Los ministros Óscar Puente, Isabel Rodríguez y Ana Redondo recorren las instalaciones del antiguo acuartelamiento. José C. Castillo
Valladolid

El Gobierno promoverá 200 pisos en el cuartel de La Rubia y el Ayuntamiento recuerda que cabrían 720

La ministra anuncia el inicio del proceso para crear una zona de vivienda asequible y Zarandona tilda de «suflé pinchado» el proyecto

J. Asua

Valladolid

Viernes, 19 de septiembre 2025, 14:43

Vaya por delante que el proceso va para largo -«no me comprometo a dar fechas», acotó la responsable del Ejecutivo de Sánchez-, pero, al menos, ... ya está en marcha. El Gobierno central, a través de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha anunciado este viernes en una visita al antiguo acuartelamiento de La Rubia, delimitado por el Paseo de Zorrilla, la Carretera de Rueda y la calle Sayago, la próxima promoción de 200 viviendas públicas «a precios asequibles» en parte de las casi once hectáreas de las viejas dependencias castrenses, en desuso desde 2015, cuando el Aalog-61 se trasladó a la base de El Empecinado, en Santovenia.

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Acompañada de Óscar Puente y de Ana Redondo, y sin haber invitado a ningún responsable del equipo de Gobierno del Ayuntamiento, Rodríguez ha confirmado que en breve se firmará el acuerdo para comprar a Defensa estos terrenos por un importe de ocho millones de euros para, a continuación, iniciar una operación que pasa por la demolición de las construcciones militares para dejar expedita esta gran pieza de suelo y redactar después un plan especial para la zona, además de modificar su «caracterización», ya que todavía mantiene un uso militar.

Según los datos que ha aportado tras recorrer parte de esta vasta extensión, ahora plagada de maleza y con unos edificios en avanzado estado de deterioro, en el ámbito, según el planeamiento urbanístico vigente, hay capacidad para construir 300 pisos. «En estos suelos no solo somos propietarios nosotros, sino que un tercio pertenecen a particulares y, por tanto, no podemos decidir qué se hace sobre él, pero tienen capacidad para otras cien viviendas», matizó la ministra.

Cuando habla de precios asequibles, el Ejecutivo concreta que no superarán el 30% del ingreso de las familias, tanto en régimen de alquiler como de vivienda protegida, que, en este caso, mantendría de por vida esa calificación para evitar la especulación, según recalcó.

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José C. Castillo

La forma de promoción será directa. «La empresa pública que hemos creado garantiza que toda la iniciativa es pública, toda la promoción se hará a través de ella, por supuesto en procesos de licitación y de concurrencia conforme a la normativa en nuestro país, pero asegurando que finalmente los vecinos y las vecinas van a tener una vivienda a precio asequible, esté catalogada como de protección oficial o no», abundó.

Subastas fallidas

Esta gran operación fue protagonista antes de los comicios locales de 2023. El entonces candidato a revalidar la Alcaldía y hoy ministro de Transportes, Óscar Puente, la acogió en su programa electoral como una «gran oportunidad» para la ciudad. Gracias al acuerdo con el Ministerio de Defensa, anunciaba Puente junto al cuartel, se levantaría vivienda pública, al tiempo que se anunciaba una modificación puntual del planeamiento para incrementar la capacidad hasta los 650 pisos.

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Defensa intentó en su momento hacer caja con estos suelos en el mercado libre, pero no le salió bien. En enero de 2023, el ministerio se vio obligado a rebajar el precio a 7,4 millones de euros después de que la primera subasta de las antiguas dependencias castrenses quedara desierta. En un principio, pedía 8,3 millones por esas parcelas en las que caben, en principio, 340 pisos, además de suelo para equipamientos, comercio y oficinas. Tras los intentos fallidos, llegó el plan gubernamental que ahora comienza a andar.

Cabe destacar que estas casi once hectáreas están integradas completamente en el trama sur de la ciudad. Ahora, este espacio es una gran calva cerrada por tapias desde hace una década, un tapón urbano que, de momento, frena la expansión del barrio de La Rubia desde el punto de vista residencial y también de la movilidad al obligar a muchos residentes a dar un rodeo importante para llegar hasta el Paseo de Zorrilla.

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Isabel Rodríguez ha aclarado que habrá «una colaboración leal» con la Administración municipal para desarrollar el proyecto, además de recalcar que su ministerio quiere contar con la participación de los residentes del entorno en el diseño del nuevo barrio.

El presidente de la asociación de vecinos, José Luis Alonso, ha dado la bienvenida al anuncio. «Para nosotros es muy positivo, porque es un primer paso y por fin se va a desbloquear el futuro del barrio, es una oportunidad de crecimiento tanto de viviendas como de zonas dotaciones para los residentes», subrayaba. Esta entidad ha pedido desde hace ya años la apertura de una nueva calle que atraviese el acuartelamiento para facilitar la movilidad.

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La reacción del Ayuntamiento, al que no se invitó a la presentación, no se hizo esperar. El concejal de Urbanismo, Ignacio Zarandona, convocaba, tras el acto, una rueda de prensa urgente en que la afeó que no se hubiera llamado a ningún miembro del equipo de Gobierno del Consistorio. «Dicen que se ponen al servicio del Ayuntamiento, más vale que nos hubieran convocado, le hubiéramos estrechado la mano, porque la educación y el respeto van por delante», lamentó.

En opinión de Zarandona, lo que han anunciado «es nada, un conjunto vacío». A su juicio, «se ha pinchado el suflé», ya que de las 600 viviendas anunciadas allá por 2023 se pasan a 200 cuando en esa pieza habría capacidad «para 720» sin masificar la zona, «sin exprimirla», según concretó. «La cifra me ha decepcionado», remachó. «Que Defensa iba a traspasar ese suelo al Sepes ya se sabía; pero qué vamos a iniciar, no sabemos qué quieren hacer; estamos dispuestos a colaborar lógicamente porque es una buena noticia para Valladolid, pero de momento no hay nada», incidió Zarandona. El concejal de Urbanismo instó al Gobierno a que «se ponga las pilas, porque los trámites hay que llevarlos a cabo y desde luego esta realidad la están retrasando mucho en el tiempo».

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Desde el Ayuntamiento se quiso poner en valor el trabajo de la Junta y el Ayuntamiento en la materia. «Estamos poniendo 600 viviendas para jóvenes en la ciudad de Valladolid, luego, para hechos históricos, los que hacemos nosotros, calladamente, en silencio y trabajando», afirmó. Desde el punto de vista urbanístico hay que acometer ahora una modificación extraordinaria del plan general que se puede prolongar durante año y medio, según avanzó el responsable municipal del área.

La última gran operación inmobiliaria que cerró con ingresos el Ministerio de Defensa en la cuidad se registró en 2003 cuando logró vender los cuarteles de Arco de Ladrillo por más de 91 millones de euros en una subasta. Tras una prolongada tramitación urbanística, las máquinas entraron en estos terrenos a principios de 2022 para iniciar la urbanización de calles en las doce hectáreas de suelo, que acogerán, cuando estén al completo, 839 pisos. La transformación en esta zona que cose Delicias con el Paseo de Arco de Ladrillo ya es patente. Su trama de calles, parques y parcelas está completada y la construcción de los bloques residenciales avanza a un ritmo imparable.

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La ministra Isabel Rodríguez aprovechó la visita a Valladolid para realizar un balance de las actuaciones del Ministerio de Vivienda en la ciudad en los últimos años, con una inversión de más de 78,8 millones de euros procedentes de los fondos europeos de recuperación y que, dijo, están permitiendo la construcción de 393 viviendas en alquiler asequible y la rehabilitación de otras casi tres mil, además de intervenciones en en edificios públicos, como los centros de salud 1 y 2, el Teatro López de Vega o la Residencia de Mayores Parquesol.

Además, reclamó a la Junta la aportación de 25,5 millones de euros anuales para cofinanciar políticas públicas en la materia. «No estamos pidiendo la luna, sino un esfuerzo razonable para el principal problema de la ciudadanía», aseguró. Apuntó que el Plan Estatal de Vivienda del Gobierno necesita «el concierto y la colaboración de las comunidades autónomas» dentro de una inversión del Ejecutivo nacional que, en el caso de Castilla y León, implicaría pasar de «poco más de 100 millones a casi 380».

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