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Antonio Samaniego, primo del ex jefe de mantenimiento. Ricardo Otazo
El juez reclama otros 790.146 euros de fianza a las empresas de Samaniego

El juez reclama otros 790.146 euros de fianza a las empresas de Samaniego

El auto de Instrucción 4 incluye a la red de mercantiles como responsables civiles subsidiarias

J. Asua

Valladolid

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Miércoles, 16 de mayo 2018, 07:43

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El Juzgado de Instrucción número 4 de Valladolid ha dictado un auto en el que acuerda completar la apertura de juicio oral contra el exjefe de Mantenimiento del Ayuntamiento de Valladolid, su hijo, su primo y un socio con la acusación a la red de trece empresas con la que operaba esta presunta trama organizada para adjudicarse obras municipales entre los años 2000 y 2014 por valor de 9,5 millones de euros.

El auto, de fecha 7 de mayo y notificado ayer a las partes, considera a las mercantiles como responsables civiles subsidiarias y establece una fianza conjunta de 790.146 euros para que respondan económicamente si así se determina en la sentencia. Esta cantidad se suma a los 785.000 euros que han tenido que depositar los cuatro acusados de forma solidaria, según informaron fuentes del caso.

El Juzgado atiende con este auto al requierimiento de la Audiencia Provincial para que, tal y como solicitaba la Fiscalía, se incluyera a estas sociedades dentro de la causa. Esta corrección hacía presagiar un retraso en la celebración del juicio. Sin embargo, Instrucción 4 ha actuado con rapidez y es probable que la vista se mantenga en las fechas previstas en un primer momento, entre enero y febrero de 2019.

A la espera de fecha

Ahora la causa vuelve a la Audiencia para que esta fije la fecha para el juicio. La acusación pública pide para el principal inculpado, Luis Alberto Samaniego, un total de once años de cárcel y su inhabilitación para empleo o cargo público por espacio de 18 años. Para su hijo, Luis Javier; su primo, Antonio Bernardo Samaniego, y el contable del grupo de empresas, Miguel Ángel Rodríguez Patín, solicita ocho años para cada uno y su inhabilitación por espacio de cinco años para optar a subvenciones o ayudas públicas.

Los informes municipales estiman que el Ayuntamiento de Valladolid pagó 2,4 millones de euros en sobrecostes por estos trabajos, además de constatar que algunas obras que se contrataron no llegaron a ejecutarse.

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