El Procurador del Común censura que el edil de Hacienda firmara la contratación de su cuñada

El PP en el Ayuntamiento de Valladolid ha hecho pública la resolución del Procurador del Común en la que insta al alcalde, Óscar Puente, a que dicte resolución motivada sobre la solicitud de incoación de procedimiento sancionador contra el concejal de Hacienda, Antonio Gato, por infracción del deber de abstención al firmar el acuerdo de contratación de su cuñada en el Consistorio.

En su resolución recibida la pasada semana, el Procurador insta a Puente a que fundamente por escrito la denegación de la denuncia presentada por el PP o en caso contrario, acuerde el inicio de un expediente sancionador al concejal Gato.

El asunto comienza en noviembre de 2015 donde el Ayuntamiento inició la contratación por obra y servicio de tres profesionales para el estudio de las alternativas de la gestión del agua en Valladolid. El día 1 de diciembre de 2015 se publica la fecha de realización de las pruebas, celebrándose el examen al día siguiente, día 2 de diciembre y el siguiente día 3 de diciembre se procede a la lectura de los ejercicios realizados. Sorprendentemente, el día siguiente 4 de diciembre, es decir, sólo tres días después del inicio del proceso se publican los resultados con los nombres de los tres candidatos elegidos y sin que nadie externo pudiera participar.

El 7 de enero de 2016 el Concejal de Hacienda, Antonio Gato, firma el Decreto 424 nombrando a los tres candidatos elegidos, entre los que figura su cuñada.

El día 30 de junio de 2016, el diario digital Último Cero publica la información de que el concejal Gato había firmado el contrato y nombramiento de su cuñada para un puesto público de trabajo en el ayuntamiento, incumpliendo la normativa de incompatibilidad para adoptar dicha resolución. El propio Gato reconoce que tuvo conocimiento de que su cuñada se presentaba para la plaza 1 mes y 6 días antes de esa firma y antes de la celebración del proceso selectivo.

El propio Puente reconoce ante los medios, el día 11 de julio de 2016, que Gato debería haberse abstenido de la firma del nombramiento de su cuñada.

El PP municipal presentó a Puente como superior jerárquico de Gato, varios escritos el 7 y el 14 de julio de 2016 solicitando la apertura de un expediente sancionador al concejal de Hacienda por infracción grave de las normas contenidas en la Ley de Transparencia y Buen Gobierno por incumplimiento del deber de abstención, sin que Puente en su condición de alcalde apreciara infracción ninguna. Dicha denuncia fue reiterada en varias ocasiones con el mismo caso omiso por parte de Puente.

Sin embargo, el 26 de junio de 2017 Puente dicta una resolución aceptando la abstención del Concejal de Hacienda para la firma de la prórroga del contrato por obra y servicio de su cuñada, avoca la competencia y se la delega a la Concejala de Educación, demostrando así claramente que Gato nunca debió firmar en 2015 el contrato y nombramiento de su cuñada.

Tras la puesta en conocimiento de la denuncia a distintos órganos nacionales y autonómicos competentes en materia de transparencia, los Populares presentan queja al Procurador del Común en octubre de 2017 que es la que ahora ha sido resuelta en el sentido indicado.

Los Populares consideran que el 'caso Gato' no sólo supone una infracción grave de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, sino que también es un caso de falta de transparencia al no haber facilitado la consulta del expediente a los concejales del PP cuando lo solicitaron, conforme al derecho que ostentan. Sólo cuando el Procurador del Común aceptó la queja de los Populares se les facilitó la consulta del expediente muchos meses después. Sin embargo, Puente nunca facilitó el acceso a documentación de las pruebas realizadas lo cual, además de generar sospechas, es un nuevo incumplimiento de la Ley de Transparencia.

Los populares consideran que, tras la clara resolución del Procurador del Común, Puente tiene que resolver expresamente la denuncia presentada. Consideran que, con los datos y antecedentes, el alcalde está obligado a iniciar el correspondiente expediente sancionador a su concejal y tras concederle audiencia, debe proceder a su cese si se confirma que firmó la resolución en contra del deber de abstención que fijan las leyes.

El grupo municipal del PP considera que sólo así se cumplirá con la Ley de Transparencia y Buen Gobierno. Lo contrario será una decisión arbitraria y sin fundamento que el PP recurrirá a la vía jurídica que sea pertinente. El PP municipal considera que «Gato se equivocó de manera rotunda y no es más que nadie para que Puente le mantenga en un puesto donde no supo o no quiso cumplir la ley. Si Puente le mantiene, será cómplice y responsable de esa infracción legal», dicen.