Juicio Perla Negra

Trillo reitera que el contrato de la Perla Negra «no era ventajoso para la comunidad»

Una declaración de una hora aproximadamente y que se ha alargado hasta las 15:00 horas para reiterar que «el contrato de la Perla Negra no era ventajoso para la comunidad». Trillo ha insistido que le llegó, por reuniones informales, que el «precio era elevado». «Pensé que se podía arreglar el arrendamiento con la compra. El precio de compra de 72 millones de euros me parecía elevado. Se corrigió el precio y se bajó a 52 millones. Me pareció conforme porque se había ahorrado dinero», ha declarado Trillo en calidad de testigo.

El ahora procurador también ha hecho referencia a la compra de los terrenos del polígono fantasma de Portillo. Hasta el punto de tildarla de «inoportuna». «Luego me enteré de que se había construido la autovía de Pinares y había que obtener beneficio», ha añadido.

Estos avisos de manera «informal» también se los comentó a Tomás Villanueva (consejero de Economía durante la investigación y fallecido durante la instrucción), quien le llegó a preguntar si era posible trasladar los servicios centrales fuera de la ciudad. Aunque con quien mantuvo más contacto, debido a su amistad desde la infancia, fue con el expresidente Juan Vicente Herrera. «Tenemos una confianza absoluta. Le comenté la chanza que había sobre la Perla Negra por parte de los empleados y de las dudas de la compra. Me pidió que le mantuviera informado, además de agradecerme que se lo contara», ha agregado.

Quien también planteó dudas durante el proceso de arrendamiento y compra del edificio de Arroyo fue Armando Baeta, quien fuera director de Presupuestos y vocal en el consejo de administración de Gesturcal. Solicitó aclaraciones del precio de arrendamiento en julio de 2006. «Hubo intercambio de opiniones» en un consejo al que acudieron los ahora acusados Rafael Delgado (con tres votos delegados) y Juan Carlos Sacristán. «Voté en contra. Mantuve mis dudas porque ese precio de 25 euros por metro cuadrado no sabía si era caro o barato. Lo que se exponía como referencia eran los 16 euros por metro cuadrado en Valladolid», ha declarado.

Asimismo, tampoco entendió la compra de los terrenos de Portillo (se enteró un año después al presentarse la memoria anual de 2011). «Se debió comprar en 2010. Por aquel entonces Gesturcal tenía una deuda de unos 360 millones de euros por la urbanización de polígonos que tenía la sociedad. Se hizo para paliar la crisis que venía desde 2008», ha recalcado sobre unas decisiones consideradas «políticas».

El que fuera coordinador de Servicios en la Consejería de Economía, Tomás Machota Martín, quien ha abierto la ronda de testificales este martes, ha asegurado que su actuación con respecto a la Perla Negra, tanto el elaboración del informe sobre el alquiler como su división interna y la señalética encargada a Unifica, fue siguiendo órdenes del principal investigado Rafael Delgado, según refleja Europa Press.

Machota ha apuntado que fue el 3 de diciembre de 2008 cuando Delgado, con quien «despachaba a diario», le encargó elaborar un informe sobre la conveniencia de alquilar un inmueble en Arroyo de la Encomienda para aglutinar todas las sedes de la ADE. El testigo ha recordado que ya había una valoración por el alquiler hecha por Urban Proyecta y él en su informe apostó como mejor fórmula por la compra, tras comparar la tasación de 52 millones y los 100 millones que supondría el arrendamiento.

El autor del informe ha sostenido que siguiendo órdenes de Rafael Delgado mantuvo una reunión en Madrid con Inmoseguros para obtener una segunda tasación sobre el precio de compra de la Perla Negra y con Unifica para la señalética del inmueble y colocación de mamparas, trabajos por los que esta última mercantil, según recogen las acusaciones, recibió más de 4 millones sin procedimiento administrativo alguno.

Del resto de testigos, el exdirector de proyectos de Gesturcal, Andrés Álvarez, ha precisado que acudió a un Consejo de Administración de Gesturcal el 7 de julio de 2006, a petición del consejero delegado y también investigado, Juan Carlos Sacristán, para que informara desde el punto de vista técnico sobre el proyecto del edificio de la Perla Negra'.

El susto de la jornada lo dio el abogado defensor de Alberto Esgueva, quien, en mitad de la declaración de José Rodríguez Sanz Pastor, pidió asistencia médica al superar, sin motivo alguno, las 160 pulsaciones por minuto.

Durante una media hora, la tercera sesión se suspendió hasta que fue sustituido por el letrado de Germán José Martín.