Los alimentos han subido más del doble que los salarios en la región desde la pandemia

Para comprobarlo basta echar un vistazo a los incrementos pactados en los convenios colectivos, una estadística que actualiza mensualmente la Vicepresidencia Segunda del Gobierno. De acuerdo con estas cifras, entre 2020 y marzo de 2025 el aumento acumulado ha sido del 15,06% en la comunidad autónoma, dos puntos y medio por debajo del 17,63% alcanzado en el conjunto de España.

La otra pata de la comparación es el Índice de Precios de Consumo (IPC), la referencia a la hora de medir la evolución de los bienes y servicios que adquieren las familias en su día a día. El indicador general ha aumentado el 20,7% en Castilla y León en cinco años, porcentaje ligeramente superior al 19,9% de España. Pero la comida lo ha hecho mucho más, el 34,2% en la región en contraste con el 32,7% de media nacional, lo que da idea de la merma que se ha producido en nuestro poder adquisitivo.

A que esto sea así han contribuido de manera decisiva los huevos, que se han disparado el 63,7% en la comunidad desde el año de la covid, diez puntos más que el promedio del país (53%). En el mismo tiempo lo segundo que más se ha encarecido ha sido el lechazo, el 57,8%, y en tercer lugar figuran los aceites y grasas, con el 51,5% (a pesar de que en los últimos tiempos han moderado su escalada).

Otros artículos de primera necesidad como la leche, el azúcar y el pan han elevado su coste el 40,9%, el 33,2% y el 31%, respectivamente, lo que pone muy cuesta arriba elaborar un dulce típico de estas fechas como las torrijas. Y lo mismo ocurre con un plato tan socorrido como la tortilla española, porque las patatas se han puesto por las nubes (cuestan el 44% más), al igual que las hortalizas y por ende la cebolla (el 36,7%).

«Hay una pérdida de poder adquisitivo porque a veces nos es muy complicado llegar a acuerdos con las patronales», lamenta Alberto Miguel Lorenzo, el vicesecretario general de Política Sindical y Salud Laboral de la Unión General de Trabajadores (UGT) en Castilla y León. Acto seguido recuerda que «hay muchos sectores donde es más difícil la interlocución o tenemos menos presencia sindical donde por ley se ha tenido que subir el salario», en referencia a la modificación al alza del SMI, que en el periodo analizado «ha sido del 28,2% frente al 17%» resultante de la negociación colectiva estatal. Algo que ha tenido «mayor incidencia» en colectivos «muy precarizados» como los del «campo, panaderías, pastelerías, ayuda a domicilio... que por ende es donde más jóvenes, inmigrantes y mujeres hay». «Y no tenemos datos de que por eso haya empresas que hayan cerrado, al contrario», apostilla.

Con todo, para Alberto Miguel «lo más importante para que no haya desfases frente a la inflación es la garantía que da la cláusula de protección salarial, que desde UGT creemos que tenemos que defender», y que califica como «el caballo de batalla». En este sentido, denuncia que «de los 190 convenios sectoriales que tenemos en Castilla y León solo una cuarta parte la incluye», y por eso sentencia que «la recuperación de estas cosas es el objetivo principal de nuestra organización». Sin olvidar «otro problema muy grande, el de la vivienda», que consume tantos recursos que «la gente sigue sin tener capacidad ni de ahorro ni de gasto, cuando si fuera al revés todo funcionaría mejor».

Es algo en lo que también incide el secretario de Acción Sindical, Salud Laboral y Medio Ambiente de Comisiones Obreras (CCOO) en Castilla y León, Fernando Fraile, quien añade que «el IPC no refleja todo el aumento del coste de la vida porque no incluye el coste de la compra de la vivienda, que viene a desbordar la capacidad de pago de los hogares». Si a esto se suma «el esfuerzo que tienen que hacer para poder hacer frente a la cesta de la compra», el resultado es que «vivimos peor». De ahí que ponga en valor «la subida del Salario Mínimo Interprofesional, del 67% desde 2007», que ha beneficiado especialmente a los más vulnerables.

El dirigente de CC OO esgrime, por otra parte, que «en este momento los márgenes empresariales son históricos, lo dice la Agencia Tributaria y el Banco de España», lo que le lleva a hacer «un llamamiento a la responsabilidad de las patronales en Castilla y León para que se produzca una distribución justa de la riqueza, de los beneficios que generamos las personas trabajadoras, porque de manera general van directamente al bolsillo de las empresas». Al hilo de esto, les insta a «reducir la jornada máxima» y a «cumplir los compromisos adquiridos en el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva», que establece «incrementos salariales adicionales que nos permitan equiparar los salarios medios de nuestra comunidad con los del Estado, porque están un 10% más bajos». Para terminar, afea que «de los 69 convenios que hay que negociar este año y que afectan en números redondos a 100.000 personas, transcurridos tres meses y medio tan solo se han firmado ocho que afectan a 8.000».