La justicia gratuita: un derecho para más, con menos

Es un derecho constitucional que está obligada a prestar la Administración General del Estado a todas las personas que acrediten no tener recursos para litigar. Pero, como pusieron de manifiesto ayer los ponentes de la primera mesa del III Ciclo de Justicia, la aplicación de este derecho no es tan sencilla como parece desprenderse a primera vista del artículo 119 de la Constitución. En plena revisión por parte del ministro de Justicia, Rafael Catalá, que pretende tener completada la reforma de la Ley antes de final de legislatura y que ya ha anunciado que destinará seis millones de euros para mejorar el servicio, esta reforma es vista con mucho recelo, principalmente, por los abogados del turno de oficio, que son quienes la tienen encomendada y parece que lo hacen con un plus de «voluntarismo» más que con los recursos económicos adecuados.

Javier Martín García, representante del Colegio de Abogados de Valladolid en la Comisión Provincial de Asistencia Gratuita y coordinador del turno de oficio, indicó que, al haberse ampliado la tipología de los beneficiarios (con víctimas de violencia machista o terrorismo, menores, lesionados de accidentes graves...) la partida presupuestaria es insuficiente para sufragar los costes que conlleva la asistencia letrada. Lo que se ha conseguido con las tasas, y en ello estuvieron todos los ponentes de acuerdo, ha sido reducir el volumen de asuntos que entran en los juzgados, sobre todo en segunda instancias, tal y como corroboró el juez decano de Valladolid, Ignacio Segoviano.

El representante del turno de oficio consideró poco menos que inapropiado que se siga justificando por el Gobierno el mantenimiento de las tasas judiciales con el argumento de que su recaudación va a servir para mantener este servicio. «Dos años después de la implantación de las tasas, se desconoce dónde se han invertido los 512 millones de euros recaudados hasta julio de 2014 por este concepto», subrayó. En el desglose de esa cuantía, en Castilla y León se recaudó por las tasas judiciales 4,75 millones de euros y, de ellos, 1,2 millones en Valladolid. Si se tiene en cuenta que el coste total del servicio en la comunidad fue de 7,7 millones y de 1,5 millones en Valladolid, «claramente en la región las tasas no dan para sufragarlo», remachó Martín, quien calificó de «caramelo» esta identificación de las tasas con la justicia gratuita, «destinado a distraer y parar las movilizaciones de la Abogacía».

En el Día de los Derechos Humanos (ayer) cuando los observadores internacionales han situado, entre las «diez áreas de crisis» en España, a la justicia gratuita en el cuarto lugar de los derechos que se vulneran, solo por delante de la frontera sur y los inmigrantes, los desahucios y la pobreza infantil, este servicio «desjudicializado» es muy desconocido, «incluso dentro del estamento judicial», anotó Martín.

Y es un servicio muy complejo, como explicó la Abogada del Estado Jefe de Castilla y León, en el que coparticipan, cada 15 días, tres administraciones sin dependencia jerárquica (preside un fiscal y son vocales los representantes de abogados y procuradores, el abogado del Estado y un secretario de la Gerencia de Justicia o funcionario de nivel superior) y para que funcione bien el engranaje es preciso «un buen entendimiento» entre todas ellas. De hecho, subrayó que en las provincias donde las instituciones que coparticipan no tienen buenas relaciones «se nota mucho» en la eficacia del servicio. En la Comisión Mixta de Justicia Gratuita, el papel de la representante de la Administración es verificar si un ciudadano tiene derecho a la justicia gratuita, bien directamente porque está categorizado en la la Ley 1/1996 de Asistencia Jurídica Gratuita y su desarrollo posterior, o bien porque acreditan insuficiencia de recursos para litigar.

Dificultades

La solicitud se tramita por el Colegio de Abogados y se resuelve por la Comisión de Justicia Gratuita y su impugnación, si la petición no es estimada, se enjuicia, en una sola instancia, por los tribunales de justicia. El Estado retribuye, vía subvención, a los Colegios de Abogados, pero los del turno de oficio se quejan porque no siempre tienen garantizado el cobro de lo que les ha costado su asistencia legal pues ocurre que si se desestima la solicitud a su cliente, pueden no cobrar, ni del Ministerio ni de su cliente.

Otra nota de complejidad que indicó Silvia Ortega es que la justicia gratuita solo se le reconoce a quien la solicita, es un procedimiento que se inicia siempre a instancia de parte; «pero, por extraño que pueda parecer, no siempre quien necesita que se le reconozca este derecho está dispuesto a firmar siquiera la solicitud inicial y hasta dan direcciones falsas o de comedores sociales...», se lamentó. Estas situaciones, de hecho, subrayó, se dan con frecuencia en la jurisdicción penal, donde el derecho de justicia gratuita está más estrictamente vinculado al derecho de tutela judicial efectiva.

Los trámites a salvar funcionan en la práctica como un elemento disuasorio. No obstante, puntualizó Ortega Comunian, «ha agilizado mucho los procedimientos el poder acceder a bases de datos de la Agencia Tributaria, Tráfico,... lo que permite verificar con rapidez la situación del solicitante y eso lo agradecen mucho».

Pero, por mucha buena voluntad que se ponga por las partes en un servicio complejo como este ocurren paradojas, como indicó el magistrado Segoviano: «he conocido a quien se la han denegado mientras el banco le ejecutaba la vivienda: así que se quedó sin una cosa ni la otra».