Frente común vecinal en Laguna contra al arrendador de sus viviendas

«Los extintores del garaje no funcionan, tenemos una cinta de plástico para evitar caídas de la segunda a la primera planta del garaje porque hace tres años un coche la derribó y nadie se ha hecho cargo de la reparación, cualquier cosa que se nos estropea y que forma parte de la vivienda, como la caldera, la tenemos que reparar nosotros, no limpian el aljibe del agua desde hace varios años, algunas partes del techo del garaje están en tal mal estado que cada día se desprende parte del mismo, muchos azulejos de cada vivienda se desprenden y la empresa dice que no se hace cargo de esa reparación…». Y así un largo etcétera.

Este tipo de reclamaciones, que seguramente no difieren tanto de las que muchos inquilinos tienen con sus propietarios, no sería noticia si no fuera porque en este caso se trata de un bloque completo de viviendas de Laguna de Duero, que alberga cuatro portales y 84 pisos, y porque algunos de sus inquilinos llevan ocupando una vivienda desde que se construyó el inmueble, hace 17 años.

«A lo largo de este tiempo la propiedad de las viviendas ha cambiado numerosas veces », apuntan los vecinos, que muestran su indignación con la actual propiedad por el estado de abandono al que tiene sometido el inmueble.

Pero lo que todavía les resulta más indignante es que en los contratos de alquiler queda claramente desglosado el precio del alquiler y la cuota de la comunidad, «que se supone que es la que debería destinarse a los gastos de mantenimiento». Pues bien, «no invierten ni un solo euro en el mantenimiento del edificio y cuando les reclamas algún arreglo propio de la estructura de la casa, nos dicen que ellos no se hacen cargo de eso y que nos hagamos un seguro de vivienda».

Pero los problemas con la empresa promotora no vienen solo por la parte del mantenimiento. Los inquilinos reciben cartas certificadas en las que se les citan en una fecha para la renovación del contrato de arrendamiento. La sorpresa viene cuando en el mismo figura una subida del precio y una fecha de caducidad, generalmente de tres años, en la que se explicita que en esa fecha deben abandonar la vivienda y entregar las llaves. «No sabemos si después de esa fecha tendrán previsto vender las viviendas».

Los vecinos se quejan porque se sienten entre la espada y la pared porque por una parte no tienen muy claro si deben firmarlo o no, «pero el problema viene que te citan siempre el último día de vigencia del contrato en curso y si no firmas ese día, por cada día que te retrases en la firma tienes que indemnizar a la propiedad con 150 euros».

Se trata de viviendas que están calificadas como viviendas de protección pública en alquiler a diez años y como consecuencia de ello recibieron una subvención por estar acogidas a un plan estatal en que había subvenciones a los promotores de viviendas en alquiler, en concreto se calificaron al amparo del Real Decreto 1/2002, de 11 de enero, que regulaba el plan estatal 2002-2005.

Todo ello lo que conlleva es que las viviendas debían estar en alquiler durante diez años desde la fecha de calificación definitiva, que fue el 12 de diciembre de 2006, los arrendatarios debían cumplir los requisitos de acceso a una vivienda de protección pública y por eso se visaron los contratos de arrendamientos y, por último, el precio está limitado.

De momento la totalidad de los vecinos afectados han contratado los servicios de un abogado para que defienda sus derechos y no descarta iniciar otro tipo de acciones si la empresas arrendadora continúa ignorándoles como hasta ahora.