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TERESA LA PUERTA
Jueves, 13 de diciembre 2012, 11:48
Una victoria más y, por ahora, un desahucio menos. Los integrantes del movimiento 15-M y algunos de los abogados de la plataforma Stop Desahucios consiguieron ayer su objetivo de evitar la subasta de la vivienda del barrio de Delicias en la que viven un matrimonio joven y sus dos hijas de corta edad, que hace ya año y medio que no pueden hacer frente a las letras del piso. Tal y como solicitaron los letrados, el Juzgado de Instrucción número 1 de la capital aceptó conceder a la familia 60 días de plazo para seguir negociando con Banco CAM, entidad con la que la familia tiene suscrita la hipoteca.
El hermano del propietario, Ángel Pita avalista, responsable subsidiario de la deuda y, por consiguiente, igualmente perjudicado si el desahucio llegara a ejecutarse se mostraba ayer satisfecho por el resultado del juicio y agradecía su apoyo tanto a los integrantes de la plataforma, como al equipo de letrados. «Ya estamos más tranquilos, porque yo también estoy desempleado y si se ejecuta el lanzamiento, voy detrás. Se siente una impotencia tremenda», dijo, momentos antes de comunicarle telefónicamente el resultado de la vista al principal afectado.
Antonio Pita y su mujer, de 30 y 29 años, respectivamente, viven en el inmueble de 63 metros cuadrados en la calle Mariano Miguel López junto a sus dos hijos, de dos años y nueve meses, respectivamente, y llevan dos años sin encontrar trabajo. El empleo por horas que ayer impidió al propietario acudir al juzgado junto a su hermano apenas le permite alimentar a su familia, por lo que no puede abonar las mensualidades del préstamo hipotecario suscrito en el año 2006 y, mucho menos, saldar la deuda contraída con la entidad en estos meses, así como los consiguientes intereses, más de 36.000 euros.
Pita ha pagado hasta la fecha 57.000 euros de los 152.000 del préstamo hipotecario, y el propósito de los letrados es que las negociaciones con la entidad culminen en la extinción de la deuda mediante la dación en pago de la vivienda ha sido tasada en 240.890 euros, por lo que el 60% ascendería a 144.534 euros. «Entrarían en los supuestos contemplados por el nuevo Real Decreto, pero nosotros no queremos llegar hasta el desahucio, queremos la dación en pago», explicaba ayer la letrada Victoria Hernando.
Medio centenar de personas se manifestaron a la puerta de los juzgados de la calle Nicolás Salmerón reclamando que se ponga fin a esta dramática consecuencia de la actual coyuntura económica y desplegaron una pancarta con el lema 'Paremos los desahucios. Sí se puede'. De hecho, la abogada Doris Benegas, que también participó en la defensa judicial de los intereses de los jóvenes, reconocía ayer que «las cosas están cambiando un poco» gracias, precisamente, a la presión social». «De hecho afirmó refiriéndose a la vista oral, hace unos meses el juez no nos habría ni atendido».
Una semana de protestas
La movilización de ayer forma parte de un conjunto de medidas de protesta del movimiento 15-M Valladolid que, bajo el lema 'Semana Soluciones Reales Ya, ni un desahucio más', comenzaron el lunes con un ciclo de conferencias. Ayer, tras la paralización del procedimiento de desahucio, los integrantes del movimiento realizaron un 'pasacalles bancario', consistente en un desplazamiento por algunas de las oficinas y entidades de la ciudad con el objetivo de «recordar a la banca que seguiremos movilizándonos y ocupando sus sedes de forma no violenta, hasta que den soluciones reales a las familias afectadas», según explicaron.
La semana se clausurará el sábado, día 15, con una manifestación que comenzará a las 18:00 horas en Plaza Zorrilla y finalizará en Plaza Mayor. El objetivo, «terminar con la injusticia» que suponen los desahucios y «exigir a la clase política» que defienda el derecho de la Constitución a tener una vivienda digna», tal y como se explica en el comunicado de la convocator
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