La oposición exige a la Junta que resuelva «con el mayor apremio» la situación de Aimar

Los grupos parlamentarios, a excepción del Partido Popular, exigieron ayer a la Junta que cumpla con la resolución aprobada el pasado 21 de septiembre por todas las formaciones políticas de las Cortes y ponga en marcha un servicio de atención sanitaria itinerante con el fin de que Aimar un chico de 14 años, de Tordesillas, con parálisis cerebral pueda volver a clase de forma inmediata (lleva 16 meses sin acudir), ya que el parlamento regional había acordado que una enfermera atendiera al joven en el colegio Pedro I.

Los responsables de los partidos de la oposición instan al Ejecutivo autonómico a que resuelvan esta situación con el mayor apremio. El portavoz socialista, Luis Tudanca, incluso ha requerido al presidente, Juan Vicente Herrera, para que tome cartas en el asunto, dado que los consejeros de Sanidad y de Educación, Antonio María Sáez Aguado y Fernando Rey, respectivamente, no logran ponerse de acuerdo en quién debe hacerse cargo de la resolución. Tudanca, además, esgrime que la Junta debe acatar la resolución «porque se trata de un derecho básico».

«Ahora el debate no es el de porqué la familia no ha aceptado otras soluciones, la cuestión es que el Gobierno regional debe garantizar la educación de Aimar», sostiene Tudanca, quien añadió:«¡Bien que presume la Junta y se pone dieces cuando habla de la sanidad, la atención a la dependencia y la educación de Castilla y León!».

Ante la falta de cumplimiento de la resolución, el Partido Popular, con mayoría en el Parlamento, evita opinar, y recuerda que los grupos parlamentarios ya ratificaron el personal sanitario para Aimar y los alumnos que se encuentren en su misma situación. Quienes sí consideran que se debe reclamar el cumplimiento de la iniciativa parlamentaria es el resto de formaciones. Desde Podemos, su portavoz en las Cortes, Pablo Fernández, califica la inactividad de la Junta de «abominable». «Es una absoluta vergüenza que Sanidad incumpla las leyes existentes», sostiene y, a la vez, tilda el comportamiento del ejecutivo de «infamia».

«Han mostrado falta de respeto con lo que se aprueba en las Cortes», apunta. En la misma línea se expresa David Castaño, procurador de Ciudadanos. Para el responsable de la formación naranja, las resoluciones se deben cumplir, y recuerda que aunque la Junta está acostumbrada a cumplir cuando ellos precisan, este caso requiere de urgencia. El malestar por el incumplimiento de la iniciativa es común entre las filas del Grupo Mixto (IU-EQUO). El portavoz de IU, José Sarrión, reconoce que se siente «cabreado al cubo». «Estoy decepcionado», considera: «Rebasa los límites de la decencia política». Para Sarrión, que promovió la proposición no de ley de Aimar, recuerda que todas las normativas avalan a la familia y que la Junta vulnera los derechos de las personas con discapacidad. «La discriminación es evidente», espeta, y aclara que la familia de Aimar está en su derecho de no trasladar al menor a ningún otro centro ni a recibir las clases en su casa. «Es una tomadura de pelo», sostiene, y avanza que saldrán a la calle para reivindicar los derechos de Aimar y de niños que se encuentren en su misma situación.

La madre de Aimar, Remedios Nava, insiste en que su hijo tiene derecho, «como cualquier otro niño, a recibir educación en su centro educativo». «La Junta regatea un servicio que es un derecho», espeta. Respecto a las soluciones aportadas por la Consejería de Educación (la administración ha propuesto a la familia que Aimar asista al aula sustitutiva con apoyo de personal sanitario del centro de salud local), Nava piensa que son «absurdas» y «discriminatorias». «Muchos padres se resignan porque este tipo de batallas son muy duras, pero yo lo único que busco es lo mejor para mi hijo», asegura. «Aimar me ha enseñado durante estos 14 años que lo mejor para él es estar en contacto con otros niños, porque estimulan su aprendizaje», explica.