«Los 2.138 incendios ocurridos en Castilla y León este año se están investigando»

–Los incendios «se previenen en el invierno» pero, a la vista de la campaña, dice la oposición que la política de prevención de la Junta no funciona.

–Aseveraciones tan sencillas no son correctas cuando se trata de un problema tan complejo. En los incendios forestales no todo es previsible y este año se han conjugado la continental sahariana, los fuertes vientos y la sequedad en La Cabrera. Pero, en el conjunto de Castilla y León, llevamos 2.138 incendios a fecha de 27 de agosto, 120 hubo en una semana, 33 en un día. Y 4 de nivel 2, con riesgo para la población, en una sola jornada. Eso ha sido algo que nunca habíamos vivido en esta comunidad, y el operativo de la Junta, con el apoyo de los medios del Estado, los ha atajado. Donde hay que poner el foco es en que la mayoría de esos 120 incendios de una semana ocurrieron porque alguien decidió quemar Castilla y León.

–¿A qué intereses cree que obedecen estas quemas intencionadas?

–Intereses económicos no puede haber, porque por la Ley de Montes hay cinco años de limitación de los aprovechamientos de pastos y caza en los montes quemados. Tiene que haber otros componentes, como las tradiciones mal entendidas. Estos incendios intencionados ocurren en la parte oeste de la Península, en las provincias del oeste de la comunidad, principalmente León y Zamora y en el oeste de estas provincias: la Cabrera y, el año pasado, en El Bierzo (el más grave de 2016 fue en Fabero). La cultura del fuego es intolerable. Es inadmisible e inexplicable esta cultura que pone en riesgo la seguridad de las personas.

–Ya se preveía una campaña difícil por la sequía. ¿Cree que la Junta ha invertido lo suficiente en limpieza de montes y en la contratación de efectivos para prevenirlos o minimizarlos?

–La inversión pública nunca es suficiente, y más en Castilla y León, cuando la financiación depende de la variable de población y no de la extensión del territorio. No obstante, desde 2016 se ha ido incrementando la partida y lo seguiremos haciendo en 2018. Pero tenemos el operativo más eficaz del mundo en resultados/coste. En La Cabrera han actuado 40 medios aéreos y 4.350 de nuestros efectivos en turnos, junto con más de un centenar de soldados de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

–¿No cree que la Junta debería reforzar los servicios de prevención en estas provincias donde la intencionalidad es más elevada?

–La solución al problema no solo es apagar el incendio, hay que analizar las causas y tratar de eliminarlas. Alguien prende. Solo el 7% de los incendios que se producen en la comunidad son por causas naturales (rayos). El resto son causados por el hombre: el 93%. De estos, una parte es por imprudencias en actividades, pero el 50% son intencionados. Y, dentro de ese porcentaje, el 75% se producen en León y Zamora. No se puede eludir el debate, pero tampoco pasar por encima de estos factores y decir que es porque los montes no están limpios. En Castilla y León tenemos 4,8 millones de hectáreas de superficie forestal, la mitad son públicas y el resto de titularidad privada. La Junta es la que más tratamientos silvícolas aplica al año, en 90.000 hectáreas, y tenemos desde 2014 un plan de recursos forestales. Hay que promover que los propietarios privados inviertan en el cuidado de esas 2,4 millones de hectáreas.

–¿No tendría que plantearse el Gobierno autonómico reforzar el papel de los agentes medioambientales y convertirles en una policía ambiental? ¿Qué pasó con aquellas brigadas de investigación de incendios forestales (Biif) que creó la Junta?

–Los 2.138 incendios ocurridos en Castilla y León este año se están investigando. Todos los incendios se investigan, desde el punto de vista técnico, por personal de campo (agentes forestales) en coordinación con el Estado. Castilla y León somos la comunidad con mejor estadística de investigación. Se investiga en todos los casos. Por ponerle un nombre (por las Biif) no va a ser más eficaz o eficiente. Todos nuestros agentes medioambientales están capacitados, con su carácter de agentes de la autoridad y como auxiliares de las Fuerzas de Seguridad del Estado, porque la policía judicial es una competencia del Estado, nosotros no tenemos esa competencia. Respecto de ser considerados policía, no todos los agentes forestales lo piden, sino solo un grupo que está en una asociación. Los demás no quieren: ellos son especialistas en medio ambiente y colaboran con la policía judicial, pero no quieren ni deben ser policías. Para eso está el Seprona de la Guardia Civil, para investigar la autoría y realizar los atestados.

–¿Hay que vincular estos fuegos a la despoblación?

–Hay que enmarcarlo en la gestión del territorio. Por el abandono de las superficies de cultivo y la ganadería extensiva, por no dar productividad a los bosques privados, y otros múltiples factores. Se trabaja en estas causas desde lo público con un gran batería de medidas, como la de movilizar los recursos forestales, la protección a la ganadería extensiva, el plan de empleo forestal.... Pero si se piensa que es solo la Junta la que tiene que afrontar el problema, está muy equivocado. Se ha visto en el incendio de Fermoselle: en las fincas particulares bien cuidadas, el fuego ha afectado mínimamente.

–¿Tendrían los guardas forestales que volver a residir en los pueblos?

–Todas nuestras plazas forestales están en el medio rural, pero no se puede obligar a nadie a vivir allí.

–¿Cuánto le cuestan los incendios a Castilla y León?

–Primero, el daño ambiental, que es irreparable. Y el daño moral. Luego, si hablamos de costes, reforestar una hectárea cuesta 1.000 euros. Una hora de vuelo de helicóptero está entre 1.000 y 3.000 euros, y en Encinedo han llegado a actuar en un día 40 medios aéreos. Si no hubiera incendios y se eliminara el operativo, los 80 millones de euros que cuesta se invertiría en los pueblos.

Suárez Quiñones insiste en la necesidad de implicar a los particulares en esa idea que se convirtió en un lema televisivo de las campañas del Icona en los setenta: «Cuando el monte se quema, algo tuyo se quema».

–Los agricultores y ganaderos acusan a la Junta de criminalizarles en los incendios forestales.

–Ya quisiera que hubiera más agricultores y ganaderos: eso haría bajar exponencialmente el número de incendios forestales. Lo que pasa es que si el origen de alguno es en una explotación agrícola hay que decirlo. Las generalizaciones siempre son malas.

–¿Cómo llevan la investigación del gran incendio de este verano (y del último lustro) en La Cabrera leonesa?

–El de La Cabrera está controlado pero no extinguido y aún no se han concluido los informes técnicos. Claramente es intencionado, como el de Fermoselle, aún activo, por la hora que prendieron y los diversos focos. La Guardia Civil está investigando la autoría.

–La gente se pregunta por qué tan pocos incendiarios terminan por sentarse en el banquillo.

–De ahí mi insistencia este verano pidiendo colaboración a los vecinos. Comprendo que no es tan fácil en un pueblo pequeño alzarse como testigo. La gente casi siempre tiene nombres en mente, pero actúa con prudencia porque no ha visto prender con sus ojos. Luego hay que tener en cuenta que el fuego destruye pruebas. Es muy complicado encontrar vestigios, nadie quema el monte en presencia de un notario. Eso abona que no haya condenas: es difícil identificar, difícil que haya pruebas y que sean de peso para que la acusación se sustente ante un tribunal. Nosotros hemos colocado cámaras de vigilancia forestal en sitios como Sanabria, y es verdad que han disminuido los fuegos. Estamos instalando en El Bierzo y Ávila. Las grabaciones se pueden utilizar en la investigación. Incluso se está utilizando un avión no tripulado para identificar y dar una respuesta rápida.

–El último Código Penal incrementó las condenas.

–Yo creo que está suficientemente castigado: 30 años de cárcel por delito ambiental sin víctimas personales está equiparado al asesinato. Pero hacen falta pruebas.