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El exalcalde Javier León de la Riva, durante su declaración ante la fiscal encargada del caso. Ramón Gómez
La fiscal alega que León de la Riva endeudó al Ayuntamiento de Valladolid para evitar su desgaste político

La fiscal alega que León de la Riva endeudó al Ayuntamiento de Valladolid para evitar su desgaste político

El recurso contra su absolución califica de «inconcebible» que desconociera las consecuencias del aval del soterramiento

J. SANZ

VALLADOLID

Viernes, 21 de septiembre 2018, 21:22

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La fiscal encargada de la causa que llevó al exalcalde Francisco Javier León de la Riva y a dos de sus concejales (Alfredo Blanco y Manuel Sánchez) a sentarse en el banquillo a comienzos de julio alega en el recurso presentado contra la absolución de los tres, por parte de la Audiencia Provincial, que «la sentencia no razona los motivos que llevaron a los magistrados a otorgar un peso probatorio total a las manifestaciones exculpatorias de los acusados frente a las pruebas de cargo». Estas últimas, a su entender, apuntalan una posible condena a cargo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) por los delitos de prevaricación y falsedad documental por la firma de los tres avales del soterramiento que implicaban el pago de cien millones de euros a las arcas municipales en los años 2008, 2010 y 2011.

Las pruebas, a juicio de la fiscal, demuestran que el regidor «obró desde el principio con plena conciencia y voluntad» a la hora de rubricar de su puño y letra las tres cartas de conformidad, que suponían un endeudamiento para el Ayuntamiento de cien millones de euros para afrontar el soterramiento, «con la intención tanto de eludir unos informes técnicos municipales que probablemente hubieran sido contrarios a la asunción de un mayor endeudamiento como de evitarse el desgaste político que pudiera provocarle el debate público que se habría de producir» sobre el elevado coste de los avales bancarios firmados.

Por 'arte de magia'

El recurso de apelación contra la sentencia, que fue presentado el martes por la acusación pública y que consta de 31 folios, reprocha a los magistrados en innumerables ocasiones que eludieran en su fallo «por completo, total y absolutamente», el hecho de que el entonces alcalde «participara personalmente en cada uno de los consejos de administración de la sociedad Valladolid Alta Velocidad que precedieron a la firma de las tres cartas de conformidad» y se limitaran a considerar que «las cartas aparecieron en el Ayuntamiento como por 'arte de magia', sorprendiendo al acusado, que a partir de entonces optó por una huida hacia delante que le hizo observar un comportamiento inexcusablemente negligente», pero que a tenor de la sentencia absolutoria no fue merecedor de un reproche penal en forma de condena, como ahora vuelve a pedir la fiscal al TSJ.

La representante del Ministerio Público tiene claro, y así lo hace constar hasta la saciedad en su recurso, que el «señor León de la Riva tuvo un conocimiento exacto, precisamente por su participación personal y directa en los consejos de administración, de la operación financiera que firmaba, de su magnitud y de las condiciones resultantes en lo que afectaba al Ayuntamiento». Así que la fiscal va más allá al incidir en que «es inconcebible que el acusado desconociera la naturaleza de las 'comfort letter' (cartas de conformidad al aval bancario) y las graves consecuencias de que fueran firmadas». Y aún así, «sabiendo todo ello -prosigue el escrito-, las firmó libre y voluntariamente después de haberlas leído».

Todo ello, siempre según el criterio de la acusación pública, «a sabiendas de que estaba firmando un documento en representación del Ayuntamiento, que no era relativo a la constitución o actividad de la sociedad Valladolid Alta Velocidad -ese sí sería su cometido como alcalde-, sino a la asunción por parte de la Corporación municipal de garantías que comprometían su patrimonio».

La fiscal considera que «el acusado no era una persona ignorante que creyó que podía firmar esas cartas en su condición de alcalde» y concreta que «conocía hasta el último detalle de cada operación financiera y que la firma de las cartas de conformidad era una condición necesaria para la formalización de cada operación crediticia». Así que, siempre según la acusación pública, «obró a título individual prefiriendo conscientemente eludir cualquier control técnico de los órganos municipales y cualquier clase de conocimiento no ya de técnicos sino de políticos -salvo de los otros dos acusados-».

Oscurantismo

El recurso, en definitiva, recoge que «el acusado conoció todos los hechos que debía conocer y obró con pleno conocimiento» a la hora de firmar las cartas de conformidad «con conciencia y voluntad, omitiendo toda tramitación administrativa deliberadamente». Este aparente «oscurantismo impidió el oportuno debate político» y supuso, en palabras de la fiscal, «la subversión de las más elementales reglas de funcionamiento democrático de un ente local y la sumisión completa de este a los designios de una sola persona».

Los perjuicios económicos que pudieron suponer las tres cartas de conformidad para las arcas municipales no fueron tales, concluye la fiscal, gracias a «la diligencia (posterior) del Ayuntamiento y de Fomento al asumir este último el pago de la deuda».

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