Zamora

El lío con el Puente de Piedra: año y medio de obras, nueve meses de retraso y no cumple con la normativa

El Consistorio zamorano aprobó, en diciembre de 2022, el expediente y el pliego de condiciones para la contratación de las obras de reposición del pavimento del puente, así como la ejecución de un nuevo pretil y la dotación de una nueva iluminación, con un presupuesto de 1.493.759,30 euros. El plazo de ejecución previsto era de ocho meses.

En dicho expediente, se concreta que el pretil deberá medir 40 centímetros de ancho y 110 de alto en toda la longitud del puente, para, de esta manera, cumplir con lo que establece – al respecto de las características que deben tener los denominados «elementos de protección personal»– la Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y la utilización de los espacios públicos urbanizados.

Finalmente, las obras comenzaron en octubre de 2023, con la empresa Rearasa al frente del proyecto y la dirección del arquitecto Francisco Somoza.

Los contratiempos se fueron acumulando, entre ellos, los que se surgieron al desmontar la antigua barandilla, que provocó la caída de algunos sillares. En agosto de 2024, 10 meses después del inicio de la obra, el Ayuntamiento decidió conceder una prórroga de cinco meses, que establecía el 17 de enero como nueva fecha de entrega. La empresa alegó que la tardanza se debía a problemas con la empresa suministradora de piedra, y el Consistorio decidió no imponer ninguna sanción por el retraso.

En la nueva fecha estipulada, el puente seguía sin estar terminado, por lo que se otorgó una nueva prórroga de un mes y, de nuevo, sin multa. El 18 de febrero, el Ayuntamiento aprobó la tercera prórroga (también de una mensualidad), aunque, esta vez ya sí, la empresa debería pagar una multa de 677 euros por cada día de retraso. Y así se llegó al 25 de marzo en el que, aunque pudiera parecer lo contrario, nada había terminado.

Días después de la presentación, explica en conversación con El Norte de Castilla el concejal de Obras, Movilidad, Infraestructuras y Participación Ciudadana, Pablo Novo, los técnicos municipales comprobaron que la altura del pretil no cumplía con la normativa (que era lo estipulado en el proyecto): medía 104 centímetros y su altura tendría que ser de 110.

El edil deja claro que el principal responsable es el director de obra (que es externo al Ayuntamiento), puesto que fue él, «según su criterio y sin informar al Consistorio, el que decidió modificar la altura», subraya.

No obstante, Novo deja claro que no hay ningún peligro para el viandante y que, por ello, el Puente sigue abierto al público.

Además de no abonar a la empresa el último de los pagos, el Ayuntamiento propuso dos soluciones. Una, detalla Novo, «consistía en meter una especie de taco de seis centímetros, que no variaría su estructura, pero lo elevaría lo necesario para cumplir con la normativa». La otra pasaba por introducir un cable en la parte superior, «que salvase esa diferencia de seis centímetros».

Ambas propuestas fueron rechazadas por la Comisión Territorial de Patrimonio (dependiente de la Junta de Castilla y León). El delegado territorial de la Administración autonómica en Zamora, Fernando Prada, señaló que la propuesta de introducir piedras «distorsionaba el aspecto original del Puente».

Prada destacó que es un asunto que compete en exclusiva al Ayuntamiento, que es quien debe solventarlo «a través de sus servicios técnicos y aplicando la ley de contratos del sector público, que permite exigir responsabilidades a la empresa constructora o a la dirección de obra».