos pueden atender al principio de 'quien contamina, paga', caso en el que, a su juicio, encajaría el de Garoña. El actual responsable de área jurídica de la Junta resalta el carácter «extrafiscal» del impuesto, al nacer con el objetivo de compensar a los residentes de la zona por las «cargas ambientales» que supone soportar el almacenamiento de ese material contaminante y no «pretender crear una nueva fuente de ingresos con fines estrictamente fiscales».

Este impuesto fue impulsado por el PP en la anterior legislatura cuando Nuclenor optó por cerrar la planta. Las Cortes lo aprobaron en octubre de 2018 y el PSOE ya advirtió entonces que suponía una «doble imposición», por existir un tributo estatal que grava los residuos nucleares aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012. En este punto coincidía también Cs. Durante la tramitación, tanto los Servicios Jurídicos de propia Junta como el Consejo Consultivo de Castilla y León alertaron a la Consejería de Economía y Hacienda, por escrito, sobre esta posible colisión legal.

El impuesto medioambiental salió adelante con el voto favorable del PP y la abstención de Podemos, UPL e IU. Castilla y León recauda 15 millones al año por ese tributo y la Administración autonómica debe reinvertirlo en la zona de Garoña.