El letrado acusado de estafar a seis clientes dice que todo es «una confabulación» de compañeros del Colegio de Abogados

A. F. M., el letrado vallisoletano acusado de una presunta estafa a seis de su clientes cometida entre los años 2014 y 2015, se sentó este jueves en el banquillo de la Audiencia Provincial de Valladolid, y en su defensa no solo arremetió contra las acusaciones particulares, que solicitan también penas que superan los cinco años de prisión (una de las acusaciones solicita hasta 10), sino que cargó contra miembros de la Junta del Colegio de Abogados, y algunos compañeros, por tratar en una «estrategia de concertación» juzgarle por el cobro de honorarios profesionales, o por suscribir contratos de préstamo «ficticios» con clientes para que pudieran hacer frente al pago de su factura de asesoramiento jurídico.

El abogado está colegiado desde 1999 en Valladolid, y además regentó una agencia inmobiliaria en la Plaza Tenerías.

La Sección Cuarta de la Audiencia inició hoy la primera de las sesiones en la que se tomó declaración al letrado y a varios de los clientes que se querellaron contra él por apropiación indebida, estafa y falsedad en documento privado. Por esta conducta, el fiscal pide además de la cárcel su inhabilitación para ejercer la abogacía durante un lustro.

En su defensa, y con dos denuncias presentadas ante la Guardia Civil horas antes del juicio de hoy, que no fueron admitidas por el tribunal, el abogado ha denunciado a la magistrada de Instrucción número 4 de Valladolid, que llevó a término la investigación en 2014, y a la letrada de una de las acusaciones particulares a la que reprochó que «incitase a los clientes para que denunciasen».

Según A. F. M., al que el Colegio de Abogados abrió tres expedientes informativos, alguno de los cuales consta en la investigación judicial, miembros de la Junta colegial asesoraron a dos clientes para que le denunciasen por mala praxis.

Tras explicar que llevaban dos noches sin dormir antes de este juicio, A. F. M. se definió como «un jabalí que va por el monte perseguido por una rehala de perros y que no quiere confrontación», la que cree ver por parte de compañeros de profesión.

El abogado admitió haber dejado 5.000 euros a sus clientes con el ánimo de «captarles» para su despacho de cara al futuro. Sin embargo, uno de los denunciantes aseguró hoy a los jueces que ese dinero no se lo entregó y que tan sólo firmó el papel.

«Niego haber recibido ese dinero, pero reconozco que lo firme ante su actitud intimidatoria e insistente. Hablaba mucho y deprisa, y nos confudía», apostilló el testigo R. G., que llegó haber sido peluquero del letrado antes de solicitar que él y su mujer se presentasen en el despacho de la Plaza Tenerías para que le asesorase sobre cómo reclamar el importe de la cláusula suelo de una hipoteca. Una cantidad que llegó a unos 4.500 euros.

Esta conducta fue cuestionada por el teniente fiscal, José Carlos Jaramillo. «¿Me quiere decir usted que un señor va un despacho de un abogado y sale con dinero que le presta el letrado para que le pueda pagar? Es decir, que en lugar de pagar esa persona sus honorarios sale con los 5.000 euros, y no es usted un banco», ironizó el representante del Ministerio Público.

En este sentido el acusado aseguró a los tres magistrados que si prestó ese importe era con ánimo de impulsar su negocio inmobiliario.

«Tengo una visión mercantilista y si un cliente era solvente y buen pagador, como era este caso, tenía un montó de viviendas, y veo que va a cobrar dinero tras el procedimiento judicial, lo que busco en una política comercial era que no se agobiase para ver cómo me iba a pagar luego», explicó el letrado, que reconoció que desistió posteriormente de esta forma de trabajar porque «salí escaldado» con otros clientes.

Otra de las acusaciones se basa en otro contrato que firmó sobre honorarios que se devengarían de forma mensual y con un interés del 16% anual en caso de impago.

El Ministerio Fiscal cuestiona esta entrega a los clientes puesto que el Banco de España persigue por blanqueo de capitales por importes superiores a los 3.000 euros.

En la sesión de la tarde, declaró el administrador de la empresa RBH, J. G. O, dedicada a la gestión inmobiliaria y de la era socio el letrado acusado. Esta persona, cuya acusación fue retirada por la Fiscalía y una de las acusaciones particulares, aseguró que la oficina donde se trabajaba no se realizaban préstamos a los clientes, como tampoco se disponía de caja fuerte para guardar el dinero.

La sesión, en la que el propio abogado se defiende a sí mismo, continuará este viernes, con la declaración de un matrimonio y su hija que después de acudir al letrado le comunicaron su decisión a las pocas horas de rescindir el contrato de préstamo suscrito.

El tribunal rechazó hoy la declaración de cerca de una veintena de testigos propuestos por el acusado, al no determinar con tiempo los domicilios para citarles.