UCCL Ávila pide a la Junta los 20 millones de euros no abonados a los agricultores de la provincia

UCCL - Jóvenes Agricultores ha convocado para el próximo 13 de agosto, ante la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León, una concentración de protesta por los retrasos en los pagos de la PAC comprometidos por el Gobierno regional al sector agrario abulense. Otras provincias de la región realizarán en los próximos días acciones similares y se podría llegar a organizar una manifestación en ValladolidDesde esta organización calculan que la cuantía de las ayudas no abonadas por la Junta a los agricultores abulenses oscila entre los 19 y los 20 millones de euros, de un importe total de 140 millones que supone toda la PAC entre los más de 9.500 perceptores de la provincia. A nivel autonómico los pagos que faltan por abonar rondan los 230 millones de euros.Retrasos de dos añosLa Consejería está jugando con los agricultores y ganaderos con el tema de por qué no se paga, señala el coordinador de UCCL en Ávila, Jesús Muñoz. No entiende que las administraciones estatal y regional, ambas gobernadas por el PP, anden todavía a la greña sobre quién tiene que pagar. La que tiene obligación de pagar es la Junta de Castilla y León, que es la que hace toda la gestión de la PAC, añadió.En algunos casos, el retraso supera los dos años, como ocurre en las ayudas a los jóvenes por la incorporación a la actividad agraria. En el periodo 2007-2013, se registraron 340 expediente en Ávila, con un total de 11 millones de euros de subvenciones de los cuales no se ha pagado ni el 20 por ciento, afirma Mauricio Herráez, miembro de UCCL Ávila.También se han producido retrasos en las indemnizaciones compensatorias por estar en zonas de difícil acceso o montaña, y en los pagos a los agro-ecosistemas agricultura y ganadería ecológica-, según ha denunciado esta misma organización profesional agraria.Por último, han pedido a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente que reduzca el proceso relativo a las ayudas por ataques de lobos, ya que el compromiso de la Junta de Castilla y León era resolver en seis meses y están tardando cinco meses solo en admitir a trámite.