Valladolid

Le piden dos años de cárcel por explotar a 16 jornaleros sin contrato

El acusado fue detenido en enero de 2024 a raíz de una investigación conjunta de la Unidad Central de Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Policía Nacional y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Valladolid, según informo el pasado año la subdelegación del Gobierno.

Los hechos que dieron comienzo a las diligencias investigadas por el juzgado de Instrucción número 2 de Medina del Campo, se remontan al 13 de septiembre del pasado año, cuando se llevó a cabo una inspección en el citado viñedo de la localidad vallisoletana. Allí se identificó a la cuadrilla cuando se encontraba realizando labores de vendimia durante la segunda jornada de las dos para las que habían sido requeridos.

El viñedo era explotado por una familia de la zona, que ante la necesidad de cumplir con los plazos de entrega de la uva decidieron contratar los servicios de un empresario intermediario dedicado a la prestación de servicios agrícolas, quien le proporcionó a la cuadrilla. Siendo él quien recibía el pago siendo él quien recibía el pago del propietario de la explotación, para después distribuirlo entre los jornaleros. Circunstancia que aprovechaba, según informó la subdelegación en el comunicado en el que se dio a conocer la detención, para quedarse con parte de lo que les correspondía a cada uno, aumentan así su beneficio personal en función del número de trabajadores contratados.

Los dieciséis trabajadores identificados, de origen rumano, carecían de contrato laboral y alta en el Sistema de la Seguridad Social y se encontraban en situación administrativa regular en España. No existiendo así ningún impedimento legal para su contratación y tramitación del alta como trabajadores en la Seguridad Social.

Los trabajadores realizaban jornadas maratonianas, trabajando «a destajo» para finalizar cuanto antes y poder ser trasladados a otro campo, según concluyó la investigación. El empresario también era quien a su vez les proporcionaba alojamiento en un municipio de la provincia de Segovia, y era el encargado de entregarles el salario, descontando gastos derivados de la vivienda y transporte al lugar de trabajo.

Un total de 53 personas fueron detenidas el pasado año en diversas operaciones por delitos de explotación laboral. Mientras que el número de victimas liberadas en Castilla y León se ha multiplicado por siete desde la pandemia, de 16 identificadas en 2020 a las 121 el pasado año, según un informe elaborado por el Ministerio del Interior. Un dato al que hay que sumar otras 46 víctimas de la trata con fines laborales rescatadas en 2024.