Funcionarios perseguidos y asesinados en Valladolid

La indagación en la documentación existente en los Archivos Municipal e Histórico Provincial desvela que la represión franquista contra los empleados del Ayuntamiento de Valladolid se cobró 21 vidas, 55 condenas de cárcel y más de 140 sanciones que iban desde la destitución hasta la suspensión de empleo y sueldo. La causa, haber defendido la legalidad republicana frente a la sublevación militar iniciada el 18 de julio de 1936, concretándose dicha actitud de defensa, según los sublevados, en la pertenencia a la Asociación de Empleados y Obreros Municipales, afecta a la Casa del Pueblo, a organizaciones políticas y sindicales del Frente Popular o haber participado en la huelga revolucionaria de octubre de 1934.

La mayor parte de los 21 funcionarios asesinados, 16 en total, detallan Izquierdo y Rodríguez, lo fueron de manera extrajudicial, esto es, sin mediar juicio alguno; otros dos murieron en la cárcel y tres fueron fusilados por sentencias de procesos judiciales. Esta triste nómina la componen los guardias municipales Isaías Bravo de Frutos, Marcial Mínguez Repiso y Francisco Santamaría González; los escoberos Teódulo de Castro Fernández, Francisco Duque Domínguez, Valentín Hernández Burón y Lázaro Díez Puente; los miembros del cuerpo de bomberos Aquilino Otazo Tordable (jefe del mismo), Dimas Sansierra Izcara e Isidoro Valseca Rodríguez.

Los trabajadores del matadero Eladio Pérez Heras (jefe) y Nicéforo Velasco (inspector veterinario); Pablo Díez Bermejo y Alberto García Martín, que eran, respectivamente, portero y guarda-peón del cementerio; el alarife Miguel Castellano Hernández; el mecánico electricista Manuel Cortés Fernández; Juan Carbajosa Cubero, que trabajaba como oficial de Secretaría General; el carpintero Félix Martín Gutiérrez; el ordenanza Darío Cortijo Arrontes; el jardinero Mariano Pérez Medina; y Arsenio Santos Sáez, administrador del Mercado del Val.

Los sublevados también procedieron a ejercer un control total de la Administración para erradicar todo atisbo de republicanismo o filiación izquierdista, privar de sus puestos de trabajo a los desafectos al golpe de Estado, coaccionar al resto de trabajadores y promocionar a los adictos. Por eso, entre septiembre de 1936 y principios de 1937, la Junta de Defensa Nacional publicó los decretos pertinentes para proceder, como señalaba el artículo 3 del Decreto 188, a la eliminación de todos aquellos empleados públicos con «actuaciones antipatrióticas o contrarias al Movimiento Nacional». El Ayuntamiento de Valladolid, a cuyo frente se colocó al comandante de Intendencia Florentino Criado Sáenz, no tardó en ejecutarlo con rigor. El 30 de septiembre de 1936 se requirió a los jefes de los servicios municipales para que informaran sobre las actitudes «antipatrióticas» de los empleados. Una vez realizado este trámite, se dio paso los expedientes de depuración de funcionarios municipales, instruidos por los concejales.

Entre los 952 trabajadores que en el año 1936 prestaban sus servicios en el Ayuntamiento, Ruiz y Rodríguez han hallado 238 expedientes de depuración, lo que supone un 25% de la plantilla. La mayor parte, en torno a un 57%, resultó separado de su puesto de trabajo, y más de un 21,4% fue suspendido de empleo y sueldo en periodos que iban de 5 días a 21 meses. Otros sufrieron inhabilitaciones, amonestaciones y traslados. Los servicios más castigados fueron Consumos, Vías y Obras y Guardias Municipales. Las causas de las sanciones respondían, de forma mayoritaria, a la pertenencia a partidos y sindicatos de izquierda, la simpatía mostrada por el Frente Popular o por algunas de las formaciones integrantes de dicha coalición, la participación en las huelgas generales revolucionarias de 1917 y 1934, mostrar actitudes anticlericales o agnósticas, y la difusión de ideas socialistas o meramente republicanas.

A modo de ejemplo, el expediente instruido por el concejal Asenjo sobre la actividad «antipatriótica» de ocho empleados de la Sección de Edificaciones los tachaba de «antipatrióticos», «inútiles», «bebedores» y «elementos activos» del Frente Popular (habían militado en la Asociación de Obreros Municipales de la Casa del Pueblo). Asimismo, la baja definitiva del portero-macero del Ayuntamiento, Salvador García Macías, se justificaba por su filiación socialista y por haberse alegrado cuando asesinaron a Calvo Sotelo, mientras que al ordenanza Mariano García de Vega Oliva, «socialista significado», se le destituía por haberle visto, el 4 de mayo de 1934, en un coche en compañía de un concejal «marxista», acompañando a un herido y con una pistola en la mano.

El homenaje del Ayuntamiento a estos funcionarios represaliados consistirá en la colocación, el próximo 1 de mayo, de una escultura de Manuel Sierra realizada sobre una raíz de nogal que ha cedido Francisco Treceño, de Artmadera, y que incluirá los nombres de los asesinados. Se acompañará de una placa con un código QR en el que se podrá consultar la información aportada por María Jesús Izquierdo y José Mariano Rodríguez.