Castilla y León acoge a 200 menores extranjeros no acompañados, la mayoría llegados en patera a Canarias

Los últimos datos del Ministerio del Interior dicen que este año, hasta el 31 de agosto, un total de 25.524 personas llegaron a Canarias a bordo de 373 embarcaciones. En el mismo periodo de 2023 fueron 11.439 y 212 pateras. El Gobierno canario calcula que, de ese total, 3.418 son menores y que la cifra en las islas ronda los 5.500 (en torno al 95% varones). El ejecutivo insular asegura que no dispone de suficientes recursos de atención. Por eso, el Gobierno y las comunidades han desplegado un Plan de Emergencia por el que varios de estos jóvenes son derivados directamente a otros territorios del país.

Este verano, desde el 14 de agosto, han llegado 44 menores extranjeros no acompañados (menas) a Castilla y León (21 correspondientes al compromiso adquirido este año y 23 que no llegaron y tendrían que haberlo hecho en 2023). En total, la comunidad acoge y atiende a cerca de 200 menores. La administración regional no precisa el dato concreto. «Nos movemos en torno a esa cifra», aseguran fuentes de la Consejería de Familia, donde recuerdan que casi todos los menores extranjeros no acompañados que recalan en Castilla y León lo hacen derivados por ese plan del Ministerio. Eso sí, «hay que tener en cuenta los menores que llegan a la Comunidad por su cuenta».

¿Desde donde? Los principales países de procedencia son de África: Marruecos, Mauritania, Senegal, Costa de Marfil, Argelia, Burkina Fasso, Gambia, Guinea Conakry, Guinea Ecuatorial, Mali y la República de Ghana.

¿Hacia dónde? La Junta tampoco precisa los puntos en los que son acogidos, pero recuerdan que su apuesta no pasa por macrocentros, sino por su atención en pisos y servicios más limitados, repartidos en varias provincias y en colaboración con entidades sociales y ONG. Así, Accem coopera en Ávila, León, Segovia y Valladolid (en esta última provincia, con 25 menores), los menesianos en Zamora, Salud y Comunidad en Soria y Burgos, la Fundación Hechos en Burgos y Palencia y Diagrama en Salamanca. En algunos casos, son recursos concretos para estos menores, «dado que precisan de atenciones específicas», pero en otras ocasiones la atención se presta «a través de los recursos ordinarios del sistema de protección a la infancia, cuando por sus circunstancias personales pueden incorporarse a su dinámica».

¿Cómo es el proceso de acogida de estos menores extranjeros no acompañados en Castilla y León? La Junta asume la guarda provisional (durante tres meses, prorrogables por otros tres) mientras se practican las diligencias precisas para «identificar al menor, determinar, cuando proceda, su edad, investigar sus circunstancias y constatar, en su caso, la situación real de desamparo». La intervención está «orientada a facilitar su repatriación». La ley Orgánica 1/1996 de protección jurídica del menor señala que se procurará la búsqueda de la familia del menor y el restablecimiento de la convivencia familiar.

Así, se persigue «el retorno a su país de origen o a aquel donde se encuentren sus familiares, bien mediante la reagrupación familiar, bien mediante la puesta a disposición del menor ante los servicios de protección de menores», explican desde la Junta. El problema es que muchos de estos jóvenes llegan a España indocumentados. Y así, en aquellos casos en los que no es posible el retorno y se constata una «situación real de desamparo», la intervención está orientada «a su integración social y laboral en Castilla y León».

¿Cómo se determina esto? Cuando el menor ingresa en el sistema autonómico por la Gerencia Territorial de Servicios Sociales, se comunican todos los datos disponibles a la Brigada Provincial de Extranjería, la Oficina de Extranjería y el Ministerio Fiscal. Si el menor está indocumentado o hay dudas sobre la veracidad de sus datos, el Ministerio Fiscal puede realizar las pruebas que determinen la edad y comprobar que se trata de un menor. Casi siempre son pruebas óseas que, como alerta la ONU, no siempre son fiables, ya que pueden ofrecer márgenes de error de hasta año y medio.

Producido el ingreso, explican desde la Junta, se llevan a cabo las acciones necesarias para dotar a estos «niños, niñas y adolescentes» de la documentación que carezcan. Por ejemplo, pasaporte, cédula de inscripción, número de identificación de extranjeros, tarjeta de identidad. También se llevan a cabo los trámites de empadronamiento, tarjeta sanitaria y, llegado el caso, tarjeta como demandante de empleo, «así como las autorizaciones de residencia o trabajo».

Si después de esa investigación no se localiza a la familia y se acredita esa situación de desamparo, es cuando la Junta asume la tutela de estos menores, con una «atención integral dirigida a facilitar su bienestar y desarrollo en todos sus órdenes, con la finalidad de hacer posible su integración en la sociedad de Castilla y León, garantizando la igualación de trato con los menores de la comunidad».

¿Y qué ocurre cuando cumplen los 18 años? «Alcanzada la mayoría de edad, al igual que el resto de los menores protegidos, desde la Gerencia de Servicios Sociales se ponen en marcha diversas alternativas, en función de las circunstancias de cada caso». Por ejemplo, se puede prolongar su permanencia en el centro de menores hasta que completen los procesos formativos en los que se encuentren. También se pueden derivar a un servicio de atención residencial para la transición a la vida adulta, donde se les garantiza su atención integral hasta los 21 años, «promoviendo su vida autónoma, pero con atención y apoyo personal, alojamiento, vestuario y manutención, con el acompañamiento de un profesional de referencia que le ayuda y asesora en la búsqueda de empleo».

Existe también un servicio de apoyo para la integración sociolaboral de menores procedentes de los sistemas de infancia, «que incluye el desarrollo de itinerarios individuales de inserción en el mercado laboral a través de acciones de orientación profesional, capacitación personal y formación». También se ayuda en la tramitación de la renta mínima (Ingreso Mínimo Vital o de la Renta Garantizada de Ciudadanía), la derivación al sistema de protección internacional o a otros recursos de inclusión social.