La Alta Velocidad acapara el 60% de la inversión en Valladolid

El proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el próximo año prevé una inversión de 325 euros por cada vallisoletano, lo que significa 94,9 euros más que la media inversora por habitante en el resto de las provincias españolas, y se traduce en un montante total de 171 millones de euros. El subdelegado del Gobierno en Valladolid, José Antonio Martínez Bermejo, puso el acento en este dato en la lectura que ayer hizo del borrador de los Presupuestos Generales del Estado; al igual que hiciera el día anterior el delegado del Gobierno en la región, Ramiro Ruiz Medrano y, tan solo unos minutos antes en la sede del Partido Popular, los parlamentarios Alberto Gutiérrez e Ildefonso Pastor.

Pese a su esfuerzo del PP por tratar de mostrar la botella de leche medio llena, Martínez Bermejo reconoció que los datos porcentuales que sitúan a Valladolid bastante por delante de provincias como Barcelona, Valencia, Zaragoza o La Coruña nacen de las abultadas partidas que el Gobierno de la nación destinará a la Alta Velocidad a su paso por la provincia. La apuesta del Estado por las infraestructuras ferroviarias hacia Zamora, León y Galicia, «convertirán a Valladolid en un punto estratégico de comunicación con el norte y el noroeste de la provincia», apostilló el subdelegado. Pero lo cierto es que el AVE acapara el 60% de las partidas inversoras (101 millones de euros entre las del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias y las del Ministerio de Fomento) e impide ejecutar cualquier otro proyecto de calado en la provincia.

Toda regla tiene su excepción, que en este caso es la del remate de la vía rápida entre Valladolid y Villanubla, 15,3 kilómetros, que sí se acometerán el próximo año y que en el proyecto presentado el sábado cuentan con algo más de 11 millones de euros de consignación pesupuestaria. Por lo demás, destacar el millón y medio de euros que se invertirán en la conclusión de las obras de la Ronda Sur (2,4 kilómetros), o las partidas que Fomento destina a la conservación y mejora de la red viaria (11,4 millones de euros, a los que se suman otros 14 millones del pago de expropiaciones pendientes), que Agricultura invierte en la restauración de riberas (2,2 millones) o en el Plan Nacional de Calidad del Agua (2,7 millones).