Valladolid

Piden 13 años de cárcel para una familia que vendió una parcela contaminada de un vertedero ilegal

La Fiscalía pide la mayor de las penas, tres años y medio y una sanción de 7.200 euros a razón de 15 euros diarios durante 16 meses, por un delito contra el medio ambiente que se destapó a raíz de la denuncia por estafa de dos mujeres, a las que los acusados habían vendido una parcela contaminada para la instalación de un centro de hípica sin informarles previamente de la situación de los terrenos, según consta en el escrito de calificación. Un segundo ilícito por el que suman otros diez meses de cárcel cada uno de los tres acusados y que dio origen a las diligencias del Seprona en noviembre de 2021.

Los hechos se remontan a agosto de 2006, cuando la Dirección General de Medio Ambiente denegó a la empresa la autorización necesaria para desempeñar su actividad, al considerar que no garantizaba el cumplimiento de ley de gestión de residuos tóxicos vigente en aquel momento, que exigía que las operaciones se llevaran a cabo sin poner en riesgo la salud humana y el medio ambiente.

La planta, dedicada al tratamiento de excedentes de aluminio, por aquel entonces tenía sus instalaciones en Renedo de Esgueva. Una finca de 13.640 metros cuadrados, con dos naves y un «parque de chatarra» de 10.000 metros cuadrados en la parte trasera, en el que almacenaban «directamente sobre terreno natural» restos sobrantes que no eran aprovechables, tales como hierros, chapas y maquinaria en desuso.

La resolución llegaba pocos meses después de que J. M. C. S fuera nombrado administrador de la sociedad, que había heredado junto a los otros dos hermanos, que figuraban en la misma en calidad trabajadores. Por lo que el ministerio público considera que la carencia de la autorización era «sobradamente conocida por los acusados». Lo que «no fue obstáculo» para que estos prosiguieran con el almacenamiento en las instalaciones al menos hasta 2018, «enterrando o dejando abandonados en distintos puntos de la parcela parte de los residuos».

Ese mismo año, con el traslado de la planta a La Cistérniga, las instalaciones quedaron en desuso, hasta que tres años después, en octubre 2021, los tres acusados vendieron una parte de la parcela por 25.000 euros, ocultando «deliberadamente» la situación de los terrenos, de la que eran «plenamente conocedores».

La contaminación existente, ignorada por las denunciantes, incide la Fiscalía, imposibilitaba su uso para el negocio que había motivado la compraventa, la instalación de un centro de hípica. Aspecto que corroboraron al poco de comenzar el acondicionamiento del terreno, cuando detectaron «restos de metal dispersos, la presencia de una sustancia de color negruzco», así como un líquido «que desprendía un fuerte olor a amoníaco».

Los hallazgos fueron denunciados en la comandancia de la Guardia Civil de Tudela de Duero, dando pie a una inspección del Seprona en noviembre de ese mismo año. Tras comprobar los aspectos denunciados, los agentes procedieron a una toma de muestras en diversos puntos del terreno, así como en dos bidones metálicos de 200 litros que encontraron enterrados.

El análisis arrojó que la contaminación de los suelos examinados suponía un «riesgo grave e inadmisible» para la salud de los potenciales receptores de las aguas subterráneas, incluidos los trabajadores del centro ecuestre, dadas las «alta concentraciones de metales». Con una incidencia «semejante o mayor» para los caballos que se ejercitaran en el centro, «estando expuestos a la ingesta de partículas de suelo contaminado» dada su naturaleza de rumiantes. Afecciones que hacían necesario acometer trabajos para la recuperación del suelo que hubieran supuesto un desembolso para las denunciantes de casi cuatro millones de euros.