En enero cumplió 13 años y no sería noticia si no fuera el niño de El Royo y lo hubiera hecho en un centro de acogida de Salamanca. Desde la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ni confirman ni desmienten la situación y el lugar de residencia de Diego L. B., porque deben «proteger el derecho a la intimidad y la privacidad del menor», pero fuentes conocedoras del caso señalan que el adolescente reside en un centro público, en el que en la última etapa había tenido un régimen de visitas familiares y de salidas bastante amplio. En diciembre pasado, la comisión de valoración se reunió para abordar cambios en las medidas de protección del menor, resolución que la Junta se ha visto obligada a notificar a los padres, Luis Eusebio y Margarita, a través del Boletín Oficial de Castilla y León, a finales de enero. Es el procedimiento que se sigue cuando los responsables públicos no localizan a los afectados.
La vida de Diego ha estado marcada por la enfermedad de sus padres, las decisiones judiciales y un amplio expediente en el servicio de protección de menores de la Junta. Fue entregado en régimen de preadopción, con cinco meses de edad, a un matrimonio de la localidad soriana de El Royo, que tuvo que devolvérselo de forma traumática a la Junta cuando el pequeño no había cumplido los dos años, por orden judicial. Un juez salmantino dio la razón a la madre biológica y estableció que el niño residiera en Salamanca para que mantuviera contacto con sus progenitores biológicos. El padre padece esquizofrenia (ha estado ingresado en prisión y en un centro psiquiátrico por incendiar la vivienda familiar) y la madre un trastorno bipolar que provoca la alternancia radical de periodos de euforia exagerada con otros de fuerte depresión.
Desde entonces, Diego vivió con unos meses con una tía materna, que desistió de cuidarlo por las «amenazas» de Margarita, la madre biológica y ha ingresado al menos cuatro veces en un centro de menores por constatarse situaciones de desatención. Los episodios más llamativos tuvieron lugar en 2003, cuando fueron detectados en el metro de Madrid –previsiblemente pidiendo limosna, aunque la madre negó entonces este extremo– en situación de «desamparo», y en 2007. Margarita y Diego residían por aquel tiempo en una casa de Ciudad Rodrigo con problemas en el suministro de agua corriente y con reiteradas faltas de asistencia a clase del pequeño, que obligaban a los agentes de la Guardia Civil a ir a buscar al niño a casa para llevarlo al colegio.
