Reunión de la sociedad Valladolid Alta Velocidad, este lunes en la Delegación del Gobierno. Alberto Mingueza

¿Qué supone la liquidación de Valladolid Alta Velocidad? Una deuda sin pasos y sin nueva estación de buses

Si un socio incumple el convenio, el texto establece que Adif o Renfe pueden quedarse sus solares y no aportárselos a la sociedad, que cuenta con ellos para sufragar lo que se debe

Antonio G. Encinas

Valladolid

Martes, 7 de octubre 2025, 06:43

El procedimiento es complejo y algo lento, pero una vez que se ha lanzado el ultimátum en el Consejo de Administración, la posibilidad de una ... disolución de la sociedad Valladolid Alta Velocidad se plantea como una amenaza cierta. La última palabra, eso sí, dado que no habrá acuerdo, la tendrá un juez mercantil. Y el proceso de liquidación será muy complicado porque hay activos, pasivos, deuda y unas obligaciones que se estipulan en los estatutos de la sociedad y en el convenio de integración firmado en 2017, y que el tribunal deberá interpretar.

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En todo caso, para Valladolid y para el Ayuntamiento -como para la Junta-, habrá una serie de consecuencias importantes:

1

No más pasos

Los proyectos de Arco de Ladrillo y de Ariza, ya aprobados, caducarán en unos pocos años si no se ejecutan. Si en un futuro se quisieran retomar, habría que empezar de nuevo todo el proceso. Esto es: licitación de la redacción del proyecto (4-5 meses), redacción del proyecto (12-24 meses), licitación de las obras (4-5 meses) y obras (en torno a otros 12-24 meses, según el paso). Eso si no surgen contratiempos. Un millón de euros en proyectos ha costado llegar a este punto. La ejecución prevista de Arco de Ladrillo (22 millones), los tres pasos de Ariza (21,4 millones) y Unión-Pelícano (6 millones) suma 49,4 millones de presupuesto en pasos sin ejecutar. Sin el respaldo de la sociedad Valladolid Alta Velocidad y sin el concurso de Adif, Ayuntamiento y Junta deberían pagarlos por sí solos si, en el futuro, quisieran retomar el plan. El Ministerio ha ofrecido hacer el de Unión-Pelícano con aportación propia de Adif y un convenio único para ese paso, una vez que se disuelva la sociedad, pero Ayuntamiento y Junta se han opuesto con el argumento de que la sociedad debe continuar con su actividad.

2

Adif tiene lo que quería

Pase lo que pase con la sociedad Valladolid Alta Velocidad, para Adif el objetivo está cumplido. La Variante de Mercancías y la estación de trenes son obras que se encuentran fuera del convenio, discurren en terrenos ferroviarios y dependen únicamente de Adif. El gestor de infraestructuras ferroviarias tiene ya los nuevos talleres y la intermodal, clave para la autopista ferroviaria de mercancías del Corredor Atlántico. La Variante quedará completa en un año, aproximadamente. La nueva estación de trenes, esencial en el eje Atocha-Chamartín-Valladolid para unir norte y sur de España por alta velocidad, ya está en marcha.

3

Sin suelos

Renfe aún no ha cedido a la sociedad Valladolid Alta Velocidad el suelo de los viejos talleres de Farnesio. Adif tampoco ha cedido los de Argales, que liberará cuando concluya la variante, porque aún están en uso. Ni los de Ariza, que se acaba de liberar de las vías. El convenio firmado en 2017 obliga a ambas empresas públicas a ceder los suelos a la sociedad si se cumplen «todas y cada una» de las siguientes condiciones: que se haya modificado el PGOU; que esté garantizado que los ingresos obtenidos por la venta de los solares «se aplicarán en primer lugar al reembolso a Adif, Adif AV y Renfe» de las cantidades que aportaron para cancelar la deuda; que se hayan entregado a Renfe y Adif los terrenos de los nuevos talleres; y que todos los accionistas estén al corriente de pago. Y aquí hay que recordar que el Ayuntamiento aplazó los 11,4 millones de 2024, que figuran en las cuentas de la sociedad como no abonados. Un informe firmado, además, por el propio Ayuntamiento. Así que Adif y Renfe, si se interpreta que se incumple una de las condiciones, pueden optar por conservar los suelos y venderlos por su cuenta a las constructoras, con lo que el principal activo con el que la sociedad Valladolid Alta Velocidad iba a sufragar la deuda desaparece. En una de las cláusulas del convenio se establece: «Adif, Adif AV y Renfe se reservan la facultad de no aportar los terrenos a la sociedad VAV en caso de incumplimiento de las obligaciones de las partes». Renfe podría optar, por ejemplo, por poner a la venta por su cuenta los terrenos de Farnesio, aunque cabe suponer que esa decisión también se encontraría con un litigio por parte de los socios perjudicados, Ayuntamiento y Junta.

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4

Sin nueva estación de buses

El convenio estipulaba la construcción de una nueva estación de autobuses frente a la de trenes, en el lado de Delicias. «El coste mínimo asciende a 28,6 millones, y será financiado a través de la sociedad Valladolid Alta Velocidad», dice el contrato. La Junta se comprometía a aportar un plus si el presupuesto se incrementaba, hasta 4,5 millones más. Si no hay sociedad, no hay presupuesto para la nueva estación. Y la Junta está rehabilitando la vieja estación de buses por cinco millones de euros. Lo que quiere decir, además, que el solar de la actual estación de autobuses tampoco podrá liberarse para construir pisos, tal y como estaba previsto. El Plan General de Ordenación Urbana reservaba en ese espacio la posibilidad de construir 200 viviendas.

5

Una deuda peligrosa

La sociedad debe 410 millones de euros a Renfe, Adif y Adif Alta Velocidad, que se hicieron cargo en su día de la deuda acumulada por Valladolid Alta Velocidad. El convenio estipula que «gozarán de preferencia» las tres empresas públicas a la hora de reembolsar cantidades, «hasta el total e íntegro reembolso de la cantidad abonada a las entidades bancarias por la cancelación de la deuda». Lo que haya en la caja, 100 millones, más otros activos, servirá para sufragar esa deuda. Si Renfe y Adif se quedan con los suelos, no habrá más con lo que hacer frente a ese pago. Así que la deuda restante será a repartir como dicte un juez después de deducir los activos que queden y en función del porcentaje de cada socio. Ayuntamiento y Junta de Castilla y León tienen un 25% de participación cada una.

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