La juez de Sevilla archiva el fraude en los cursos de formación y lo reduce a «irregularidades administrativas»

La jueza María Núñez Bolaños.
La jueza María Núñez Bolaños. / Efe
  • En un auto, entiende que no se ha podido constatar “la existencia de una red clientelar”

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El juzgado de instrucción 6 de Sevilla ha dictado hoy el archivo de la pieza inicial sobre el supuesto fraude de los cursos de formación financiados con fondos de la Junta de Andalucía, que afectaba a 24 exaltos cargos de la Junta como el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, al entender que “no se ha constatado la existencia de una red clientelar” y que únicamente se habrían producido “posibles irregularidades administrativas”.

El archivo se produce tras la petición en ese sentido realizada por la Fiscalía Anticorrupción el pasado mes de septiembre, que ya advirtió que con los testimonios y pruebas practicadas no quedaba acreditada la existencia de un delito de prevaricación por parte de los altos cargos investigados, entre los que se encontraban los ocho delegados provinciales de Empleo y varios exaltos cargos del Servicio Andaluz de Empleo (SAE). Ahora, la juez concede que “no resulta significativo” que entre las más de 18.000 subvenciones otorgadas entre 2007 y 2012 haya 39 empresas que tienen alguna vinculación con el partido socialista.

El auto desmonta así la tesis esgrimida por la primera instructora del caso, la juez Mercedes Alaya, que insistió en la existencia de una red clientelar que vinculaba con los ERE fraulentos. Asimismo, la actual instructora reprocha a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil el “error del que se parte” al señalar que “una subvención no está justificada”. “No todas las subvenciones que dice la UCO no estar justificadas efectivamente no lo están”, abunda la magistrada, pero “el fraude no es sinónimo de prevaricación o de malversación, el menoscabo de fondos públicos tampoco”.

Y concluye que “investigar sobre la base de teorías o hipótesis formuladas por Cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado que se sostienen en la existencia de irregularidades administrativas cuando, como hechos objetivables, sólo constan esas posibles irregularidades administrativas, podría suponer una vulneración de los principios de legalidad, seguridad jurídica e intervención mínima del derecho penal”.

La causa de los cursos de formación se destapó en primavera de 2014, cuando desde fuentes policiales se deslizó que se estaba investigando el destino de los más de 3.000 millones de euros concedidos en ayudas a la formación para el empleo. Denunciantes particulares destaparon que algunas empresas incumplían los compromisos de contratación al finalizar las clases, o se falseaban listados de alumnos o asistencia. También sacaron a la luz que había empresas que se creaban exprofeso para solicitar la ayuda, ya que se pagaba el grueso de la subvención nada más solicitarla y había que justificar la actividad para recibir el resto. Las denuncias llegaron a juzgados de las ocho provincias andaluzas, que ordenaron numerosas detenciones en el marco de la conocida como operación Edu, e incluso se abrió una pieza, la que ahora se archiva, para investigar si desde la administración pública se colaboró de alguna manera con el supuesto fraude.

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