Castilla y León

Los bodegueros de Ribera del Duero piden acabar con la «asfixia» burocrática

De momento, como primer paso, Asebor cuenta con el respaldo de las asociaciones agrarias para unir esfuerzos en una causa común que afecta a las bodegas, viticultores y agricultores. «No podemos esperar más», advierte el presidente de los bodegueros, Iker Ugarte. Por ello, detalla que han mantenido reuniones con la Consejería de Agricultura y se ha creado una comisión de trabajo específicamente para resolver cuestiones tan importantes como tener una única base de datos del registro vitícola. «A este respecto, hay dos borradores de convenio sobre la mesa, pero la consejería hace caso omiso y no está cumpliendo sus promesas», insiste.

El presidente de los bodegueros ribereños recuerda que no es una reivindicación baladí, ni una causa menor, ya que «de la simplificación depende la competitividad de nuestra denominación de origen, una DO referente de calidad y marca España, así como del resto de agricultores y ganaderos, un sector de mucho peso en Castilla y León. No podemos perder más tiempo». En este sentido, considera que, en lugar de avanzar, «nos obligan a retroceder dejando atrás logros importantes como la aplicación Bacchus con la que en 2022 podíamos generar el informe de la declaración de la cosecha con solo dar a un botón».

Desde Asebor ven necesario digitalizar el proceso, evitar duplicidades y errores de transcripción. «Rechazamos con rotundidad el anuncio que la directora de Producción Agrícola y Ganadera de la Consejería, Teresa Rodríguez Vidal, hizo en agosto en el Boletín Oficial de Castilla y León, por el que se obliga a hacer la declaración de la cosecha tanto a viticultores como a las bodegas que compran uva. Y sorprende, porque este anuncio se hizo público cuando estábamos pendientes de una respuesta que por su parte nunca llegó», precisa Ugarte.

Acogiéndose a la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, los bodegueros recuerdan a la Consejería de Agricultura que las administraciones públicas están obligadas a colaborar entre ellas. «Si no recibimos respuesta, pondremos sobre la mesa medidas drásticas y no descartamos acudir a la vía judicial para defender al sector primario de una desidia que está lastrando el crecimiento», concluye.