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El TSJ ratifica la condena al Chiqui por el doble crimen de SantoveniaEl Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha ratificado la condena de 42 años y medio de prisión impuesta por la Audiencia de ... Valladolid a Pablo Antonio Santamaría Herranz, conocido como 'El Chiqui', por el doble crimen de Santovenia ocurrido en el verano de 2022.
De esta forma, el desglose de las penas se mantiene en de 16 años y medio de privación de libertad por el asesinato (atenuante de estado pasional) de su vecino Dionisio Alonso, 18 años por el homicidio doloso con el agravante de atentado a la autoridad por la muerte del guardia civil Pedro Alfonso Casado, 6 años por la tentativa de homicidio al hijo de Dionisio (atenuante de estado pasional) y dos años de cárcel por tenencia ilícita de armas.
Los hechos tuvieron lugar en el número 8 de la calle Alfredo Martín de Santovenia los días 30 de junio y 1 de julio de 2022, cuando en el portal del inmueble de 'El Chiqui', tras ser aporreada la puerta del domicilio en el que residía su exmujer e hijas por parte de Dionisio. De manera sorpresiva, apunta el jurado tras apoyarse en las grabaciones de las zonas comunes del edificio, el acusado abrió la puerta y disparó a Dionisio con su fusil, un arma de guerra con más de cien años de antigüedad.
Junto a la primera víctima de esa fatídica madrugada se encontraba su hijo Aitor. Tras disparar a su padre, 'El Chiqui' encañonó a Aitor, pero este consiguió huir del portal y encontrarse en el exterior del edificio con agentes de la Guardia Civil mientras recargaba su fusil. Por estos hechos, el acusado se enfrentaba a un delito de tentativa de asesinato, si bien los miembros del jurado consideraron «no probado» que fuera sorpresivo pues en ese momento portaba una navaja, lo que le daba posibilidad de defensa.
El asesinato de Dionisio e intento de homicidio de Aitor derivó en el atrincheramiento de 'El Chiqui' con el novio de su hijastra de «rehén», si bien el delito de retención ilegal/secuestro de Iván V. no quedó acreditado por parte del jurado. Sus miembros recalcaron que «no se sostiene la declaración de Iván tras la inspección ocular al no encontrar pruebas ni rastro de secuestro (bridas, cuchillazo, lesiones), teniendo contacto este con el exterior a través de un teléfono móvil en todo momento». «Además, (Iván) entorpece las labores de la Guardia Civil con sus declaraciones al salir del piso, manteniendo que hay otro rehén dentro con explosivos que no existían», justificaron durante el veredicto el jurado popular.
Dado el cariz que tomaba la situación, la Guardia Civil requirió esa madrugada a la Unidad Especial de Intervención (UEI), con el teniente coronel Pedro Alfonso al mando. Desplegó a sus efectivos en el rellano del portal y prácticamente en el inicio de las negociaciones recibió el disparo de 'El Chiqui'.
Homicidio doloso con agravante de atentado a la autoridad para el jurado que no percibe la sorpresa, pero sí la intencionalidad después de que los agentes ubicados en la primera línea relataran en una de las sesiones que el ahora condenado llegó a afirmar «ya os lo avisé, he disparado a la derecha porque es donde oía los ruidos».
De esta forma, el TSJ desestima el recurso de la defensa del condenado, que alegaba «falta de motivación», además de no considerar el atenuante de trastorno por el consumo de sustancias tóxicas. También recurrió la sentencia de la Audiencia, aunque se ha desestimado, el letrado de la acusación formulada por el Equipo de Víctimas de la Guardia Civil, que solicitaba un incremento de las penas, así como un aumento de las indemnizaciones para el resarcimiento de los familiares de las víctimas. Jorge Piedrafita recalca que «desde la asociación se seguirá trabajando para que crímenes como el de Santovenia, que han costado la vida a servidores públicos como el teniente coronel Casado, salgan tan baratos».
Asimismo, aprovecha para reivindicar al Ministerio del Interior la profesión de riegos dentro de la Guardia Civil «como se ha visto en este caso».
Por su parte, el abogado Francisco José Peláez Ortiz, de PenalTech, en representación de la familia del guardia civil asesinado, ha mostrado su «satisfacción» con el fallo del TJS en este caso «que reconoce la magnitud de la pérdida y la necesidad de justicia para las víctimas» y que, «por su complejidad y el dolor causado a las familias afectadas, ha requerido un enfoque minucioso y sensible».
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