La Junta impide en Valladolid la venta de raciones con insectos comestibles

Justo la semana en la que la FAO (el organismo internacional de Naciones Unidas sobre agricultura y alimentación) ha propuesto el consumo de insectos comestibles como fuente de nutrientes, la Junta de Castilla y León ha recordado que su venta y comercialización no está regulada en la Unión Europea por lo que, de entrada, está prohibida su oferta en bares, restaurantes o supermercados.

Y el aviso llega después de que varios técnicos de la administración regional visitaran el bar de la calle Ruiz Hernández que anunciaba en su carta la posibilidad de consumir hormigas o saltamontes como tapita junto a la cerveza.

Los sobres de insectos deshidratados con los parabienes sanitarios de su país de origen llegaban a Valladolid procedentes de Tailandia. Sin embargo, al desembarcar en Europea se han encontrado con un vacío legal (la UE analiza desde 2007 qué hacer con los insectos comestibles) que impide su venta. «Ha venido muchísima gente para probarlos, desde familias con niños hasta personas mayores», explica Marco Negroni, de La Pasión Café, que ha decidido no venderlos para evitar posibles sanciones. Los técnicos de la Junta, en las sucesivas visitas al bar, no han podido comprobar que allí se vendieran insectos comestibles. Y vistas las cosas, la propuesta de este local de la zona de la Universidad sigue el mismo camino que hace años tomó un puesto del mercado de La Boquería, en Barcelona, donde se vendían escarabajos fritos y listos para comer. Retirarlos de su oferta. Ante la falta de normas y en previsión de posibles problemas sanitarios, no se pueden vender.

Desde el Servicio de Vigilancia y Control Sanitario Oficial de la Junta, explican que una vez conocido el caso del bar de Negroni, la administración regional repasó la normativa autonómica sobre la venta y consumo de insectos como fuente de alimentación. No había nada. Se requirió información a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria. Tampoco. Y en la consulta a Europa se llegó a la misma conclusión. No hay normativa regional, nacional ni comunitaria que regule esta cuestión. «La UE tiene un comité de expertos en veterinaria que se encarga de analizar estos casos y todavía no ha resuelto nada», aseguran, para recordar que, en estos casos, prima la prohibición, «ya que no se trata solo de la seguridad alimentaria, sino también de la sanitaria y la ambiental». El problema es la dificultad para seguir la «trazabilidad» de estos productos; es decir, si proceden de granjas y qué tratamiento han recibido en sus países de origen...