Castilla y León

Alcampo alega causas económicas, organizativas y productivas para el cierre de supermercados

La parte sindical de la mesa de negociación está compuesta por trece miembros de los que ocho pertenecen a la Confederación Sindical Independiente Fetico –mayoritaria en el Comité Intercentros, donde posee el 65% de los delegados–, tres a CC OO y dos a UGT. Todos han acordado elaborar una propuesta conjunta de medidas para minimizar los ajustes, que afectan a 43 de las 77 tiendas de la cadena en la región.

De hecho, Castilla y León será la autonomía más afectada si el ERE sale adelante como está planteado. Un tercio de los 145 supermercados donde Alcampo prevé rescindir contratos están en la comunidad, a la que siguen como perjudicadas Aragón y Madrid, con 37 y 36 respectivamente. Más lejos figuran Asturias, con diez; La Rioja y Cantabria, con cinco cada una; Galicia, con cuatro; País Vasco, con dos; Navarra, con otros dos, y Castilla-La Mancha con uno. A estos se suman ocho hipermercados.

Aunque a juicio de Fetico el proceso «debería incorporar menos despidos» y menos establecimientos, su secretario general, Antonio Pérez, sostiene que «quienes conocemos profundamente el sector retail, como es el caso de nuestro sindicato, sabemos que estas causas eran evidentes y saltaban a la vista». En la misma línea se expresa la vicesecretaria de la confederación y responsable del Grupo Auchan/Adeo, Charo Torres, quien apunta que «el informe técnico evidencia los dígitos claramente que argumentan y justifican el expediente, además de las causas productivas y las organizativas que ya conocíamos».

Así las cosas, esta central exige «unas buenas cifras indemnizatorias en la extinción de los contratos», e incide en que se ha llegado hasta aquí como «resultado de la mezcla de factores adversos para la compañía, como la compra de supermercados a DIA, que lastraba números rojos», y de «un cambio en el hábito de consumo de los clientes, en especial en lo que atañe a los hipermercados». En Castilla y León hay cuatro, ubicados en Ávila, Soria, Burgos y Aranda de Duero. Precisamente esa fue una de las explicaciones que dio Alcampo cuando hizo pública su decisión, en concreto que los consumidores «prefieren establecimientos más pequeños, convenientes y adaptados a sus necesidades».

Comisiones Obreras, por contra, no comparte los motivos que esgrime la firma de distribución de matriz francesa. «Entendemos que no existe causa para proceder al despido colectivo. Que las causas alegadas por la empresa no son estructurales ni persistentes y que las dificultades que puede tener Alcampo son coyunturales y se deben, exclusivamente, a la decisión de la empresa de adquirir un número importante de tiendas que pertenecían a DIA», sentencian. De ahí que CCOO haya solicitado «información y documentación adicional», en particular el detalle sobre el estado económico, productivo y organizativo de cada centro.

La Unión General de Trabajadores coincide con este planteamiento y, además de exigir la contabilidad de los comercios «individualmente, para valorar su rentabilidad», defiende que «el descenso de los ingresos, unidos a los gastos de personal, no son lo suficientemente drásticos como para abrir un procedimiento de despido colectivo». En esta línea, rechaza que los malos números de la compañía se puedan achacar en parte a «la subida de los alquileres, el coste de la energía y la subida de los tributos locales», porque no son razones «de calado», sino que los atribuyen a «una equivocada visión comercial». Para terminar, afea que en 2023 se hicieran «inversiones en remodelación de tiendas Alcampo y tiendas procedentes del Grupo DIA», además de abrir «nuevos centros y una nueva plataforma logística, que afectaron gravemente a la cuenta de resultados del año 2024».

Las partes tienen hasta el 12 de junio para intentar alcanzar un acuerdo, puesto que esa es la fecha de la última reunión prevista. Antes se celebrarán otros encuentros, en concreto cinco, que tendrán lugar el 30 de mayo y los días 3, 5 10 y 12 del mes que viene, de acuerdo con el calendario acordado en la sesión constitutiva del Expediente de Regulación de Empleo.