Destituidos dos concejales de Aldeamayor de San Martín por ir contra PGOU que habilita 'Ciudad Salud'

El alcalde del municipio vallisoletano de Aldeamayor de San Martín, Fernando de la Cal (PSOE), ha destituido a dos concejales por manifestarse contrarios a una modificación del PGOU de la localidad, que habilitaría el denominado proyecto «Ciudad del Bienestar y la Salud» que promueve Metrovacesa.

En un comunicado, el Grupo Municipal Toma la Palabra ha recordado este viernes que los concejales destituidos -Antonio Lambás (Toma la Palabra) y Joaquín Hernández (Somos Aldeamayor)- convocaron una rueda de prensa el pasado miércoles para informar de su intención de votar en contra de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio, antes del Pleno que se celebró ayer jueves.

Finalmente la modificación no fue sometida a votación en el Pleno municipal, pero Lambás -concejal de Urbanismo- y Hernández han sido destituidos por el regidor socialista.

En el mismo comunicado, Lambás ha declarado que se siente «muy satisfecho y tranquilo» con su actuación porque considera que ha «obrado en consecuencia», ya que había informes negativos en contra del proyecto y resultaba «una auténtica barbaridad anteponer los intereses de la empresa a los del propio municipio».

Lambás, que había anunciado que dimitiría de ser aprobada la modificación del PGOU, iba a reunirse esta misma tarde con la dirección de su partido para valorar su futuro como concejal del Ayuntamiento de Aldeamayor, ha explicado el Grupo de Toma la Palabra en la Diputación de Valladolid.

El portavoz del Grupo Provincial de esta formación, Salvador Arpa, ha afirmado que «con este cese, el Partido Socialista demuestra que apoya un tipo de urbanismo que no piensa en las necesidades de las personas sino en las de las grandes empresas del ladrillo, y nunca contará con el apoyo de Toma la Palabra para trabajar en un urbanismo basado en la especulación».

Contra este proyecto también se ha manifestado en varias ocasiones la organización Ecologistas en Acción, que ha recordado que inicialmente constaba de 5.000 viviendas sobre 300 hectáreas de alto valor ecológico, lo que motivó su paralización por sentencia del Tribunal Supremo en 2016.

Posteriormente, según la organización ecologista, Metrovacesa modificó el proyecto y redujo el número de viviendas hasta las 3.000 y se propuso construir un complejo vinculado con la salud y el bienestar de hasta 26.000 plazas asistenciales.