Procesan a un teniente de la Guardia Civil por una presunta estafa en el ámbito militar

El Tribunal Militar Territorial Cuarto, con sede en La Coruña, ha dictado un auto por el que procesa a tres oficiales de la Guardia Civil y al propietario de una empresa de mudanzas de Palencia, por haber cometido un delito contra la Hacienda militar, y otro de deslealtad en el servicio, por unos hechos relacionados con el cambio de destino de un teniente de la Benemérita, que actualmente presta servicio en el cuartel vallisoletano de Villalón de Campos.

Aunque los hechos han sido investigados durante dos años por la jueza Togado Militar número 42 de Valladolid, el órgano superior castrense de Galicia ha decretado su inhibición de la causa y su traslado a la jurisdicción ordinaria en favor del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Carrión de los Condes. La titular de este órgano, Paloma Lázaro, ha citado a declarar a los cuatro procesados para el próximo miércoles 30, en Carrión de los Condes, en este caso por presunto delito de estafa.

La investigación castrense comenzó en marzo del 2014 tras la denuncia formulada por un agente de la Guardia Civil destinado en el Destacamento de Tráfico de la localidad palentina de Herrera de Pisuerga. Según el entonces delegado de la Asociación Profesional Unión de Guardias Civiles (UGC), el teniente, F. J. S. V., de 41 años, había sido trasladado en mayo del 2012 a esa unidad, y le fue adjudicada una vivienda en uno de los pabellones del cuartel de Herrera.

Con posterioridad, el 10 de enero de 2013, el teniente solicitó la indemnización por traslado de residencia, declarando unos gastos por transporte de mobiliario, entre las localidades de Grijota y Herrera, por un importe de 1.875 euros, cantidad que de acuerdo con la normativa interna de la Guardia Civil le fue reconocida por sus superiores tras aportar la factura correspondiente.

Tres presupuestos

Según consta en el sumario, el teniente presentó además otros dos presupuestos, uno de una empresa de Valladolid y otro de León, pero se eligió el más barato. La jueza Togado Militar, Pilar Prieto de las Heras, recoge en su auto de procesamiento que el oficial cobró también de la Guardia Civil tres días de dieta completa por cada uno de los miembros de su familia (mujer y dos hijos), así como el kilometraje del vehículo particular, lo que sumó otros 1.255 euros más. En total 3.130 euros.

En el escrito de calificación del fiscal jurídico militar se señala que «el uso que se hizo del pabellón asignado al teniente no se corresponde con el que implicaría la residencia efectiva en el mismo, pues no consta que en dicho pabellón se hubieran efectuado consumos de suministros eléctricos, o que estos eran mínimos». Durante la instrucción se solicitó también un informe a la empresa Aquona, que presta el abastecimiento de agua en Herrera de Pisuerga, en el que se manifiesta que el teniente «no figura como abonado a dicho servicio».

En las diligencias figura también el dueño de la empresa de mudanza Nozal, F. J. N. M. respecto al que la jueza militar considera que extendió una «factura por una mudanza que nunca llegó a realizar», y con el objetivo de que el teniente percibiera la cantidad por traslado.

Durante la instrucción declararon ocho guardias civiles del Destacamento de Tráfico, varios de los cuales señalaron que el oficial ni su familia «vivían en el pabellón», puesto que llegaba a la unidad diariamente desde Palencia, junto al agente asignado como conductor. Sin embargo, el teniente aseguró que sí vivía en el pabellón «durante los servicios», aunque realizaba consumos mínimos de luz y llegó a pagar la tasa de basuras.

El traslado a la jurisdicción civil es consecuencia de la reforma del Código Penal Militar (CPM) que entró en vigor este año, y que conlleva la aplicación de penas más favorables. El fiscal jurídico de La Coruña accedió el pasado verano a la petición de los letrados de algunos de los acusados. Sin embargo, el letrado del teniente, que asiste a la Unión de Oficiales de la Guardia Civil, ha mantenido el sobreseimiento definitivo de las actuaciones, aunque subsidiariamente solicita la remisión a la vía administrativa de las mismas.

Ahora la jueza de Carrión de los Condes, que se hace cargo de las diligencias, deberá determinar qué tipo penal es aplicable a la causa instruida por la comandante jurídico Pilar Prieto.