Borrar
Cabero, Lima y Álamo posan en el Edificio Histórico de la Usal. / Almeida
Trabajo Social teme perder el 40% de sus empleos por la reforma local
UNIVERSIDAD

Trabajo Social teme perder el 40% de sus empleos por la reforma local

Su presidenta nacional augura que la aplicación de la controvertida ley «destruirá» la red de servicios sociales de los ayuntamientos

R. R.

Viernes, 7 de febrero 2014, 13:38

Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad.

Compartir

La presidenta del Consejo General del Trabajo Social, Ana Lima, trazó ayer un augurio casi apocalíptico de los calamitosos efectos que conllevará la polémica Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local sobre los servicios sociales de los ayuntamientos españolas. Según sus previsiones, la cacareada reforma local ocasionará «la destrucción del 40% del personal que trabaja en los servicios sociales» de los consistorios. Lima enfatizó su discurso al pontificar también que la futura ley, que entrará en vigor en el año 2016, tiene un carácter «puramente económico», ya que solo promueve «recortes y más recortes».

Lima trazó este sombrío panorama con ocasión de la conferencia que pronunció en la Facultad de Derecho, en la que profundizó en los efectos de la futura ley. En su opinión, las verdaderas intenciones del Gobierno del PP pivotan sobre el fomento de «un sistema donde solo tendrá atención la persona que pague, y quien no pueda hacerlo, se le atenderá desde la beneficencia».

No en vano, el Consejo General del Trabajo Social, que agrupa en sus filas a los 37 colegios oficiales de Trabajo Social distribuidos por toda la geografía nacional con más de 40.000 colegiados, estipula que la reforma «desborda el modelo de servicios sociales que tanto ha costado construir durante los últimos 40 años», por lo que «renunciar a este modelo supone renunciar a los derechos sociales, y volver a la beneficencia y la caridad».

En su detallada enumeración de cifras, Ana Lima cuantificó que el Ejecutivo central pretende ahorrar, aplicando la tijera de los recortes, nada más y nada menos que 3.400 millones de euros con la aplicación de esta reforma, que «pone en grave peligro la subsistencia de millones de familias, empujándolas a a la exclusión y socavando sus derechos sociales fundamentales».

En el caso de Castilla y León, Lima otea un horizonte tremendamente oscuro, dado que la controvertida ley, según sus particulares vaticinios, resultará "especialmente dura" con nuestra Comunidad, porque al igual que sucede en regiones como Galicia, cuenta con municipios pequeños y una población muy dispersa. Además, recriminó al Gobierno del PP porque «está demostrando que para ellos lo público no es una apuesta y los servicios sociales dejan de ser un derecho».

Con el texto de la denostada ley en la mano, Ana Lima sentenció que la futura reforma local sepultará las competencias que venían asumiendo y prestando los servicios municipales de servicios sociales, de manera que las mismas se traspasarán, al menos teóricamente, a diputaciones y comunidades autónomas.

Sin embargo, el panorama se complicará todavía más si los Ejecutivos autonómicos echan balones fuera y se amparan en la falta de financiación para no dar peso y cometidos concretos a los servicios sociales transferidos a su organigrama. «Teniendo en cuenta el objetivo de déficit por el que pasan las autonomías, es de suponer que dejar en sus manos las competencias de los servicios sociales supondrá un recorte de las prestaciones que ofrecen, si no su desaparición», detecta el Consejo General del Trabajo Social en su tromba de críticas y diatribas contra una de las leyes más polémicas promovidas por el Gobierno de Mariano Rajoy.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios