Crónica negra

Lidia y José Antonio, las víctimas del único asesino reincidente de Valladolid

Cometió su primer crimen la madrugada del 30 de julio de 1992. Ramón Mazariegos -de entonces 20 años- esperó a que la limpiadora del bar Cuchus, Lidia Rabanillo, abriese el local a las 6:30 horas. Conocía los horarios porque había trabajado allí, aunque había sido despedido el 13 de julio de aquel año, después de solo dos semanas de trabajo. Cuando la mujer -de 64 años- llegó, la convenció para que le abriera con la excusa de buscar unas llaves que se le habían olvidado en el bar, situado en la plaza de San Juan.

Una vez dentro, intentó dejarla inconsciente golpeándola con el casco de una botella, pero al no lograrlo utilizó un cuchillo de cocina que portaba consigo y le asestó multitud de cuchilladas, algunas mortales. Se llevó el dinero de la máquina registradora, de la tragaperras y de la del tabaco. Unas 70.000 pesetas. Huyó de inmediato.

Horas después, quedó con dos amigos y les regaló gran parte del dinero robado. El resto ya se lo había gastado en comprarse ropa en Continente, ya que la que llevaba estaba llena de sangre. Un vigilante del hipermercado descubrió que se deshizo de esa ropa y la tiró en una escombrera cerca del multicentro oculta en una bolsa. Junto a esta ropa, estaban las etiquetas de la nueva.

También fueron clave las huellas encontradas en el cuchillo de cocina y en las máquinas de tabaco y tragaperras, de donde consiguió el botín. Mazariegos fue detenido el 3 de agosto, tan solo 72 horas después de los hechos, y confesó el crimen ante la Policía y el juez.

Ramón Mazariegos había cumplido tres meses de arresto en la Prisión Militar de Alcalá de Henares por robar cuando estaba haciendo el servicio militar en La Coruña. Estuvo preso por un delito «contra la Hacienda en el ámbito militar». Sustrajo cinco pares de botas, una caja de herramientas, un teclado de ordenador, dinero, enseres y objetos pertenecientes a otros soldados que después vendía.

Hijo de un policía municipal, fue expulsado de casa por sus padres, así que se encontraba en la calle. Esta circunstancia explicó su forma de actuar para obtener dinero, la necesidad de comprarse ropa nueva y porqué su familia no denunció su desaparición.

Según su abogado, Mazariegos estaba en estado de trastorno mental cuando cometió el crimen y solicitó reducir la condena. Para el letrado, esta circunstancia debía ser tenida en cuenta. Los médicos que testificaron afirmaron que Ramón padecía un «trastorno disocial de la personalidad», pero que no estaba enfermo y que actuó de forma «voluntaria y finalista» siendo imputable por sus actos.

«No sabía cómo decirle a mis padres que me habían despedido», comentó en el juicio. También declaró que si llevaba un cuchillo era «para tener más valor» y que no tenía pensado utilizarlo. Fue condenado a 28 años de prisión. Con un expediente penitenciario impoluto, solicitó la libertad condicional y se le concedió. Solamente pasó once años en la cárcel, ni la mitad de la condena. A su salida, en verano de 2004, se instaló en Parquesol.

La noche del 15 al 16 de enero de 2005 se convirtió en el primer asesino reincidente de la historia de Valladolid. Engañó por teléfono a José Antonio S. L., de 33 años y vecino de Santovenia, con el pretexto de mantener relaciones sexuales y le llevó en su coche -la víctima no tenía carnet de conducir- a un pinar de Puente Duero, cerca de la carretera de Villanueva. Una zona de difícil acceso y sin posibilidad de pedir auxilio.

Allí, Mazariegos le mató porque no le dio el pin de su tarjeta. Además le robó la cartera. Su cadáver fue encontrado por dos ciclistas la mañana del domingo 16 de enero. La autopsia concluyó que la víctima fue sujetada por el cuello y recibió una puñalada en el tórax, que le penetró hasta la base del cuello provocando que muriera desangrado por un shock hemorrágico. El objeto punzante de un solo filo tenía entre diez y doce centímetros de largo y dos de ancho.

Antes de la puñalada, le sometió a «una tortura salvaje» hasta que le reveló el número secreto. Acumulaba hasta cinco hematomas junto al labio debido a varios puñetazos y otros veinte en las piernas fruto de patadas. El asesino arrastró unos cien metros el cadáver para dejarlo entre unos matorrales del paraje.

Esta vez no iba a ser atrapado tan rápido ni a reconocer los hechos como en su primer crimen, en 1992. De hecho, tardó más de un año en ser detenido. Una de las claves fue que su número de teléfono aparecía en la agenda del móvil de la víctima. Entonces tuvo que confesar que había mantenido relaciones sexuales esporádicas con José Antonio.

Otra fue que los investigadores consiguieron aislar el ADN del asesino reincidente de un trapo con sangre que apareció en una cuneta cercana y que en la inspección ocular del coche de Mazariegos se hallaron tres gotas de sangre de la víctima.

En el juicio, celebrado en septiembre de 2007, Mazariegos inculpó a dos marroquíes. Dijo que fueron a comprarles droga y que los cuatro viajaron en coche a Puente Duero, donde los dos marroquíes para «cobrar una deuda» mataron a José Antonio.

Trató de justificar los intentos para extraer dinero en metálico de la tarjeta del fallecido explicando que aquella noche los marroquíes le obligaron a conducir hasta Valladolid capital para llevarles a cajeros y que probaron, sin éxito, en dos ocasiones ya que la cuenta no tenía fondos, algo que desconocía. Nadie le creyó. No se encontró ninguna prueba sobre la existencia de esos marroquíes.

Fue condenado a 29 años de prisión por dos delitos: asesinato con alevosía y ensañamiento y robo con violencia. Así como a un destierro de 35 años de Valladolid y Santovenia, donde vivía la familia de José Antonio. Además, de indemnizar a la madre del fallecido con 90.954 euros.

Pero el abogado de la familia del asesinado en Puente Duero fue aún más allá. Defendió que Mazariegos nunca tenía que haber pisado la calle antes de cumplir la condena por el primer crimen y reclamó al Ministerio del Interior indemnizar a la familia. En 2011, los jueces le dieron la razón y el Estado tuvo que pagar 100.000 euros en concepto de indemnización por responsabilidad patrimonial, aunque los familiares reclamaban 300.000 euros.

Mazariegos solicitó en 2013 su excarcelación y en 2022 su indulto, pero ambas peticiones fueron rechazadas. Cumple condena en la prisión de Burgos, centro al que llegó en marzo de 2022 tras pasar por Villanubla, Dueñas (Palencia) y El Dueso (Cantabria).

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