Un promotor asegura que los obligaron a ceder tres parques «a coste cero» y culpa a Villanueva

El 'modus operandi' coincide con lo escuchado en otras vistas. Proyectos que se guardaban en un cajón hasta que se cedía a la pretensión de dar entrada a socios locales, bien mediante la venta de participación en las sociedades promotoras o, como pasó con tres parques promovidos por HN Generación Eólica, mediante su cesión «a coste cero» a cambio de autorizar otros proyectos. Así lo ha asegurado el que fuera uno de los accionistas de esta sociedad, José María González Vélez, quien ha relatado ante el tribunal que tuvo que ceder «la mitad de los parques» que tramitaba, situados en los Montes Torozos de Valladolid (Peñaflor II, III y IV), «sin coste», a una sociedad. El motivo fue que «estaban un tanto paralizados». A cambio, les adjudicaron «300 megavatios en la provincia de León», que con posterioridad, ya con él fuera de la empresa tras vender su participación, acabarían en manos de Iberdrola.

«Los cedí por indicación de Villanueva», ha asegurado el testigo, que ha descargado de toda responsabilidad al considerado por la Fiscalía y las acusaciones como máximo responsable de la trama en el procedimiento, Rafael Delgado, con quien simplemente habría intercambiado en alguna ocasión «algún saludo de cortesía». Si bien el fiscal anticorrupción le ha recordado que quien firmaba las autorizaciones era Delgado. «Yo trataba con don Tomás. Me dijo que si yo quería tener parques en Castilla y León tenía que hacer esa concesión, que si no, no podría tener ninguno», ha recordado, por lo que hizo una «cesión simple» de los proyectos, lo que incluía «su propiedad intelectual y algunos trabajos». Tras ello, «en muy pocos meses» les dieron las autorizaciones para los parques de León.

El empresario, que fue también presidente de la patronal de renovables durante 19 años, ha apuntado que estas prácticas eran «notorias» y habituales en el sector, también en otras comunidades autónomas. Detallando cómo la forma de proceder consistía en «constituir sociedades con poco capital» que, tras obtener la autorización de la Junta, pasaban a tener «un valor exponencial». Algo que se producía con la entrada de socios locales que muchos «no tenían ninguna relación con la energía eólica».

En una línea similar se ha pronunciado José María Grau Osés, socio y encargado de la dirección técnica de los proyectos de Ider en León, una de las promotoras que ejerce la acusación particular. El testigo llegó a elevar en su día un acta de manifestaciones ante notario para hacer constar la situación en la que se encontraban sus proyectos (Era del Pico, Cerro Becerril, El Pedrón y La Mallada), que quedaron «aplazados» sin motivo, pese a que en algunos casos llegaron a tener las autorizaciones ya redactadas sin firmar, como así hizo constar en el memorándum.

«Todo estaba presentado, pero la autorización se iba postergando sin motivos claros. Al final nos dijeron que los parques debían estar a nombre de empresas locales», ha señalado Grau, sobre una instrucción «que venía de la Junta», sin concretar de quién, que en su día le trasladó el director general de la compañía. Lo que propició la venta de sus participaciones. Esto le supuso un perjuicio económico, tanto por lo que dejó de percibir en calidad de accionista como por los ingresos iba a generar con la explotación de los parques, pues se llegó a poner sobre la mesa en la empresa que la sociedad a través de la que participaba se encargase de cuestiones como la gestión y el mantenimiento, una vez las instalaciones estuvieran en marcha.

A preguntas de las defensas, que han tratado de establecer que la venta estuvo más relacionada con las diferencias entre socios que con las supuestas presiones de la Junta, Grau ha defendido que en todo momento la intención de Ider era «construir y explotar» esos parques, sobradamente viables, pues tenían negociado con Red Eléctrica a través del EREN «una conexión y una ampliación de la subestación» a la que iban a evacuar estas instalaciones.

«No nos daban opción. Nos dijeron que teníamos que vender, empezaron a haber contactos y relaciones, pero no nos daban a escoger» ha sostenido, en lo relativo al comprador y al precio de venta de los parques. «Venía condicionado, no teníamos ni voz ni voto. Nosotros sabíamos que estábamos condenados a vender si queríamos que los parques salieran adelante. Lo contrario era quedarnos sin autorizaciones después de años de trabajo y muchos ingresos. No teníamos más remedio», ha insistido. Aclarando, a preguntas del magistrado, que las diferencias más relevantes entre entre socios vinieron precisamente condicionadas por esta situación ante las desavenencias sobre la venta y las condiciones de la misma.

Así lo ha ratificado también otro de los socios de la compañía, Fernando José Moreno, quien fuera además uno de los fundadores a través del grupo Enersol. «Quien estaba más cerca de la administración tenía más claro lo que había que hacer, pero a los demás (socios) nos costaba entender que se nos cayera un proyecto que habíamos mimado tanto», ha sostenido.

También ha coincidido en apuntar a la existencia de «retrasos en las autorizaciones incomprensibles» que no dejaron otra alternativa que una venta en la que no tuvieron capacidad para negociar el precio, que ha tildado de «irrisorio». Un mes después de firmar el traspaso de las participaciones de la mayoría de sociedades inversoras a SINAE (que, según el escrito de acusación de Fiscalía, tenía un acuerdo con una sociedad de los acusados hermanos Llorente) se desbloquearon las autorizaciones: «Vendimos en noviembre y en diciembre ya la obtuvieron».