20 adolescentes de menos de 15 años abortaron en Castilla y León en 2024

En paralelo a los pulsos políticos camina el balance de cifras del aborto voluntario como prestación sanitaria a la que se acogieron en 2024 en Castilla y León 3.175 mujeres (3.096 en 2023), amparadas por una ley avalada por el Tribunal Constitucional que permite la interrupción del embarazo en las primeras 14 semanas de gestación a petición de la mujer y bajo la premisa de que esta sea informada sobre derechos, prestaciones y ayudas públicas de apoyo a la maternidad. A eso se suma que hasta la semana 22 se puede inducir un aborto en caso de grave riesgo para la gestante o anomalías fuertes del feto y sin límite de semanas si se detectan en este último anomalías incompatibles con la vida. En España, el número de abortos voluntarios fue el año pasado de 106.172.

De esa radiografía estadística sobre el aborto en la comunidad llaman la atención dos cuestiones principalmente. Una es el perfil mayoritario de las mujeres que deciden interrumpir su embarazo, que muestra que se encuentran entre los 25 y los 40 años, situándose en esa horquilla de edad 1.804 (el 56,8%). El tramo de más edad se completa con 252 mujeres de más 40 años. A nivel educativo, predominan las que cuentan con el título de Bachillerato o similar o han pasado por la universidad, formación en la que encajan 1.745 mujeres que ante un embarazo no deseado optaron por abortar el año pasado en Castilla y León.

Si esos dos datos dibujan una especie de perfil medio, la otra cifra llamativa marca una excepción que muestra una situación de importante vulnerabilidad por la edad de las gestantes. El balance oficial recoge que hubo en 2024 un grupo de 20 adolescentes de menos de 15 años que se sometieron a un aborto. El número es bajo, pero son apenas niñas, cualitativamente es una situación significativa. El siguiente tramo de edad, el de adolescentes y jóvenes entre los 15 y los 19 años, contabiliza 330 interrupciones voluntarias de embarazo. Son datos a los que apelan sectores sanitarios, educativos y del ámbito de las asociaciones de mujeres para reclamar un impulso a la educación afectivo-sexual en las aulas. Estos talleres suelen estar ahora promovidos por las AMPAs en los últimos años del colegio y en la etapa del instituto.

En este campo educativo hay que situar otra cifra, que es la de las jóvenes y mujeres que confiesan en el proceso de atención por parte de los sanitarios ante una interrupción voluntaria de embarazo que no utilizaron métodos anticonceptivos. Este supuesto se da en 1.506 casos de los 3.175 contabilizados en Castilla y León. El resto precisa que sí puso medidas para evitar el embarazo, relatando 26 mujeres que eran métodos 'naturales', 854 que eran de barrera (preservativo o diafragma), 43 que dicen que optaron por métodos 'mecánicos', 446 por hormonales y 27 por 'otros', en una clasificación en las que 273 mujeres no dan información sobre este aspecto.

Y si la edad temprana podría de alguna manera encadenar con la ausencia de métodos anticonceptivos, este último aspecto enlaza con otro dato que destaca en el balance, cuando se abordan el número de aborto previos que figuran en la historia clínica de la mujer. Hay 636 que habían pasado por este trance en una ocasión, 154 en dos, 40 en tres, 6 en cuatro y 9 para las que era su sexto aborto o más. Aunque el perfil mayoritario es el de las mujeres que se sometían por primera vez a un aborto inducido, con 2.330 casos, ese epígrafe que sitúa en más de tres, cuatro, cinco o seis ocasiones el recurso a interrumpir un embarazo llama la atención.

Los datos publicados por el Ministerio de Sanidad muestran que el supuesto legal al que se acogen más mujeres es el que se denomina 'a petición propia', que puede aplicar en las primeras 14 semanas de gestación. De los 3.175 abortos del año pasado en Castilla y León, 2.986 se practicaron bajo este epígrafe, hubo otros 49 en los que primó el grave riesgo para la salud de la embarazada, 131 en los que el feto presentaba anomalías graves y 9 en los que se detectaron que la situación del feto era incompatible con la vida.

Ese reparto en la tipología de situaciones y supuestos discurre en paralelo al calendario en el que se practicaron las interrupciones de los embarazos, con 2.222 que se practicaron antes de llegar a la semana 8 y otros 802 que se fecharon entre esa semana y la 14. A partir de aquí, 143 abortos inducidos se realizaron entre la semana 15 y la 22 y 8, entre los que se encuentran aquellos en los que durante el seguimiento del embarazo se comprueba anomalías tan graves que son incompatibles con la vida, se practicaron después de la semana 23 de gestación.

Hay un contingente importante de mujeres que ya han sido madres cuando deciden interrumpir voluntariamente un embarazo. De las que abortaron en Castilla y León, 658 cuidaban de un hijo, 509 tenían dos, 161 eran madres de tres, 52 tenían 4 y 18 habían alumbrado cinco o más hijos. Son datos no desdeñables, aunque la cifra más habitual es la de una gestante que no tiene niños, que es el perfil que se da en 1.777 casos.

La estadística del Ministerio de Sanidad refleja también las vías de información por las que las mujeres que deciden abortar se asesoran sobre la interrupción voluntaria del embarazo y las alternativas que tienen. La mayor parte lo hace en un centro sanitario público: 1.880 en Castilla y León el año pasado. Les siguen otras 419 que recibieron información en centros sanitarios privados. El resto asegura que recurrió a teléfonos de información y orientación, a familiares, amigos y allegados, a medios de comunicación y, en menor medida, a internet.

Los datos oficiales y la última polémica sobre el aborto aterrizan en Castilla y León en un momento en el que desde el Gobierno autonómico remarcan que no habrá cambios en esta prestación sanitaria en la comunidad, una autonomía que fue en enero de 2022 el epicentro de un terremoto político sobre el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo al aprobar el Gobierno entonces de PP y Vox un protocolo de medidas provida, que cuatro días después y tras haber generado un revuelo considerable dejó sin efecto el presidente Alfonso Fernández Mañueco. «Nuestra idea es no realizar modificaciones», aseguró este jueves el consejero portavoz, Carlos Fernández Carriedo.

Las mujeres que se plantean interrumpir voluntariamente su embarazo cuentan en Castilla y León con cuatro hospitales públicos y tres centros privados. Así lo recoge la información que ofrece la Consejería de Sanidad en la página web de la Junta. Los hospitales de Sacyl en los que hay sanitarios que practican abortos inducidos son los tres de Burgos, en la capital, Miranda de Ebro y Aranda de Duero, y el de Salamanca. Ninguno de los dos de Valladolid capital ni el de León, que por tamaño cuentan con mayor plantilla, lo hacen.

A esos cuatro (de 14) hospitales públicos que atienden a mujeres que deciden abortar, se suman tres clínicas privadas en Valladolid, León y Salamanca. Eso deja otras cinco provincias, que son Ávila, Segovia, Soria, Palencia y Zamora, en las que las mujeres que optan por interrumpir un embarazo no deseado o que supone un grave riesgo para ellas o por anomalías contundentes en el feto deben desplazarse fuera de su territorio de residencia.

La Consejería de Sanidad trabaja en ajustes en la regulación de la objeción de conciencia a la que se acogen profesionales sanitarios que no quieren practicar abortos. Principalmente ginecólogos, pero también anestesistas, médicos de Familia, enfermeras y matronas. El registro en el que se inscriben estos profesionales ofrecerá la opción de reflejar objeciones parciales, según plazos y supuestos, en un texto que persigue «garantizar una prestación ordenada de la interrupción voluntaria del embarazo en Castilla y León, respetando tanto el derecho de las mujeres como el de los profesionales sanitarios a ejercer la objeción de conciencia»