Valladolid

El hijo y la exnuera de la víctima del crimen de la Circular, a juicio por estafa

Este juicio tenía que haberse celebrado en mayo pero la huelga de los funcionarios obligó a dos suspensiones, la última, en julio pasado. Ahora la vista está señalada para este próximo martes 7 de noviembre y en ella el fiscal tratará de demostrar que las sociedades gestionadas y administradas por estos empresarios tratantes de ganado, a fecha de la apertura de las diligencias del caso en 2019, habían acumulado una deuda con el fisco superior a los dos millones de euros y cometieron un delito de frustración de la ejecución. Este delito consiste en que el deudor crea una situación de insolvencia o la agrava, ocultando o deshaciéndose de sus bienes con el ánimo de perjudicar a sus acreedores, en este caso, la Hacienda Pública.

Por el delito de frustración de la ejecución del artículo 257.1 en relación con el de estafa del 250.5 del Código Penal, la Fiscalía pide para cada uno de los acusados penas de cinco año de prisión y multa de 9.900 euros. Jesús Ángel A. A., de 51 años, y Cristina A. G., de 46, ambos con antecedentes penales no computables a efectos de reincidencia, se sentarán en el banquillo con otras dos personas (como cooperador necesario y cómplice, respectivamente). Se trata de José P. C., de 73 años, pareja de la madre de Cristina, y José Luis B. G., de 46, para quienes el ministerio público solicita penas, respectivamente, de cuatro y dos años de prisión y multas de 4.500 euros. Todos los acusados tendrán que hacer frente a las responsabilidades personales subsidiarias en caso de impago si son condenados.

El empresario adeudaba a la Hacienda Pública más de 2,1 millones de euros, la mayor parte de esta cantidad, consecuencia de un expediente de derivación de responsabilidad de las deudas de la sociedad limitada Ganados y Servicios Acuña. No era la primera derivación que se realizaba, explica el escrito de la acusación, porque en cuanto se notificaban los acuerdos de inicio de los expedientes, las sociedades cesaban en su actividad y se constituia una nueva que, a pesar de estar configurada y administrada por personas distintas, se dedicaba al mismo negocio y era gestionada por Jesús Ángel con la participación necesaria y complicidad de los otros tres acusados.

Indica el escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía que, como las sociedades no tenían más bienes que el dinero en cuentas corrientes y los créditos sobre sus clientes, «la única forma» para conseguir el pago de estas deudas era «el embargo cautelar de dichas cuentas y clientes cuando se iniciaba el expediente de derivación de responsabilidad». El fiscal sostiene que los acusados crearon sociedades para evitar esos embargos. Para dejar fuera del alcance de Hacienda el dinero que conseguían en sus operaciones comerciales, ingresaban las cuantías mediante transferencias o pagarés en las dos sociedades no afectadas por las derivaciones de responsabilidad. También reintegraban en metálico dichos importes y, en ocasiones, cobraban en efectivo a los clientes.

La Agencia Tributaria también había derivado a la entonces pareja de Jesús Ángel las deudas de otra de las empresas en las que ella figuraba como administradora, la sociedad limitada France Carni Import-Export, de manera, entiende el fiscal, que los dos estaban trabajando con otras sociedades constituidas para evitar esos embargos «circunstancia que era conocida por los otros dos acusados que se prestaron a participar en la creación y actividad de esas nuevas sociedades».

Estas son Terneros Percajo, con dos cuentas abiertas a su nombre y Agricultura y Ganadería Castellano Manchega que, aunque tiene el domicilio social en Toledo, es titular de tres cuentas corrientes abiertas en sucursales de Valladolid. En dos de estas cuentas, la acusada Cristina figura como autorizada, aunque solo es una de ellas la que presenta «movimientos importantes», según refleja el escrito de Fiscalía.

La forma en que el dinero obtenido por las operaciones comerciales que se llevaban a cabo se dejaba fuera del alcance del principal acreedor -la Hacienda Pública- era el ingreso mediante transferencias o pagarés en esas dos sociedades «en principio no afectadas por las derivaciones de responsabilidad«, el reintegro en metálico de esos importes y, en ocasiones, el cobro en efectivo a los clientes». De dichas cuentas, dos de los acusados realizaron en nueve días otros tantos reintegros de importantes cantidades de dinero en metálico que arrojaron una suma de 362.418 euros. Parte de ese dinero, 93.700 euros, se le intervino al hijo de María Aguña, que desde el 5 de febrero de 2020, por orden judicial, está encomendada su administración a la Oficina de Recuperación de Activos.

Para la acusación pública, estos hechos constituyen un delito de frustración de la ejecución del artículo 257.1 en relación con el artículo 250.5 del Código Penal de los que son autores el hijo de la mujer asesinada en la Circular y la exnuera de ella y los otros dos acusados, cooperador necesario y cómplice, respectivamente.