Valladolid

Denuncian el incumplimiento de una sentencia que obligó a la Subdelegación a devolver una multa de 700 euros

La Subdelegación confirmó la infracción, tras declinar las alegaciones hechas por Ocampo, que aseguró que no fue identificado y que el agente no expresó tales órdenes. Por lo que elevó la reclamación al orden jurisdiccional, fallando finalmente el tribunal a su favor, pero seis meses después la multa no ha sido aún reembolsada.

Ante esta situación, el demandante ha cargado mediante un comunicado contra la Subdelegación del Gobierno, a la que ha acusado de entorpecer la ejecución de la resolución judicial. «Quiero denunciar públicamente su actitud, que supone, además de un maltrato a la ciudadanía, una falta de respeto a las resoluciones judiciales, incumpliendo o entorpeciendo la ejecución de estas cuando no son de su agrado», ha asegurado, tras hacer público que el pasado seis de noviembre solicitó al juzgado la ejecución forzosa de la sentencia.

Según consta en este escrito, el fallo, contra el que no cabía recurso, adquirió firmeza en julio y en ese mismo mes la Subdelegación acordó la devolución del importe tras remitir Ocampo, un mes antes, un escrito con los datos económicos necesarios para la devolución del dinero. «Casi cinco meses después, tal devolución no ha sido efectuada, a pesar de las reiteradas demandas realizadas a ese organismo que representa al Gobierno central en la provincia de Valladolid», reitera el demandante, que ha calificado la situación de «choteo», después de que, «hace dos o tres meses», en respuesta a una «nota amistosa» reclamando la devolución del dinero, le contestaran que «estaban en ello».

«Los juzgados le han dado la razón y vamos a cumplir, como no puede ser de otra manera, con la resolución judicial y a proceder a la devolución del dinero», ha aclarado el subdelegado del Gobierno, Jacinto Canales, que ha achacado el retraso en la devolución de la multa a «algún error administrativo» relativo a «un documento que no se había cumplimentado». Estas mismas explicaciones ya han sido trasladadas al juzgado, que el día siete de noviembre emitía un auto requiriendo a la Subdelegación que informara sobre el cumplimiento de la citada sentencia.

«Estamos en vías de cumplir la resolución y lamento que haya pasado todo este tiempo. Los trámites no siempre van tan rápido como nos gustaría», ha afirmado Canales, que ha precisado que la petición de la devolución está realizada y está en manos de la Intervención General de la Administración del Estado, que tiene que autorizarla», ha detallado Canales, que ha querido pedir disculpas públicas al afectado, reconociendo que «ya tendrían que haber devuelto» ese dinero. Un reintegro que «no va a tardar mucho más en producirse».

Remontándose a los hechos que iniciaron este pleito con la Subdelegación, hace ya tres años y medio, Ocampo ha apuntado a que durante el transcurso de aquella movilización «por orden» de esta administración, las autoridades tuvieron «una actitud especialmente beligerante» hacia las personas que allí se manifestaban, llegando a ocupar con dos furgones policiales «un espacio previsto para la concentración». Señaló también que, a diferencia de otras ocasiones, tuvo que abonar la multa antes de que se resolviera el recurso contencioso-administrativo.

Sobre estas cuestiones el subdelegado ha negado tajantemente que los antidisturbios actuaran siguiendo directrices políticas. «No comparto en absoluto que la Subdelegación diera órdenes. Conozco el talante del anterior subdelegado y para nada va con su forma de ser, más bien todo lo contrario. Ni controlamos a los policías ni acostumbramos a darles órdenes sobre la actitud que tienen que tener con los manifestantes», ha defendido. En cuanto al pago anticipado de la sanción, ha aseverado que esta siempre se abona una vez se agota la vía administrativa, con independencia de que el afectado posteriormente decida elevar la queja a instancias judiciales si cree que se han vulnerado sus derechos, como ha sido este caso. «Para recurrir hay que haber sufragado la sanción administrativa, no hay ninguna excepción», concluía.