Archivan tres de las cuatro denuncias presentadas en Castilla y León por manipulación de listas de vacunación

Las Fiscalías de Valladolid y Soria han archivado tres de las cuatro denuncias presentadas respecto de la supuesta manipulación de listas de vacunación en las que se habrían introducido los nombres de cargos públicos. En concreto, se han cerrado las diligencias respecto de la denuncia presentada por la Delegación Territorial de la Junta en Valladolid relacionada con la lista de vacunación en la residencia de mayores de Villavicencio de los Caballeros, en la que se incluyó al alcalde. Antes se archivó la planteada por CGT contra la empresa Ambuibérica. El sindicato denunció a la concesionaria del transporte sanitario en Castilla y León respecto de la gestión de las listas para vacunar frente a la covid-19 entre el personal de la empresa en varias provincias. Aseguró que se había vacunado antes a trabajadores de oficinas e incluso algún directivo que a los que están en primera línea.

La Fiscalía consideró en este caso (y es el argumento que extiende al resto de los archivos hasta el momento) que no existen indicios suficientes de una infracción penal ni se aportan nombres, lo que no permitiría una investigación en torno a si se vacunó antes a personas de administración, directivos o gente que no está expuesta directamente al coronavirus como el personal de las ambulancias. Sería prácticamente imposible establecer, ni de forma indiciaria, que los hechos sean constitutivos de infracción penal, sostiene el ministerio público.

También se ha archivado en la vía penal el expediente abierto a una residencia de un municipio de Soria, mientras que permanece en trámite la investigación respecto de otra denuncia planteada por miembros del equipo de vacunación que acudieron a la localidad soriana de Matamala y detectaron un cambio en el listado de las personas a vacunar en la residencia, entre ellas, el alcalde.

Las Fiscalías justifican los archivos penales básicamente en la dificultad para determinar la autoría de la alteración del contenido documental. Ahora queda abierto el procedimiento administrativo en la Junta.

En el caso de que aparecieran los autores, puntualizan fuentes jurídicas consultadas, no se trataría de un delito de falsificación de documento tipo, sino de falsedad ideológica cometida por un particular. En ella, a diferencia de la falsificación donde lo que se cuestiona es la autenticidad, la realización externa es real y el documento está confeccionado por quien corresponde y en la forma que es debida, pero contiene declaraciones mendaces. Se llama ideológica porque el documento es auténtico en la forma pero falso en su contenido.