La casi moción que pudo cambiar la historia de Castilla y León

Para saber lo que pasó hay que viajar en el tiempo hasta aquel 10 de junio de 1987, fecha de las elecciones autonómicas. Los socialistas, que habían inaugurado con Demetrio Madrid el gobierno autonómico en 1983, presentaban como candidato a Juan José Laborda. Frente a él, Alianza Popular –hoy PP– oponía a un desconocido José María Aznar López, un joven madrileño que era diputado por Ávila merced al padrinazgo de Feliciano Blázquez.

El tercero en discordia sería, a la postre, el árbitro de la situación. Y es que el Centro Democrático y Social (CDS), heredero de la UCD del expresidente Adolfo Suárez, vivía su momento de gloria después del éxito conseguido en las elecciones generales de 1986. Su cabeza de lista en Castilla y León, comunidad que constituía uno de sus más firmes baluartes, era el economista Carlos Sánchez Reyes, salmantino de nacimiento pero abulense de adopción.

Los 2.000.003 de castellanos y leoneses que aquel 10 de junio de 1987 fueron llamados a las urnas para elegir a 84 procuradores y 13.610 concejales castigaron a las formaciones mayoritarias: mientras AP pasaba de 39 a 32 escaños, el PSOE pagaba la crisis provocada por las luchas internas que desde 1984 sostenían partidarios y detractores del expresidente Demetrio Madrid, pasando de 42 procuradores a 32. El gran beneficiado fue el CDS, cuyos 2 escaños de 1983 se habían transformado en 18.

Esa misma madrugada Aznar anunciaba a los periodistas su disposición a gobernar con el apoyo de un CDS que, sin embargo, prefería la abstención para no derechizarse en exceso. Obsesionados con evitar un acuerdo entre centristas y socialistas, los 'populares', liderados a nivel nacional por Manuel Fraga, echaron el resto para zanjar el acuerdo al máximo nivel. Fue Carlos Argos, jefe de gabinete de Fraga, el encargado de cerrar la alianza en la notaría del soriano Félix Pastor, donde llegaron a parlamentar los tres principales colaboradores de Suárez: José Luis Caso, Eduardo Navarro y José Luis Graullera. La Presidencia del gobierno quedaba en manos de AP y la de las Cortes, para el CDS. La prensa lo adelantó a finales de junio, después de una reunión entre el candidato popular y el secretario regional del CDS, Luis Aznar.

Los cálculos eran claros: los dos procuradores de Solución Independiente y PDP votarían a favor de Aznar, mientras los centristas se abstendrían. Y así ocurrió el 21 de julio de 1987. Días antes, el centrista Sánchez-Reyes se había hecho con la presidencia de las Cortes regionales.

Pero los encontronazos entre AP y CDS no tardaron en llegar. Los centristas no solo sumaron sus votos a los del PSOE para echar por tierra los presupuestos presentados por el consejero de Economía, Miguel Pérez Villar, sino que en abril de 1989 forzaron la dimisión del portavoz de la Junta, Miguel Ángel Rodríguez, por insinuar cobros irregulares de dietas por parte del democristiano Rafael de las Heras, recién pasado a las filas del CDS.

Luego vendrían las críticas centristas al funcionamiento de la estructura de la Junta, los reproches por los modales poco amables con sus socios, su disconformidad con el proyecto de ley de comarcalización de El Bierzo, su desacuerdo con las subvenciones de la Consejería de Economía y Hacienda a las empresas mineras leonesas y las enmiendas a la totalidad a determinados anteproyectos de ley en fase de borrador.

Fue entonces cuando miembros de la ejecutiva regional del CDS, reunidos en Zamora, se plantearon promover una moción de censura que desalojara a Aznar de la Presidencia de la Junta. Así se lo comunicó el mismo Daniel de Fernando, presidente regional del partido, a Jesús Quijano, portavoz socialista en las Cortes regionales. Todo parecía conducir a un inminente cambio de gobierno en Castilla y León, liderado por el PSOE con el apoyo del CDS, cuando desde Madrid se desbarató la operación.

En efecto, a principios de mayo de 1989, el acuerdo entre Adolfo Suárez y Manuel Fraga para desbancar al socialista Juan Barranco de la Alcaldía de Madrid y colocar en su lugar al centrista Agustín Rodríguez Sahagún, tendría su contrapartida en esta comunidad: los de Suárez afianzarían a Aznar en la Presidencia de la Junta merced a un pacto de gobierno que incluiría a dos centristas, José Luis Sagredo como vicepresidente segundo y consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, y José María Monforte como consejero de Fomento.

Pese a la oposición de poderosos núcleos centristas de Zamora, León, Burgos y Soria, el pacto de gobierno entre centristas y populares, el primero en España, se materializó en la sede nacional de este último partido el 16 de mayo de 1989.

«En una semana pasamos de pensar en una posible moción de censura con vosotros a entrar en un gobierno de coalición con Alianza Popular», le reconocía, pocos días después, Daniel de Fernando a Jesús Quijano.