Una jueza paraliza el traslado en autocar al existir «todavía amenaza terrorista»

El Juzgado de lo Social número 3 de Valladolid ha rechazado la petición de los sindicatos UGT y CGT para que los empleados civiles que desempeñan sus funciones en la Agrupación de Apoyo Logístico número 61 (Aalog), que ha ocupado durante años el acuartelamiento del Paseo de Zorrilla en La Rubia, sean trasladados en autocar hasta la nueva sede de esta unidad, que desde el año 2012 se encuentra en la base del Empecinado, de Santovenia de Pisuerga.

Estos viajes fueron suspendidos en el año 1995 por el Ministerio de Defensa tras considerar que con los trayectos en autobuses se ponía en riesgo tanto al personal militar como al civil, respecto a las acciones terroristas cometidas por ETA.

Durante casi dos décadas, los sindicatos asumieron esta decisión ministerial, realizando los viajes al cuartel de La Rubia en vehículos propios, autobuses urbanos o a pie. Sin embargo, con la nueva situación generada por la concentración de unidades militares en bases ubicadas a las afueras de las ciudades, los traslados, según dicen los sindicatos, suponen un coste económico añadido para el personal, que se ha visto afectado en los últimos años por la congelación y los recortes salariales. Por ello, pidieron que se aplicara el convenio colectivo.

Desde el centro de Valladolid hasta las instalaciones militares de Santovenia hay unos 18 kilómetros de media, un traslado diario que afecta no sólo al personal civil (68) de la Aalog 61, sino también al militar de otras dos unidades que están allí asentadas (Regimiento de Caballería Farnesio 12 y el Grupo de Reconocimiento). Más de 1.700 personas, entre civiles y militares, trabajan en dicha base.

Precisamente, la nueva sentencia de la Aalog, que conlleva la inaplicación de uno de los artículos del convenio colectivo suscrito por los sindicatos y el Ministerio de Defensa, tiene indirectamente una traslación al resto de unidades. En el convenio se establecía el derecho de los trabajadores civiles de contar con un servicio de autocares hasta su centro de trabajo.

La Abogacía del Estado, en representación del Ministerio de Defensa, se opuso por razones de seguridad y por la inexistencia de partidas para estos transportes. «No existen créditos para hacer frente al transporte del personal civil de la Aalog 61», argumentó Defensa que, no obstante, reconoció que los autocares con que cuenta se utilizan para actividades de instrucción.

Respecto a la amenaza terrorista, la jueza sostiene en la sentencia que aunque «ciertamente no puede desconocerse que la situación ha mejorado, pese a que no pudiere confirmarse su desaparición, en concreta relación con la banda terrorista ETA, se sigue manteniendo desde hace tiempo el mismo nivel de alerta A+ (...) que desaconseja el empleo del transporte colectivo que se pretende a la nueva ubicación» de Santovenia.

En su resolución hace suyos los argumentos del Ministerio que sostenía además que existía un riesgo en el traslado hasta la Base del Empecinado en autocar, ya que ese «un único itinerario por la carretera del Cementerio».