CC OO y UGT arremeten contra la Junta por no poner en marcha los acuerdos del Diálogo Social

El 25 de marzo, la Junta y los agentes sociales pactaban una treintena de iniciativas entre las que se incluían ayudas a los afectados por ERTES y a los autónomos, así como liquidez para las empresas. El Consejo del Diálogo Social, del que forman parte la patronal Cecale y los sindicatos CC OO y UGT, anunciaban que Castilla y León inyectaría 220 millones de euros para trabajadores, pymes y protección social como estrategia para combatir las dificultades derivadas de la crisis sanitaria. Han transcurrido 28 días desde el anuncio y ayer los sindicatos exigieron una reunión con el presidente de la Junta ante el retraso en la puesta en marcha de los acuerdos adoptados para hacer frente al coronavirus.

Pese a que el decreto con las medidas se publicó el pasado sábado, todavía no se han difundido las bases ni las convocatorias de puntos como el de los complementos salariales de los ERTES. Los sindicatos están especialmente molestos con la Consejería de Familia. Entre lo firmado había ocho millones de euros que se destinaban a dependencia, ayuda a domicilio y renta garantizada de ciudadanía. Según aseguró Faustino Temprano, secretario general de UGT en la comunidad, «en el decreto ha desaparecido todo lo firmado con Familia». «Siempre pasa con la misma consejería, la de Familia», lamentó.

El líder regional de CC OO, Vicente Andrés, afeó a la Junta su «lento ritmo en la aplicación de los acuerdos del 25 de marzo». Alfonso Fernández Mañueco se aprestó entonces a presentar a la comunidad como «pionera» en pactar un acuerdo de estas características y ahora, Andrés dijo «no entender el retraso» a la hora de publicar las bases y la convocatoria de puntos como los complementos de los ERTES, excedencias, reducciones de jornada, así como el subsidio del programa de integración para el empleo (PIE).

Aprovechando la celebración hoy de la fiesta de la comunidad autónoma, los líderes de CC OO y UGT presentaron su manifiesto conjunto de este Villalar telemático y recordaron que el 23 de abril «ha sido siempre un símbolo histórico de reivindicación y de lucha por la libertad, por la democracia, por los derechos sociales y por el progreso» de Castilla y León.

En los últimos años, recuerdan, la población ha expresado «por encima de todo una demanda clara: la defensa de su sanidad pública», con dos manifestaciones «nunca vistas antes por ninguna otra razón». El estado del sistema sanitario, así como «los enormes desequilibrios» que padece la comunidad se traducen en desigualdades tanto en la población como en los territorios «nunca bien entendidas y nunca bien atendidas».

Para las dos centrales, las «amputaciones» sufridas por los recursos públicos no son ajenas a los fallecimientos a causa de la pandemia en los segmentos más vulnerables de la población, algo que debe llevar a «reflexionar y actuar sobre el dudoso sistema de atención a las personas mayores y con necesidad de cuidados especializada».

Comisiones y UGT reclaman «una nueva política para los nuevos tiempos que se avecinan la cual, si no quiere nacer muerta, no podrá acomodarse a los viejos moldes». Partiendo de la base que supone el Diálogo Social, abogan por que «una vez superado el problema sanitario, se llegue a un acuerdo de comunidad con la participación de los agentes económicos y sociales más representativos y los partidos que conforman nuestro arco parlamentario» para consensuar una política económica, laboral y social que permita una salida rápida y sólida de este trance tan negativo.

Durante la presentación del manifiesto, los líderes sindicales informaron del envío de una carta al presidente de la Junta solicitando una reunión «urgente» para tratar el problema burocrático y agilizar la tramitación de las ayudas pactadas. «La gente tiene necesidades y dice que lo que se firma no sirve, que llega tarde, mal y nunca», sostuvo Temprano, que pidió a la Junta que piense en las personas y no «mire para otro lado». «No puede ser, hay mucha gente cabreada».

Los sindicalistas lamentaron que Castilla y León, que constituye según destacaron «un ejemplo» en los que respecta a capacidad para llegar a acuerdos en el diálogo social y en esta ocasión fue de las primeras autonomías en actuar, a la postre va a ser «de las últimas en las que se pongan en marcha». Y, según sostuvieron, no se trata de un problema de presupuestos.