La cárcel alivia sus celdas al dejar de recibir presos procedentes de Madrid

Las celdas del centro penitenciario de Segovia ya no padecen la saturación de la que se quejaban hace tal solo dos años los sindicatos. No hace tanto tiempo de aquellas denuncias. Los funcionarios se veían desbordados como consecuencia de la creciente masificación de la población reclusa. Lamentaban colapsos aislados y alertaban de los peligros que entrañaban los hacinamientos ocasionales a los que se tenían que enfrentar en su día a día. Esa saturación era una amenaza para la seguridad del personal, para la integridad de los propios reos y para el adecuado funcionamiento de la cárcel. Una prisión ideada, diseñada y construida para acoger a 344 internos se empequeñecía y apretaba aún más cuando había que hacer hueco a la llegada de nuevos 'inquilinos' trasladados de otras prisiones.

Esa saturación significaba que había épocas en las que la ocupación del centro penitenciario rondaba el 170% de su capacidad original; suponía prácticamente quintuplicar en menos de un decenio el censo de reclusos que saldaban su deuda con la sociedad en las cada vez más sobrepobladas instalaciones de Perogordo. En 2001 las celdas segovianas albergaban a 118 internos. A principios de 2011 como reconocen fuentes consultadas de Instituciones Penitenciarias la cifra de presos que cumplían condena en Segovia rondaba los 600.

A lo largo de los últimos dos años la problemática de esos colapsos ha ido disipándose. El nivel de masificación ya no es tal. La ocupación se ha ido aliviando conforme la población reclusa ha ido disminuyendo y las celdas se han ido vaciando hasta alcanzar una cierta normalidad. La comisión de asistencia a la subdelegada del Gobierno celebrada a comienzos del pasado julio trató precisamente la situación en la que se encuentra el centro penitenciario segoviano. La reunión fijó el censo de internos que a día de hoy acoge la cárcel en 382 personas, «con lo que esta cifra continúa bajando», concluyeron fuentes oficiales. En dos años la población presa en Perogordo ha disminuido cerca del 36%.

Estaban a la espera de juicio

¿Por qué este cambio de tendencia? La razón que esgrime la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip) coincide con la que aporta el Ministerio del Interior. Ha habido un cambio en la política que gestiona la distribución de presos por las cárceles españolas. Hace aproximadamente tres años la entonces Secretaría de Estado decidió paliar el colapso que sufría el centro madrileño de Soto del Real repartiendo internos en prisiones cercanas. Debido a la proximidad geográfica, la cárcel segoviana de Perogordo recepcionó a más de un centenar de reclusos procedentes de allí, señala la organización profesional. Estos reos se hallaban en situación de preventivos, es decir, a la espera de juicio. Durante el verano de 2010 se vivieron las mayores saturaciones. Con los juzgados de vacaciones en agosto, el centro penitenciario de Segovia llegó a superar el volumen de los 650 reclusos. Aquella sobreocupación descendió de manera paulatina en los meses siguientes a medida que los inculpados pasaban por los tribunales madrileños.

Instituciones Penitenciarias admite aquel trasvase de internos procedentes de centros de Madrid que registraban una ocupación elevada y lo define como «traslados puntuales». Esa fue la causa principal que disparó la población reclusa en Segovia a finales de la pasada década. «Con el paso de los meses esta circunstancia se fue corrigiendo hasta llegar a la cifra actual», aclaran esas fuentes oficiales.

Por su parte, Centro de Inserción Social puesto en funcionamiento hace prácticamente un lustro junto a Perogordo sufre ahora una «infrautilización», señala Acaip. Estas dependencias penitenciarias, que se construyeron para acoger un máximo de 101 reclusos en régimen abierto, también estuvieron a rebosar cuando instalaciones madrileñas de las mismas características estuvieron en obras, lo que obligó a derivar a Segovia contingentes de internos en tercer grado.

Bajas de personal

Aquellas saturaciones han dejado de ser el principal quebradero de cabeza, deja entrever en su análisis la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias. Sin embargo, la organización sí llama la atención sobre una vieja carencia que se ha acentuado con la aplicación de determinadas políticas restrictivas adoptadas por la Administración General del Estado sobre el funcionariado público. La escasez de efectivos de control fue más patente y acuciante en las épocas álgidas de la masificación de la población reclusa. Hoy el problema son los recortes.

Según pone de relieve Acaip, «no salen concursos de traslados porque no hay una oferta pública». El trauma de las deficiencias laborales persiste a día de hoy. Solo la acumulación de turnos y la cobertura que se hacen entre los propios compañeros solucionan el trance que provoca una baja. Así es complicado que se cubran las vacantes. Este verano la plantilla de vigilancia en el interior del centro ha perdido diez plazas, detalla la agrupación.

Menos conflictividad

El hecho de que la población reclusa haya menguado en estos últimos dos años también se ha dejado notar en una menor tensión en el recinto carcelario, percibe Acaip. El hacinamiento desbordante era un imán para la conflictividad. Tampoco ahora Perogordo es una balsa de aceite. Por ejemplo, el Ramadán que acaba de terminar pone a prueba la paciencia de los funcionarios con los internos musulmanes a los que la falta de sueño y el hambre del ayuno les aumenta la irascibilidad.

Asimismo, la falta de higiene que arrastran algunos presos ha provocado que este año se detectara una plaga de chinches.

La falta de cobertura de vacantes bloquea el relevo en las Fuerzas de Seguridad

Los recortes en la Función Pública y la dichosa crisis también afectan a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Los sindicatos que las representan viven pendientes de los movimientos de ficha que hace el Gobierno. La experiencia piloto puesta en marcha recientemente por el Ministerio del Interior en 21 prisiones del país de reforzar su control con efectivos externos es vista con recelo como una maniobra para acometer la privatización de la vigilancia de los centros penitenciarios. En Castilla y León el proyecto ya está en marcha en Valladolid, León, Palencia y Salamanca.

De momento, la cárcel de Segovia se libra; aunque centrales profesionales como la Unión Federal de Policía (UFP), vinculada a la Unión General de Trabajadores; la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip), o la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) no las tienen todas consigo y temen que si la iniciativa resulta eficiente para los intereses del Ejecutivo se amplíe a todo el entramado carcelario nacional.

La AUGC advierte de que la plantilla de la Guardia Civil se encuentra «inmovilizada». La agrupación lamenta la ausencia de relevo en el Instituto Armado debido a que «no salen vacantes ni para rellenar ni para salir». La organización ve muy complicada la movilidad geográfica de agentes que quieran acogerse a un destino que les interese. La Comandancia provincial «solía ser de paso» para efectivos que prestaban servicio durante dos o tres años antes de aspirar a otro lugar y desempeño; en la actualidad «las salidas se han bloqueado», se queja la AUGC, que advierte de la falta de cobertura de las bajas por juilaciones o retiros.

Este mismo temor cunde entre la representación laboral del Cuerpo de la Policía Nacional. La UFP criticaba hace poco a la Administración General por la inexistencia de ofertas públicas de empleo, lo que pone en riesgo el relevo generacional. Esto ocasiona que «la tasa de reposición esté congelada», alertan sus portavoces. A día de hoy, en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado hay más salidas de agentes que entradas.