Hacienda asegura al juez que la Junta pagó facturas dobles por la 'Perla Negra'

El tercer informe de la Intervención General del Estado (IGAE) encargado por el Juzgado de Instrucción número 2 de Valladolid, que investiga si hubo malversación de fondos en las operaciones de compra-venta del edificio de la Agencia de Desarrollo (ADE) en Arroyo de la Encomienda y el parque empresarial de Portillo, no solo cuestiona que se hicieran modificaciones a los pocos meses de la firma del contrato de alquiler sino que, además, revela que la sociedad pública Gesturcal (hoy, ADE) asumió costes que no le correspondían como arrendataria. Costes de, al menos, 5,2 millones de euros, que suman seis grupos de facturas correspondientes a los ejercicios de 2008 y 2009. Esas obras, se insiste en el informe, tenían que haber estado previstas en el proyecto inicial en función de los fines que iba a tener el inmueble y sus costes (incluyen, por ejemplo, la cimentación de los mástiles de las banderas) y, en cualquier caso, asumidos por la promotora. «Cuesta entender que se firme un contrato de alquiler el 20 de febrero de 2008, con una previsión de entrega del 30 de septiembre, que se materializa en diciembre de ese mismo año, y que surjan necesidades de modificación tan voluminosas en tan breve plazo de tiempo», apunta la IGAE.

La Intervención General del Estado ha tenido acceso al disco duro original con la contabilidad de Gesturcal que fue intervenido por el Grupo de Delincuencia Económica en la misma sede de ADE y ha analizado un total de 17 facturas que corresponden a los dos primeros contratos de arrendamiento suscritos entre Gesturcal y la empresa Urban Proyecta PM3 y al contrato de compra del edificio Perla Negra. Facturas que, según el instructor de Hacienda, tendrían la consideración de «mayor precio del inmueble». Subraya, además, que existen obras y servicios reflejados en dichas facturas que se habrían pagado dos veces.

En concreto, señala que todas las facturas satisfechas por Gesturcal referentes a obras realizadas durante el contrato de arrendamiento no son asumibles por el arrendatario en ninguno de los casos analizados. Se acoge a que, en el primer contrato de alquiler, no se contempla que el arrendatario tenga que asumir el coste de posibles modificados, y en el segundo contrato de arrendamiento, sí se regula en una de sus cláusulas, que el importe de las obras será abonado por la solicitante «siempre y cuando se trate de obras o instalaciones no contempladas en el proyecto de ejecución. Esta cláusula se cuestiona en el informe «por no respetar el derecho administrativo aplicable al arrendatario en ese momento». La clave está en que Gesturcal (ADE) no deja de ser una empresa pública aunque sea sociedad anónima y estaba sujeta a la Ley de Contratos de las Administrativas: de encargar modificados, tendría que sacarlos a concurso, bajo los principios de publicidad y concurrencia. El principal pero del técnico de Hacienda a esa cláusula del contrato es, por tanto, que «pretende trasladar a la arrendataria la carga de los modificados de obra, que corresponde soportarla a la arrendadora».

Las obras se inician el 11 de agosto de 2006 y el primero de los cuatro modificados comienza en mayo de 2007 y el último, en mayo de 2008. En total, las facturas por estas obras suman más de 8,8 millones de euros. Con buena parte de ellas, apunta el inspector, «es presumible que se esté pagando parte de la futura compra del edificio, y este hecho no se ajusta a la legalidad aplicable». Se critica también que los conceptos de estas facturas «son genéricos, poco esclarecedores y aclaratorios de la obra que soportan, sin desglose de unidades de obra y materiales (...) Ninguna normativa fiscal o contable, ni la práctica habitual en el tráfico mercantil permite una descripción tan somera del concepto de una factura y menos que lo acepte el receptor, Gesturcal, que es una empresa pública».

Hay tres facturas que corresponden a uno de los modificados y que ellas solas suman más de tres millones de euros. Las obras tendrían que haber salido a concurso al haber sido pagadas por Gesturcal, pero no fue así. Una de ellas, la 108-08, fue confirmada el 11 de junio de 2008 por la Secretaría General de la Consejería de Economía, ocupada entonces por Rafael Delgado y autorizada por el consejo de administración. La Junta remitió la aceptación en 25 de junio de 2008, pero la orden de transferencia había sido el 17 de junio, con lo que «se pone de manifiesto que se pagó antes de que se aceptase la factura por el solicitante de la obra (la Consejería), y es cuestionable que la aceptación que figura en el expediente sea la adecuada para que Gesturcal procediera al pago». También hay conceptos de los modificados que coinciden en facturas con importes exactos y que tienen fecha de 16 de marzo de 2009, cuando ya estaba acordada la compra y se realizó la tasación del edificio, ya con todas las modificaciones certificadas por la dirección de la obra a 20 de noviembre de 2008, «de forma que se está pagando doblemente por la misma obra», indica.