La 'ordenanza antisocial', la primera 'mordaza' en Valladolid
La plataforma ciudadana por las libertades, que nació en 2011 para oponerse a la regulación municipal, fue de las primeras en movilizarse contra la ley estatal
El anuncio y la posterior aprobación parlamentaria de la denominada por sus detractores como ley mordaza movilizó en aquellos años a una gran parte de ... la sociedad. Las multitudinarias concentraciones de diciembre de 2014 sacaron a las calles a miles de personas en distintas ciudades de España, siendo Valladolid uno de los primeros sitios en los que los activistas mostraron su oposición a la norma. Ya en octubre de aquel año la conocida como plataforma ciudadana por las libertades inició una campaña informativa con una concentración en la plaza de Fuente Dorada a la que acudieron representantes de colectivos sociales y sindicales. La segunda pata consistió en impartir charlas en los barrios para dar a conocer lo que hasta ese momento era solo un anteproyecto.
El movimiento en Valladolid contra lo que se convertiría en ley orgánica en marzo de 2015 partía con ventaja. La plataforma que lo impulsaba había surgido en 2011 como «continuación del foro por la libertad de expresión» para batallar contra una ordenanza municipal «autoritaria» impulsada por el equipo de Gobierno local en tiempos de León de la Riva. Así lo recuerda Jorge Lebrero, activista de La Molinera, uno de los muchos colectivos que se sumaron a aquella iniciativa.
La Ordenanza Municipal sobre Protección de la Convivencia y Prevención de Conductas Antisociales, rebautizada como 'ordenanza antisocial', incluía «elementos represivos» como multas a las pegadas de carteles y trabas a las mesas informativas, para las que había que solicitar una serie de permisos, lo que provocó «importantes multas en Valladolid».
Su derogación fue «promesa electoral del PSOE y Valladolid Toma la Palabra», recuerda Lebrero, que equipara lo que sucedió en aquel momento en el plano político local con lo que hoy sucede con la ley mordaza. «Lo que hicieron cuando llegaron al Ayuntamiento fue cambiar el nombre de esta ordenanza y derogar algunas cuestiones. Pero algunos de los elementos que eran nocivos para los movimientos sociales se mantuvieron», detalla. Rememora, por ejemplo, cómo ya en 2018 se sancionó a una chica que estaba pegando carteles durante una huelga feminista. Una lucha se solapó con otra y la plataforma estuvo «muy activa» hasta el año 2018.
«La ley mordaza se aprobó hace 10 años, pero en estos siete años que lleva gobernando el PSOE (primero con Podemos y después con Sumar) no solo no la han derogado, sino que el 70% de las sanciones se han impuesto desde 2018», critica, con los datos a nivel estatal en mano: «El año pasado ha habido un repunte muy importante de multas». En el plano de las movilizaciones por resistencia a la autoridad, «hay miles de multas cada año relacionadas con esta cuestión», subraya, originadas por situaciones en las que muchas veces solo son «debates», asegura.
Pendientes de La Vuelta
«La plataforma hace tiempo que no se reúne, aunque sí que existe un grupo de WhatsApp en el que hay comunicación», explica sobre el hilo de vida que aún le queda a un movimiento que se diluyó poco a poco en las calles tras dos victorias judiciales. En 2013 el TSJCyL declaraba nula la prohibición de la mendicidad, también incluida en esta ordenanza. Seis años después estimaba parcialmente un recurso sobre la ilegalidad de «la cara amable» de la ordenanza socialista de 2018, declarando nulo el artículo que sustituía las multas por trabajos a la comunidad.
Pese a la falta de «actividad formal» , el grupo sigue vigente y vigilante. «Estamos atentos a lo que sucede, sobre todo si hay algún elemento que tenga una mayor incidencia nos comunicamos para salir a la calle», apunta. Un ejemplo reciente de este calado es, para Lebrero, las propuestas de sanción -por la ley anti violencia en el deporte- durante las protestas de la Vuelta ciclista, del pasado mes de septiembre. Una treintena de personas fueron identificadas por protestas no comunicadas, según informó el subdelegado. Aparte de eso, él mismo está citado a declarar en el juzgado de instrucción el próximo 11 de diciembre, investigado por presuntos desórdenes públicos tras introducirse en el recorrido de la contrarreloj. «Es el último caso signifivativo de un número importante personas en Valladolid que se van a ver represaliadas», rechaza.
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