Dieciséis detenidos por explotar a jornaleros del campo en Valladolid con condiciones laborales abusivas

El grupo criminal operaba con dos sociedades mercantiles de las que eran socios con aparente legalidad, realizaban contratos y cumplían con las obligaciones sociales y tributarias, funciones que compatibilizaban con la oferta de documentación para regularizar situaciones administrativas, reagrupaciones familiares o ser beneficiarios de prestaciones sociales de manera fraudulenta a cambio de pagos que oscilaban entre los 250 y los 8.000 euros.

La investigación comenzó en noviembre de 2019 tras la denuncia de una de las víctimas de estas extorsiones que puso en conocimiento de las autoridades las actividades presuntamente ilícitas de sus compatriotas. Tras una primera fase de la operación, los agentes de la Policía Nacional detuvieron a cinco personas como principales socios de dos sociedades mercantiles aparentemente legales, una de ellas la gestoría desde donde además de las funciones habituales de la misma, se tramitaba todo tipo de contrataciones y documentación de manera ilegal.

La actividad de la organización se centraba principalmente en la realización de contratos con agricultores para trabajos en el campo en las que a una parte se les daba de alta en la Seguridad Social y demás obligaciones tributarias mientras que a otros se les empleaba en situación irregular con documentación de terceras personas y se les imponían condiciones laborales abusivas y precarias.

Dentro de estos 'packs', también se ofrecía la posibilidad de obtener una variedad de servicios como altas y bajas irregulares en la Seguridad Social, contratos ficticios o alquiler de viviendas, con el fin de obtener prestaciones por desempleo y demás regularizaciones.

Alguno de sus clientes, residentes fuera de España, pretendían conseguir el visado para entrar a territorio nacional e incluso varios cobraban compensaciones sin estar dentro del país, percepciones que podrían haber derivado en un fraude aún no concretado a las arcas de la Seguridad Social que ascendería a miles de euros.

En una segunda fase de la 'Operación Alhucema', agentes de la UCRIF, la Brigada Central de Trata de Seres Humanos y la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Comisaría Provincial de Valladolid detuvieron once personas más implicadas en esta red que atraía principalmente ciudadanos de origen marroquí.

Los detenidos han sido acusados de delitos contra la seguridad social, falsedad documental, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y pertenencia a organización criminal. La investigación, que aún no está cerrada, se centra ahora en localizar más personas afectadas por esta organización que podrían haberse trasladado a otros puntos de la geografía española.